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El transporte de Canarias exige a Sánchez subir a 40 céntimos la ayuda al combustible

El sector, pendiente de un paro nacional, asegura que su situación continúa siendo «crítica» por el alza de los carburantes

Camiones en el puerto de Santa Cruz. Delia Padrón

Los transportistas canarios continúan en una situación crítica. La escalada del precio de los carburantes ha terminado por comerse la bonificación de 20 céntimos por litro establecida por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes abril y ha devuelto a los camioneros del Archipiélago al punto de partida. Por eso, al borde de un nuevo paro nacional, se alinean con las peticiones del sector en el resto del país. Demandan al Ejecutivo central que aplique medidas adicionales para esta actividad y que el descuento a los combustibles se eleve para los conductores profesionales al menos hasta los 40 céntimos por litro. 

«Todo lo que esté por debajo de esa cifra no sería adecuado porque no podemos trabajar», insiste Agustín Espino Flores, presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias (FET). Explica que cuando estalló la guerra en Ucrania el gasoil –el carburante más utilizado por los transportistas– costaba 1,16 euros el litro, mientras que el precio que marcaban ayer de media las estaciones de servicio del Archipiélago era 1,60, lo que supone que aún aplicando la bonificación ahora pagan 24 céntimos más. 

Llenar el depósito de un trailer con gasoil cuesta ahora 400 euros más que en febrero

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Detalla que para que la actividad sea rentable «no podemos pagar el combustible por encima del euro o el euro diez» y ahora mismo contando las ayudas tienen que abonar entre 1,25 y 1,30 euros el litro. «Hay que tener en cuenta que hablamos de vehículos grandes y el sobrecoste se multiplica de forma exagerada», sostiene. De hecho, llenar el depósito de un trailer de mil litros cuesta al menos 400 euros más que en el mes de febrero.

Para Antonio Martel, presidente de la Asociación de Transportistas de Canarias (Astracan), la situación continúa siendo igual de complicada que meses atrás. «Se ha parcheado con las ayudas pero sigue siendo crítica», reconoce. Los profesionales deben asumir estas alzas en el combustible, que constituye su principal coste, y aseguran que lo siguen teniendo muy difícil para trasladarlo a sus tarifas. «El cargador, de una forma o de otra, se está haciendo eco de la situación pero el problema está en que si hay que subir 12 pero al final solo subimos cinco no se está repercutiendo el sobrecoste total», señala. 

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) mantuvo ayer una reunión con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En ella, pudo conocer que en el Consejo de Ministros extraordinario que se celebra hoy solo prorrogará la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible e incrementará del 30% al 40% el peso de la cláusula de revisión de precios por los incrementos del combustible en los contratos. Pero no incluirá otras medidas que exigía el sector como ampliar la bonificación al combustible hasta los 40 céntimos por litro, la renovación de la ayuda directa por vehículo o el reequilibrio de los contratos públicos de transporte de viajeros. 

Ante esto, el CNTC exigió ayer al Ministerio que en un plazo máximo de dos semanas ponga en marcha un nuevo paquete de ayudas económicas directas al sector del transporte que le ayuden a paliar la situación actual. Y le advirtió de que en el caso de no obtener una respuesta adecuada y proporcionada tomarán medidas. 

Los transportistas dan al Ministerio dos semanas de plazo para que aplique medidas adicionales

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El conflicto se ha recrudecido después de que la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera –sin representación en el CNTC pero que consiguió paralizar el pasado mes de marzo casi por completo el transporte provocando una crisis de suministros– haya amenazado con retomar los paros en julio. 

«Si el Gobierno no da ninguna solución tendremos que tomar medidas», aclara Martel, quien indica que el sector analizará la próxima semana las iniciativas que se hayan aprobado y las posibles actuaciones o movilizaciones que podrían llevar a cabo, en el caso de que sus reclamaciones no sean tenidas finalmente en cuenta. 

Sin embargo, tanto la FET como Astracan llaman a la calma y han asegurado que se debe esperar a que se conozca el contenido de la prórroga del decreto y finalice el plazo otorgado al Ministerio y apuestan primero por la negociación. 

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