Liliana recuerda con todo detalle los cinco días y cinco noches angustiosos en la selva del Darién. Esta venezolana de 26 años, que después de cuatro años intentando sobrevivir con su esposo en Perú tomó la decisión de intentar llegar a Estados Unidos a solicitar asilo, rememora las lágrimas de sus tres hijas de siete, cinco y dos años cuando la noche caía sobre la jungla, llegaba la lluvia y empapaba todo. Rostro indígena, melena negra recogida en una coleta, Liliana se acuerda de los zancudos y de las huellas de las serpientes y los jaguares, de lo rápido que se agotaron los 10 litros de agua que se repartían para portar entre ella y su marido, de las sopas instantáneas que llegó a jurar que no tomaría más...
Liliana habla de los otros abuelos y niños que realizaron con ellos ese cruce entre Colombia y Panamá, la etapa más dura, pero no la única difícil, de un viaje que pasaría también por Costa Rica y Nicaragua, por Honduras y por Guatemala, el país donde la policía "te mete psicoterror, amenazándote con devolverte". Los sobornos que tuvieron que pagar allí les vaciaron los bolsillos y al llegar a México tuvieron que separarse del grupo y quedarse un mes, viviendo de la caridad de los extraños o las iglesias, buscando trabajos para reunir algo de dinero y seguir su viaje al norte.
Finalmente, en junio alcanzaron Piedras Negras y en el llamado kilómetro 59 intentaron cruzar el río Bravo, río Grande para los estadounidenses, que ahí junto a Eagle Pass (Texas) se ha convertido en uno de los puntos más transitados y también más letales en esta ruta, donde cientos han perecido ahogados. Tras otra noche de angustia, inmovilizados por la fuerte corriente en una represa, su marido fue y volvió cinco veces, la primera para comprobar que era seguro, las siguientes para llevar una a una a las niñas y por último a Liliana. "No te voy a dejar aquí", le prometió.
Ya en EEUU, una familia de "mexicanos que son ya gringos" les acogió, les dio caldo caliente y les instó a esperar a que, como sucede dos veces al día allí, pasara una patrulla de inmigración. Cuando los agentes hicieron la ronda a las nueve de la noche Liliana y su familia se les acercaron. Y tras realizar en unas horas los primeros trámites en uno de los centros de procesamiento de migrantes subieron a un bus rumbo a Washington y luego, desde allí, a otro que les llevó a Nueva York.
Una emergencia
Los cinco son parte de los más de 20.000 demandantes de asilo que desde abril han llegado a la urbe, una de las llamadas ciudades santuario de EEUU que es, además, la única del país que está obligada por ley, desde 1979, a dar albergue a cualquiera que lo solicite.
Buena parte de esos seres humanos han sido enviados por los gobernadores republicanos de Texas, Arizona y Florida que, en un claro movimiento político para tratar de dejar en evidencia las políticas migratorias demócratas y del presidente, Joe Biden, han fletado buses y aviones con miles de demandantes de asilo sin aviso ni coordinación a ciudades gobernadas por los demócratas. Pero otros también han llegado enviados por autoridades demócratas, como las de la ciudad de El Paso, superada por un flujo de migrantes que sigue batiendo récords: las cifras que manejan las autoridades del año fiscal que acabó el 30 de septiembre hablan de dos millones y medio de intercepciones o detenciones tras cruces de la frontera de México. Al menos 150.000 eran venezolanos como Liliana.
La llegada de esos migrantes a Nueva York ha creado lo que el alcalde, Eric Adams, ha definido como "una crisis humanitaria", una que según sus cálculos va a obligar a la ciudad a gastar 1.000 millones de dólares. Y el primer edil declaró hace dos semanas una emergencia, pidiendo tanto a Biden como a la gobernadora estatal, Kathy Hochul, que ayuden.
