28.000 canarios pagarán un extra para sostener las pensiones

Una contribución adicional. Esto es lo que el Estado pide a algo más de 28.000 canarios con rentas altas para poder financiar el sistema de pensiones. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó recientemente la denominada ‘cuota de solidaridad’, un recargo que a partir del próximo año se aplicará a los salarios que excedan la base máxima de cotización. De esta manera, en 2025, los isleños que ganen más de 56.600 euros brutos anuales estarán obligados a sufragar este impuesto con el que la Seguridad Social busca hacer frente a la cada vez más abultada nómina de las pensiones, no por la vía de la reducción del gasto, sino aumentando los ingresos en las arcas de la administración.  

Una ‘cuota de solidaridad’ para pagar las pensiones que en Canarias tendrán que abonar menos del 5% de los contribuyentes. De acuerdo a los datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2021 –los últimos disponibles– 28.101 canarios declaran al fisco rentas superiores a los 60.000 euros al año. Con lo que la cantidad de isleños que tendrán que pagar este nuevo impuesto podrá ser algo superior, ya que también dependerá de dónde se establezca la base máxima de cotización para el próximo ejercicio.

Pero, ¿cuánto será esa cotización extra? Pues dependerá de la renta de cada contribuyente. Aunque en un principio el Ejecutivo central pretendía que la ‘cuota de solidaridad’ fuera de un 6% para todos aquellos que sobrepasasen la base máxima de cotización, finalmente durante la negociación con sus socios de coalición se fraguó que se aplicara de manera progresiva. Un primer grupo comprende a los sueldos que rebasen hasta un 10% la base máxima de cotización, es decir, hasta un máximo de 62.260 euros al año. Para ellos, la ‘cuota de solidaridad’ que se establecerá el próximo año será del 0,92% y llegará al 5,5% en 2045, cuando el Gobierno pretende finalizar el despliegue de esta medida. Un segundo grupo comprende a quienes perciban hasta 84.900 euros, o lo que es lo mismo, excedan hasta en un 50% la base máxima de cotización. Su solidaridad con el sistema de pensiones arrancará en un 1% en 2025 y llegará a suponer el 6% de su salario dentro de dos décadas. En el tercer tramo, todos aquellos que sobrepasen los 84.900 euros anuales, la aplicación de la nueva cotización se iniciará en el 1,17% para acabar siendo el 7% del sueldo en 2045.

Tal y como ocurre en la cotización por contingencias comunes, la distribución del pago de la cuota de solidaridad se repartirá entre el empresario y el trabajador y mantendrá la misma proporción que esta. Es decir, la parte que abonada el empleador será cinco veces la del trabajador, de tal manera que cuando la cuota se establezca en el 6%, un 5% correrá a cargo de la empresa y el 6% se le aplicará al empleado. 

Solo que a diferencia de otro tipo de cotizaciones, como la de contingencias comunes, que generan derechos para el trabajador que las paga, esta cuota extra no tendrá ningún beneficio para quienes tienen que abonarla. Algo que convierte esta «cotización» en un impuesto sobre el salario de los trabajadores con rentas más altas. Al estilo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que entró en vigor de 2023, y que se aplica a todas las nóminas con el mismo fin: tratar de arañar más ingresos para la hucha de las pensiones. El objetivo es apuntalar un sistema sobre el que muchos ya han dado la voz de alarma por su inoperatividad de cara al futuro, cuando el número de trabajadores se reduzca y se engorde el de los pensionistas, que a su vez, cada vez cobrarán prestaciones más altas. Sin embargo, obviando una parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, el Gobierno de Sánchez ha centrado su actuación principalmente en la búsqueda de nuevos ingresos para financiar el sistema y no en una contracción de un gasto cada vez más abultado.