Más ventajas fiscales para la industria canaria del cine

El Ministerio de Hacienda da luz verde a las producciones canarias para captar fondos fuera de las Islas

La deducción en el Archipiélago está incrementada al 54%

Preparativos para el rodaje de una película en el entorno de Vegueta, en la capital grancanaria. | | ANDRÉS CRUZ

Preparativos para el rodaje de una película en el entorno de Vegueta, en la capital grancanaria. | | ANDRÉS CRUZ / R. Acosta

Buenas noticias para las productoras canarias. Los inversores de origen peninsular podrán beneficiarse de los mismos incentivos fiscales que los canarios en las producciones cinematográficas y espectáculos que se realicen en las Islas, lo que supone un impulso para el sector audiovisual del Archipiélago al contar con la posibilidad de ampliar el abanico de financiadores para nuevos proyectos. La industria audiovisual en Canarias tiene una deducción fiscal superior a la del resto del territorio nacional, de tal forma que si la bonificación general en el impuesto de sociedades e IRPF es del 20%, en las Islas es del 54%.

El Clúster Audiovisual de Canarias había realizado recientemente una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda para aclarar si cualquier inversor, empresa o financiador con sede en el territorio común –toda la Península excepto País Vasco y Navarra, que tienen un régimen diferente– puede sufragar producciones en Canarias y beneficiarse de sus deducciones específicas, ya que había cierta inseguridad jurídica ante la interpretación que podrían hacer los inspectores de Hacienda en la presentación de las declaraciones fiscales. Para la entidad la contestación de Tributos es suficientemente explícita para dar seguridad jurídica a los inversores que, de esta forma, pueden destinar fondos a las producciones canarias y beneficiarse del tipo incrementado en los contratos de financiación, modalidad diferente a la tradicional Agrupación de Interés Económico (AIE).

«Este nuevo escenario va a ayudar y animar considerablemente a la producción nacional en Canarias, con la creación y desarrollo de propiedades intelectuales propias que crean cultura e industria desde nuestro Archipiélago, y actuar como efecto tractor para la implantación de nuevas productoras nacionales en las Islas», aplauden desde el sector.

El abogado y experto en la fiscalidad de la industria audiovisual, Jaime Sanz, valora que la interpretación que hacía el sector sobre la Ley del Impuesto de Sociedades «es la correcta» a la hora de trasladar a los inversores nacionales las mismas ventajas fiscales que tienen los canarios. Sin embargo, Sanz cree «sonrojante» que Tributos se haya limitado en su respuesta a copiar lo mismo que dice el artículo 39.7 de la ley –que regula el contrato de financiación– sin entrar en más detalles. «La consulta es técnicamente mejorable, lo que se pedía es una aclaración que disipase las dudas sobre la interpretación de la ley no que nos dijeran lo que ya dice el texto, eso ya nos lo sabemos», cuestiona Sanz, que no descarta una «repregunta» de nuevo a Tributos para evitar futuros problemas, aunque entiende que las productoras estén satisfechas tal y como ha respondido Hacienda.

Por su parte la también abogada y secretaria del Clúster Audiovisual de Canarias, Carmen Aguado, considera que la consulta vinculante de Tributos –ya publicada por el Ministerio de Hacienda– es firme y garantiza la financiación en Canarias para este sector estratégico en alza tanto en volumen de negocio como en empleo. «Teníamos el problema de que no se contaba con financiación suficiente para poner en marcha una producción canaria porque los costes de un inversor nacional no se veían compensados por los beneficios fiscales que tenemos en Canarias, ahora ese cuello de botella se despeja y tendrá un efecto llamada para lograr financiación en los rodajes que se están preparando», añade Aguado. En 2022 el sector audiovisual en Canarias facturó 224 millones de euros y duplicó los rodajes, que alcanzaron las 164 producciones.

Permisos sin regulación

Más allá de la financiación y de los incentivos fiscales, el sector audiovisual canario se enfrenta al laberinto administrativo que supone conseguir los permisos para rodar en exteriores, sobre todo en la costa y en espacios naturales protegidos.

En otras comunidades autónomas hay convenios entre las administraciones públicas para unificar criterios y que las productoras sepan a qué atenerse, pero en Canarias la disparidad en los procedimientos es la tónica dominante y los problemas se acumulan para conceder permisos. «Aquí no se sabe qué hay que hacer», cuestiona el abogado Jaime Sanz, dado que los criterios de la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos difieren a la hora de otorgar permisos. «El sector está dispuesto a cumplir con los requisitos que se pongan aunque sean duros pero el problema es que no existen, no hay regulación», añade.