Análisis

La confesión de puño y letra del asesino de Pinochet

El National Security Archive (NSA) publica las cartas manuscritas de Michael Townley, el organizador y ejecutor de asesinatos de la dictadura pinochetista en el exterior, como los del general Carlos Prats y el diplomático Orlando Letelier tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973

El general Augusto Pinochet y el presidente Salvador Allende, en el Palacio de la Moneda en una imagen de archivo sin datar.

El general Augusto Pinochet y el presidente Salvador Allende, en el Palacio de la Moneda en una imagen de archivo sin datar. / Reuters

Ernesto Ekaizer

“En primer lugar, si ha habido suficiente motivo para abrir este sobre, acuso al Gobierno de Chile de mi muerte" escribió Michael Townley (Waterloo, Iowa, Estados Unidos, 1942) el 13 de marzo de 1978 en Santiago de Chile, antes de señalar los nombres de los cinco altos oficiales del ejército que en nombre del entonces director de la Gestapo chilena, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras, cumplirían la misión de ejecutarle. Como él, a su vez, había cumplido, junto con quienes ahora serían sus posibles verdugos, cuando era el asesino internacional de la dictadura del general Augusto Pinochet entre 1974 y 1978. Townley, de 81 años, logró sobrevivir y tras pasar cinco años en una cárcel norteamericana por el asesinato de Orlando Letelier, exministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Salvador Allende, en Washington DC, en 1976, vive bajo el paraguas del programa Federal de Protección de Testigos de Estados Unidos. 

El National Security Archive (NSA), una entidad no gubernamental en el marco de la George Washington University, publicó el pasado 21 de noviembre, seis cartas manuscritas (mecanografiadas por el Departamento de Justicia norteamericano)de Townley en las que describe las actividades que protagonizó junto con dos grupos operativos de la Gestapo chilena con base en la casa que le facilitó el régimen en el barrio de alta sociedad de Lo Curro, donde él y su esposa, Mariana Callejas, escritora y agente de la DINA, celebraban reuniones con intelectuales y políticos de la derecha, regadas con pisco sour, whisky y caviar, mientras en el sótano se torturaba y se investigaba en un laboratorio montado por el experto en explosivos que era Townley la futura utilización de gas sarín, una sustancia neurotóxica, inodora e invisible descubierta en Alemania en 1938, que la DINA estudiaba para aplicar en la represión de los opositores a Pinochet.  

En la primera de las cartas (ver reproducción), Townley relata cómo los miembros de la llamada Brigada Mulchén de la DINA secuestraron al responsable de publicaciones de la Cepal (Comisión Económica para América Latina-Naciones Unidas), el economista Carmelo Soria ( 1921-1976), nieto del urbanista español Arturo Soria (1844-1920), diseñador de la llamada ciudad línea en Madrid que había sido militante del Partido Comunista de España antes de marchar a Santiago. 

“A falta de otro lugar, trajeron a este señor a mi casa y lo mataron en el antejardín de mi casa usando métodos físicos la noche que lo raptaron y después lo llevaron en un vehículo [al que] desabarrancaron en el camino de Pirán a Concholi. El rapto fue hecho usando uniformes de carabineros de Chile”, escribe. Omite las terribles torturas a las que Soria fue sometido. 

Hubo que esperar muchos años hasta que finalmente el crimen de Carmelo Soria fue juzgado en Santiago en 2019 y condenados sus seis asesinos, gracias a la infatigable lucha de Laura González-Vera, hija del premio Nacional de Literatura José Santos González-Vera, y de su hija Carmen Soria. Townley fue a su vez condenado a tres años de prisión en el Distrito de Columbia, en Nueva York y a una indemnización que nunca pagó. La Corte Suprema de Chile confirmó -47 años después de los hechos- la sentencia de 2019 el pasado mes de septiembre de 2023. 

En las otras cartas, Townley narra el asesinato del diplomático chileno Orlando Letelier en Washington, donde participó al punto de colocar la bomba debajo del coche, que explotaría en la avenida de las Embajadas, en la capital norteamericana, el 21 de septiembre de 1976. 

Hay un agujero entre los grandes crímenes. Es del excomandante en jefe del ejército chileno, Carlos Prats González, en Buenos Aires en 1974. Townley, quedó acreditado en el juicio que se siguió contra él en Argentina, plantó la bomba debajo del automóvil de Prats y al fallar su esposa, Mariana Callejas, en la activación del control remoto, fue él quien se encargó de asegurar el estallido en un segundo intento

Lo que se puede colegir en las cartas es que esta operación la narró Townley en otra carta que entregó a su padre, Vernon Townley, el hombre que llegó con su familia a Chile en 1957 para dirigir la multinacional Ford Motor Company. Nunca se ha logrado conocer el contenido de la misma. 

“Es cierto. No conocemos esa carta”, señala a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, el responsable del proyecto de desclasificación de documentos del NSA, Peter Kornbluh, quien subraya “que es la primera vez que se conocen las cartas manuscritas completas de Townley”. 

Estas cartas se solicitaron al Gobierno de Biden, pero mira por dónde, Kornbluh encargó a la periodista chilena Pascale Bonnefoy la tarea de dar con ellas en Chile. Permanecían en el archivo del presidente chileno que asumió tras las primeras elecciones chilenas de la democracia, Patricio Alwyn. “De ninguna manera pertenecían a lo que podríamos llamar el archivo privado”, explica Kornbluh. 

Por su parte, el embajador de Chile en Washington, Juan Gabriel Valdés, enfatiza lo que está pendiente. “Janet Reno, abogada general de la Administración Clinton, autorizó una investigación sobre el papel de Pinochet en el asesinato de Orlando Letelier. He cursado la petición de mi gobierno a la Administración Biden para el 50 aniversario del golpe militar, pero no los conseguí. Esa investigación tuvo lugar en la primavera del 2000, tras la detención de Pinochet en Londres y en paralelo a su liberación. La recomendación, al parecer, fue procesar a Pinochet en Estados Unidos, pero no se concretó. A través del juez chileno Alfredo Etchebere y un abogado chileno, un equipo del FBI interrogó a 42 personas, entre ellas generales del ejército. Este material sigue sin ser conocido”