El Comité Permanente del Partido Comunista de China ha aprobado este domingo una ley de alcance histórico sobre los derechos de la mujer, que ve redefinido su estatus dentro de la sociedad y se convierte en receptora de una serie de derechos adicionales contra el abuso y la discriminación.
La llamada Ley de Protección a los Derechos e Intereses de la Mujer reitera que "las mujeres disfrutarán de los mismos derechos que los hombres en todos los aspectos de la vida política, económica, cultural, social y familiar" y ordena a los gobiernos locales el cumplimiento absoluto de todos sus preceptos, según publica el Comité Permanente, el principal órgano ejecutivo del PCCh en su página web.
El Comité Permanente deja en manos del Estado chino la adopción de "todas las medidas necesarias" para "promover la igualdad, eliminar todas las formas de discriminación y prohibir la exclusión del ejercicio legítimo de los diversos derechos e intereses de la mujer", en la primera revisión de la ley original en más de 30 años.
El artículo 21 del capítulo III, que prohíbe terminantemente "el maltrato, el abandono, la mutilación, la venta y otros actos que vulneren los derechos e intereses de la vida y la salud de la mujer" aborda específicamente la polémica desatada este verano después de que un grupo de hombres propinara una paliza a varias mujeres en un restaurante de la ciudad china de Tangshan, en la provincia de Hebei (norte del país).
Nueve hombres acabaron detenidos por el asalto de Tangshan, que dejó a dos de las chicas con heridas graves, en un crimen que se suma al ocurrido en octubre de 2021, cuando la influente tibetana Lhamo fue asesinada en directo por su ex marido, o el caso de una madre de ocho hijos que fue encontrada encadenada en una choza de ladrillos en la provincia de Jiangsu en enero.
Las imágenes de la paliza, captadas en vídeo, desataron una fuerte protesta en las redes sociales de un país donde, según una encuesta de 2021, el 30 por ciento de las mujeres casadas ha experimentado violencia doméstica. De hecho, el Tribunal Supremo Popular de China, la más alta instancia judicial del país, exigió en julio el endurecimiento de las penas contra los condenados por violencia machista, así como contra niños o ancianos.
