Gobierno, cabildos y ayuntamientos ‘olvidan’ dar trabajo a los más vulnerables

Gobierno, cabildos y ayuntamientos incumplen con la Ley de Contratos del Sector Público en lo que se refiere a fórmulas de contratación pública reservada a empresas sociales para promover la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad.

Así lo aseguró la presidenta de la Red Anagos, Alicia Silva, durante la inauguración de las III Jornadas de Contratación Pública Responsable, en las que quedó de manifiesto que solo 9 ayuntamientos -5 de ellos de La Palma- y 3 cabildos -Tenerife, Fuerteventura y La Palma- han reservado contratos con alguna empresa social, y el Gobierno de Canarias está aún lejos de cumplir con el 2% de reserva fijado en sus presupuestos anuales.

El avance del I Informe de Situación de la Contratación Pública Responsable en Canarias, elaborado por el Observatorio de Contratación Pública de Canarias, arroja «una radiografía desoladora»: de los potenciales 60 millones de euros que el Gobierno y las administraciones locales reservaron a contratos sociales en los últimos 5 años, solo se han licitado 3,9 millones, es decir, 781.688 cada año.

La Palma es la más solidaria

De los 3,9 millones que se licitaron y adjudicaron con éxito estos últimos cinco años, el 35% correspondió a administraciones de La Palma y otro 35% al Gobierno. Solo un 30% se repartió entre el resto de administraciones locales.

Así lo confirmó Samuel García, técnico asesor del Observatorio encargado de presentar el avance del informe -que estará culminado a principios de 2024-, resaltando que son los ayuntamientos de la Isla Bonita los que más han contratado con esta modalidad -1,2 millones-, si bien el Cabildo de Tenerife -con 674.835 euros- es la corporación insular que más acudió a la reserva de contratos con empresas sociales.

De 60 millones en reserva para licitar con empresas sociales solo se han usado 3,9 millones

«No tiene que ver con la erupción, como podría pensarse en un principio. En La Palma están muy arraigadas las empresas sociales y de inclusión, y creemos que esta es la razón por la que en esa isla se suscriben más contratos de este tipo», afirmó García.

Por lo que se refiere al Gobierno regional, de las cinco consejerías que han procedido a suscribir contratos sociales -1,3 millones en total con un valor medio de 137.800 euros por contrato- es Educación el departamento que más ha optado por esta modalidad, pues como apuntó García, «los servicios de comedores, cafetería, jardinería o limpieza que ofrecen estas empresas» van muy acordes a lo que se necesita en el sector educativo.

Concretamente, las administraciones que en estos cinco años han reservado y adjudicado contratos a empresas sociales, además del Gobierno son los ayuntamientos de Breña Alta, Breña Baja, Tazacorte, Los Llanos y El Paso, en La Palma; Tacoronte, en Tenerife; Ingenio, en Gran Canaria; Puerto del Rosario (Fuerteventura); y San Sebastián de La Gomera. En cuanto a los cabildos, los de Tenerife, Gran Canaria y La Palma han promovido licitaciones reservadas.

Si comparamos los datos con los de Baleares, que es otra realidad insular semejante a la canaria, si aquí solo se adjudicaron con éxito 39 licitaciones reservadas en cinco años, en la otra comunidad autónoma archipiélagica han sido «37 solo en 2022», tal y como confirmó García.

La presidenta de Red Anagos insistió en que la Ley de Contratos Sociales de 2017 «puso sobre la mesa una serie de criterios a tener en cuenta en la contratación pública más allá del precio» pero, sin embargo, se ha constatado que «del 16% de la compra pública total que se realiza en Canarias sobre el PIB», la referida a contratos sociales «apenas supera el 1%».

Por su parte, Francisco Candil, viceconsejero de Bienestar Social, reconoció que “hemos avanzado poquísimo”, pues los datos expuestos “son para echarse a llorar”, y contradice las soflamas de quienes dicen que “la mejor política social es generar empleo”.

En concreto, en Canarias existen aproximadamente 40 empresas sociales que dan empleo a unas 1000 personas en situación de vulnerabilidad.

Por ello, la presidenta de ADEICAN Canarias, Eugenia de León, defendió que el potencial de crecimiento es muy grande si se desarrolla la contratación pública responsable al «fomentar el empleo entre las personas en exclusión social para que dejen de ser perceptoras de ayudas y pasen a ser contribuyentes».

“Creímos que con aprobar la Ley estaba todo hecho, pero la realidad es que en los contratos se siguen teniendo en cuenta los bajos precios y no la realidad social. Hay que pegar un tirón de orejas a los técnicos de contratación de las administraciones”, remachó Candil.

Precisamente, en la presentación del avance del Informe se ha concluido que se necesita más información, formación y sensibilización de los órganos de contratación para poder llevar a cabo este tipo de licitaciones, debido al desconocimiento.

Las Jornadas están organizadas por el Observatorio de Contratación Pública Responsable, una iniciativa de Red Anagos, ADEICAN y EAPN Canarias, y que financia la Consejería de Bienestar Social, e Igualdad del Gobierno de Canarias.

Suscríbete para seguir leyendo