Crisis sobre crisis
El sistema de refugios neoyorquino ya estaba sobrepasado por una explosiva combinación en la que se mezclan la falta de vivienda asequible, los alquileres cada vez más desorbitados, los desahucios que han vuelto a dispararse tras la pandemia y la necesidad de acoger a mujeres y familias que huyen de la violencia de género o a presos excarcelados. A principios de octubre ya eran 62.000 personas las que estaban en esa red, una cifra sin precedentes. Casi 14.000 de ellos eran los nuevos migrantes.
Hay refugios solo para hombres, solo para mujeres y para familias. Se han ido sumando desde verano otros espacios hasta alcanzar los 48 en los cinco barrios de Nueva York, incluyendo hoteles como el Skyline, en el oeste de Manhattan, donde ahora residen Liliana y su familia, que sin una cocina ha vuelto a comer a menudo aquellas sopas instantáneas que odió en el Darién.
Pero Liliana no se queja. Tampoco lo hace otra nueva neoyorquina, Ruby, una colombiana que llegó con su esposo y su hija de siete años desde Arizona a la vez que la venezolana y que ahora vive en el Skyline. Las dos pueden llevar a sus niñas en edad escolar a colegios públicos de Nueva York, que han sumado a casi 6.000 nuevos alumnos con el programa Open Arms y también se están viendo sobrepasados, especialmente en barrios donde las clases ya estaban saturadas o donde no hay suficiente personal que hable español.
"El mayor desafío es la falta de profesores bilingües, pero también de trabajadores sociales o de comedores... No había suficientes antes de que esto pasara, ahora menos", explica en una entrevista telefónica Lupe Hernández, que forma parte de un consejo escolar de Manhattan y lamenta también que "nadie quiere asumir la responsabilidad por la financiación que hace falta para apoyar a estos estudiantes; el dinero no llega", dice. "Ojalá en la ciudad más rica del mundo hubiera fondos para cubrir las necesidades ahora. No deberíamos esperar a que llegue ayuda del presidente".
El músculo de las ONG
En los colegios se han organizado equipos de respuesta, que recolectan donaciones de todo tipo, de ropa y alimentos a productos de higiene, y prestan ayuda a los recién llegados. Es algo que también están haciendo numerosas organizaciones sin ánimo de lucro o iglesias, que han logrado suplir la falta de músculo de las autoridades municipales y asisten a los nuevos neoyorquinos, desde dándoles una bienvenida humana hasta ayudándoles a navegar la enrevesada burocracia, ofreciendo asesoría legal e incluso costeándoles los viajes si tienen familiares en otros estados con los que quieren reunirse.
"Llegan desinformados. Han pasado ya una experiencia traumática y merecen ser tratados con dignidad, pero con ellos se está jugando mucha política", lamentaba este jueves en la estación de Port Authority tras recibir a uno de los autobuses de Texas Power Malu, fundador del grupo Artistas, atletas, activistas.
Un largo camino
Porque llegar a Nueva York es solo el principio. Los esposos de Liliana y Ruby, por ejemplo, salen cada día a intentar buscar empleo, pero para conseguir un permiso legal de trabajo hay que esperar al menos seis meses. Quedará también por delante un largo proceso para tramitar la petición de asilo. A Liliana, que recientemente acudió a un punto de la Cruz Roja habilitado para darles asesoría legal, le dijeron que su primera cita judicial será en 2024. Después, su proceso puede alargarse tres o cuatro años y puede llegar a costar 10.000 o 15.000 dólares. "¿De dónde vas a sacar el dinero?", pregunta.
No hay respuesta, pero Liliana se sabe afortunada. Ella llegó meses antes de que Biden anunciara hace 10 días que acababa con el estatus especial que se había dado a los venezolanos, a los que ahora se vuelve a aplicar el polémico título 42, que apelando a la emergencia sanitaria les deporta a México como a otros migrantes. Alcanzó una meta a la que otros nunca llegarán, aunque muchos seguirán intentándolo. "Lo hacemos para que nuestros hijos estén bien, por ellos lo hacemos", recuerda Ruby.
