Nuevo Estatuto del Becario: ¿qué es y en qué consiste?

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, escenificará este jueves con los sindicatos CCOO y UGT su acuerdo para el que pretende que sea el nuevo Estatuto del Becario. Una norma que introduce un abanico de nuevas sanciones para aquellas empresas o entidades públicas -como universidades- que abusen de la figura del estudiante en prácticas. También pone un tope de horas de prácticas que un alumno puede realizar al año, así como la obligatoriedad de que gastos como el transporte, el alojamiento o el material le sean compensados.

Estas son las principales claves del documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, , que está previsto que firmen Díaz y las centrales. Trabajo tratará de aprobar dicha norma en el tiempo de descuento de la legislatura, si bien para la misma no cuenta, de momento, con el apoyo público de ninguno de sus principales socios parlamentarios durante la presente legislatura. Tampoco de su socio de Gobierno, el PSOE, y es que Moncloa, a preguntas de este medio, evita aclarar si examinará y validará o no vía Consejo de Ministros este real decreto. Informa Juan Ruiz.

¿Qué nuevas obligaciones tienen las empresas o centros públicos?

La principal novedad que pretende introducir el Estatuto del Becario es la obligación para las empresas o centros públicos que acojan a estudiantes en prácticas de costearles el transporte, material y alojamiento (en caso de desplazamiento fuera de la residencia habitual).

Es decir, si un estudiante se va a hacer prácticas a la Seat, ello no podrá repercutirle en un coste adicional y deberá ser la Seat la que lo asuma. Ya sea vía un pago mensual o en especies (por ejemplo, con un abono transporte). Y ya sea si son prácticas curriculares (las necesarias para graduarse) o extracurriculares (pensadas para ganar experiencia).

Actualmente las extracurriculares suelen ir aparejadas a algún tipo de compensación económica -por ejemplo, en la UB el pago medio por hora es de seis euros, según explican fuentes de la misma-, pero no así las primeras. Si no existe remuneración, la empresa o entidad deberá darle algo al estudiante, bajo pena de sanción si actúa la Inspección de Trabajo.

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¿Qué pasa si no cumplen?

El texto pactado entre Trabajo y los sindicatos introduce un abanico de nuevas sanciones para aquellas empresas que abusen de los estudiantes en prácticas. Unas multas que van más allá de la clásica suplantación de un trabajador con contrato laboral por un becario, a coste bajo o cero.

En su grado máximo las sanciones pueden alcanzar los 225.018 euros, para aquellas empresas o entidades que incurrieran en una discriminación clara y sistemática de los estudiantes por razones de edad, género, religión o capacidades. Será el inspector de Trabajo, en cada caso, quien determine la magnitud de la sanción y esta será por becario y acumulativa.

Más frecuente puede llegar a ser una multa de entre 751 y 7.500 euros para aquellas sociedades que no paguen el transporte y el material de sus estudiantes. Este no puede ir a cargo de los becarios y si las prácticas no están asociadas a ningún tipo de remuneración, la empresa o bien les tiene que facilitar un pago en especies -un abono transporte, por ejemplo- o un pago monetario suficiente para cubrir dichos gastos.

Si unas prácticas no tienen nada que ver con los estudios que ha cursado previamente el estudiante o si no existe ningún tipo de tutorización del alumno, la empresa o centro también se expone a sanciones de hasta 7.500 euros por becario.

¿Cuántas horas máximo se podrán hacer de prácticas?

La norma establece un tope máximo de 480 horas al año o el tiempo equivalente al 25% de los créditos que el alumno fuera a realizar durante un curso. Con la idea de que si un estudiante no puede realizar un gran número de horas bajo esta fórmula, esta dejará de ser atractiva para las empresas que pretendieran abusar de ello. O que la magnitud del fraude sea menor. Actualmente no existen límites de cuántas horas pueden hacer los estudiantes en prácticas.

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¿Cuántos alumnos como máximo podrá tutorizar alguien de la empresa?

El Estatuto del Becario reconoce el derecho a los estudiantes "a una adecuada tutorización en el desarrollo de su actividad formativa práctica en la empresa", según recoge el texto.- Esto se traduce en que los tutores deben estar pendientes de los alumnos y no desentenderse de ellos durante sus prácticas, ya que el propósito es que aprendan. Es por ello que la norma pretende incluir unas ratios máximas de alumnos por tutor.

Según el documento, cada persona tutora podrá tener como máximo y de modo simultáneo a cinco estudiantes en prácticas. Y en el caso de las empresas con menos de 30 trabajadores en plantilla, dicha ratio se reduce a tres. Y el número de becarios no podrá superar el 20% de la plantilla total del centro de trabajo. 

¿Cuándo entrarán en vigor las novedades?

La entrada en vigor de las novedades contempladas en el Estatuto del Becario todavía no está clara y no es seguro que la norma vaya a prosperar. El adelanto electoral ha dejado en el aire varias leyes que estaban en la carpeta de 'pendientes' del Gobierno y esta es una de ellas. La intención del Ministerio de Trabajo es elevarlo al Consejo de Ministros a la mayor brevedad posible, pero eso no tiene fecha concreta todavía. Luego es menester que reúna los apoyos parlamentarios suficientes, algo sobre lo que ha comenzado a trabajar, pero que tampoco tiene todavía atado.

Formalmente, el documento pactado con los sindicatos contempla que todas estas novedades entren en vigor al día siguiente de que el Estatuto del Becario quede plasmado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No obstante, también contempla una serie de prórrogas tácitas para que las empresas y universidades se adapten a las novedades. Y es que, en caso de prosperar legislativamente, aquellos convenios que ya están firmados seguirán vigentes hasta, como máximo, el 1 de enero del 2024. Luego deberán adaptarse a la normativa y empezar a pagar transporte y material, entre otros. Los nuevos convenios que se firmen, no obstante, ya nacen con esa obligación.

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