La patronal de Las Palmas advierte de los peligros que trae la desaceleración

En un escenario de desaceleración y en el que la inflación provoca el encarecimiento de la financiación y de los precios en general, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) alerta de que vienen curvas si no se adoptan las medidas adecuadas. Las ha recogido, con la participación de todas las sectoriales, en un documento denominado Demandas empresariales para la recuperación social y económica, que hará llegar a todos los partidos políticos durante la precampaña electoral que ya ha arrancado y que desembocará en los comicios del 28M.

En palabras del presidente de la patronal de Las Palmas, Pedro Ortega, el objetivo del trabajo es «generar empleo y riqueza». El punto de partida es el contexto actual, en el que la desaceleración económica se concreta en la previsión de crecimiento del PIB canario del 2,8% frente al 8,2% cosechado en 2022 y un frenazo intenso «del consumo en los hogares», detalló el vicepresidente ejecutivo de la organización empresarial, José Cristóbal García.

Esa retracción de las compras en el ámbito familiar tiene en la inflación la más clara de las explicaciones. El también secretario general de la CCE manifestó durante la presentación del volumen, en la mañana de ayer, su confianza en que el IPC (Índice de Precios de Consumo) caiga «con cierta velocidad hasta el verano» para quedar en el entorno del 4%. Un valor que, sin embargo, se sitúa lejos del 2% que persigue Bruselas antes de poner fin al incremento de tipos.

El problema es que a partir de la época estival el descenso será más lento, lo que dará margen para que los bancos centrales sitúen el precio del dinero en torno al 4% en Europa y el 5% en Estados Unidos. Este incremento del coste de la financiación supondrá un frenazo para las inversiones y el consiguiente estrechamiento del mercado laboral, además de mantener en línea descendente el consumo en los hogares, que en casos se enfrentarán a problemas por nuevas revisiones al alza de las hipotecas con tipo variable.

Leyes claras

Este es el contexto del que parte el análisis realizado por la CCE. A partir de él, los empresarios describen las medidas que han de adoptarse en ámbitos como el legislativo o el educativo para amortiguar el impacto en la economía y la sociedad. Entre ellas, la continuamente invocada reducción de la burocracia, la claridad en la legislación y el fomento de una colaboración público-privada que no acaba de despegar con intensidad.

Sobre la productividad legislativa, García demandó una «regulación clara» que aporte «seguridad jurídica» a los inversores. Durante la presente legislatura, la patronal de Las Palmas ha contabilizado «más de 1.100 textos normativos» solo en la comunidad autónoma. Además, «abusando del decreto, sin recabar la opinión» de los administrados a los que incumben, lo que, a juicio del vicepresidente ejecutivo de la CCE, motiva una alta tasa de posteriores correcciones; «en 2022 se comunicaron 121», expuso.

Esta excesiva producción normativa y el camino elegido para abordarla es lo que, en opinión de los representantes empresariales, ha provocado una «pérdida de calidad» en la legislación. Por eso en el documento demandan su «participación específica y diferenciada» en el proceso de elaboración de las leyes, decretos, órdenes..., y una modificación del Reglamento del Parlamento de Canarias para recoger el «trámite de audiencia» para las patronales con mayor representatividad.

En el tercer trimestre del pasado año, el Archipiélago fue la comunidad autónoma con mayor tasa de litigiosidad de todo el Estado. Un dato aportado en la presentación de este jueves y que García tradujo como la consecuencia de, por ejemplo, «encontrarse con tres textos legales en vigor sobre una misma cuestión».

Tampoco falta en el documento un capítulo dedicado al adelgazamiento del papeleo al que se enfrentan los inversores para sacar adelante sus proyectos, una iniciativa dirigida a la mejora de «la eficiencia del gasto público». A las necesarias agilidad, especialización o transparencia, entre otras cuestiones, el secretario general de la CCE añadió el retorno de todos los empleados públicos a sus puestos de trabajo.

