El Gobierno maniobra para impedir un fraude millonario de empresas piratas en la venta de carburantes

Las petroleras han venido lanzando la voz de alarma por la existencia de fraudes millonarios cometidos por empresas 'piratas' en la venta al por mayor de carburantes. La denuncia es persistente y viene de lejos, los gigantes del sector agrupados en la patronal AOP (Repsol, Cepsa, BP, Galp o Saras) y los grupos independientes integrados en la asociación UPI han intensificado sus quejas en los últimos meses. El Gobierno maniobra para frenar el riesgo de fraude en uno de los ámbitos de negocio que han centrado las denuncias de los operadores del sector.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta en funciones Teresa Ribera, ha hecho pública su propuesta de nueva regulación para fomentar el uso de biocarburantes y otros combustibles renovables en el sector del transporte para reducir sus emisiones contaminantes, cuyo control ha estado durante años en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) hasta pasar a depender el Ejecutivo.

La futura orden ministerial, ahora en fase de audiencia pública, establece un sistema de alerta temprana frente a posibles fraudes y busca dificultar la actuación de empresas piratas que desaparecen cuando el Gobierno les reclama el pago de las sanciones por los incumplimientos y vuelven a operar con otro nombre.

Más de 94 millones por incumplimientos

Las operadores al por mayor del sector de los combustibles están obligados actualmente a incorporar al menos un 10% de biocarburantes en la mezcal final comercializada. Una inyección de biocarburante que se controla mediante un sistema de certificados que consiguen las compañías. En caso de que las compañías no lleguen al mínimo obligatorio o no alcancen el compromiso de uso de biocarburantes contemplado en sus certificados, éstas están obligadas a realizar un pago compensatorio a un fondo a modo de sanción.

Los incumplimientos obligan cada año a distintos operadores petrolíferos a hacer aportaciones millonarios al fondo de pagos compensatorios: más de 94 millones de euros el año pasado, 72,5 millones en 2021 o casi 62 millones en 2020. Unos importes que posteriormente se reparten entre las compañías con exceso de certificados al finalizar el ejercicio.

Sin embargo, las compañías petroleras han venido denunciando que, al igual que sucede con los impagos de IVA o de las aportaciones al fondo nacional de eficiencia, las empresas piratas también están encontraban la forma de evitar hacer esos abonos por incumplir las obligaciones de uso de biocarburantes.

Certificados provisionales, pagos anticipados

Para reforzar los mecanismos antifraude y hacer posible hacer sonar las alertas del sistema de manera temprana, el Gobierno pretende ahora crear un nuevo sistema de certificados provisionales de uso de biocarburante cada trimestre (que se acabarán convirtiendo en definitivos cada año) y obligar a las operadores que no cumplen los objetivos a hacer también pagos compensatorios intermedios cada tres meses, dificultando así el esquema fraudulento de las empresas que desaparecen y reaparecen con otra denominación.

“El pago provisional al fondo de pagos compensatorios se fundamenta en los casos de fraude encontrados en el cumplimiento de esta obligación en años anteriores. Mediante esta obligación provisional de carácter trimestral se fomenta la venta física de biocarburantes y otros combustibles renovables”, subraya el Gobierno en la documentación oficial. “Esta propuesta tiene efectos positivos en la competencia ya que se va a tratar de mitigar el fraude en el sector de los biocarburantes a través del mecanismo de alerta temprana y las certificaciones provisionales.

Asimismo, Transición Ecológica también quiere ir elevando la cuantía de las sanciones a las empresas en función del grado de incumplimiento y considerar como una infracción muy grave quedarse por debajo del 30% del uso de carburante comprometido.