«Lo que ocurrió durante la pandemia no es lo mismo que debe ocurrir ahora», expuso García sobre la permanencia en situación de teletrabajo de los funcionarios. De lo contrario, los ciudadanos «no encuentran quien les dé respuesta» cuando necesitan dirigirse a la Administración. Como ejemplo, citó las dificultades para que alguien coja el teléfono en las oficinas de la Seguridad Social.

En las relaciones con el sector público, la CCE incluye una «modificación de la Ley de Contratos para repercutir el incremento de los costes de producción». Desde que los precios, con los energéticos a la cabeza, comenzaran su galope desbocado, la contratación pública ha sido uno de los constantes campos de batalla. Convocatorias desiertas y adjudicatarios que optan por dejar que se ejecuten los avales aportados a la hora de aplicar a las diferentes licitaciones son una constante.

Las estructuras de costes con las que las mercantiles acuden a las convocatorias públicas han saltado por los aires y los empresarios responsabilizaron en parte de ello al incremento del salario mínimo interprofesional. Al respecto, García señaló que el mandato de Bruselas era colocarlo por encima del 60% de la retribución media. «En la comunidad autónoma supera ya el 70%», explicó.

A este problema sumaron la petición de una rebaja en las cotizaciones a la Seguridad Social y cercar de manera más estrecha a la economía sumergida. La tasa de desempleo se ha reducido en las Islas de manera intensa. La CCE no lo discute, pero alerta de un crecimiento intenso del absentismo laboral, hasta el punto, afirmó José Cristóbal García, que encabeza el equipo que ha confeccionado el documento, de que ahora «las horas efectivas trabajadas son menos» que en 2019.

Hasta el momento, contra lo que afirmaban los empresarios, la reforma laboral no se ha traducido en el Archipiélago en una subida del paro. No así en el conjunto del Estado, donde sí lo ha hecho. «Si ha habido una reforma y ocurre esto, debería pensarse que algo está mal», afirmó el vicepresidente ejecutivo de la CCE.

Además, tanto él como Ortega deslizaron que si en las Islas hay hasta la fecha una mejoría es porque el turismo continúa funcionando a buen ritmo. Advirtieron de que la «falta de flexibilidad» en la contratación que en su opinión introduce la reforma tendrá consecuencias negativas cuando los efectos de la inflación terminen por vaciar los bolsillos de los viajeros europeos.

En cuanto a la defensa del fuero canario, la patronal se refirió al peligro que suponen los continuos desencuentros con Madrid. Por ello, trae nuevamente a escena la necesidad de blindar el Régimen Económico y Fiscal (REF) e introduce la posibilidad de que los particulares que no son empresarios también puedan dotar a la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), para que el ahorro se traduzca en la puesta en marcha de proyectos para las Islas.

Los empresarios aluden desde hace años a la colaboración público-privada como una de las grandes salidas para la creación de empleo y la dinamización del tejido productivo. Las administraciones tampoco se quedan atrás, sobre todo en los últimos años. Sin embargo, el necesario entendimiento entre las partes no termina de producirse con la intensidad necesaria. «Todavía no le hemos sacado todo el rendimiento, hay una cierta animadversión a que el sector privado participe», admitió ayer el presidente de la CCE, Pedro Ortega. ¿Por qué? Para el vicepresidente ejecutivo de la patronal de Las Palmas, José Cristóbal García, el motivo de que no se vaya «más allá» son los «prejuicios ideológicos» que perduran en parte de la clase política. La cuestión es que el tiempo para vencer esas reticencias se acaba. Obligan a ello los plazos establecidos por la UE para la ejecución de los fondos habilitados para la recuperación económica tras la pandemia. Y aquí empiezan las dudas en sentido contrario, es decir, de los empresarios para con la Administración. El miércoles la CEOE (estatal) celebró una reunión en la que estuvo presente este asunto y la conclusión es que los 31.000 millones de euros que han llegado hasta la fecha a España no han llegado a la economía real. |

1Conectividad.

2Colaboración público-privada.

3Régimen Económico y Fiscal (REF).

4Sectores emergentes y estratégicos.

5Fondos europeos.

6Desarrollo digital.

7Sostenibilidad.

8Diálogo social.

La colaboración público-privada no arranca

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