El transporte marítimo de mercancías es el único capítulo dedicado a la España extrapeninsular que está incluido en el macrodecreto de medidas contra el impacto económico aprobado ayer en el Consejo de Ministros. Las Islas, no obstante, se benefician de la mayor parte de los incentivos incluidos en un plan que cuenta con 16.000 millones de euros, 6.000 de ellos en ayudas directas. También de medidas administrativas, como el diseño de un mecanismo «superacelerado», en palabras de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de cara al desarrollo de las energías renovables. Ella misma anunció, además, una iniciativa que abaratará en 6 euros el precio de la luz de manera inmediata mediante el recorte de los cargos que se incluyen en la parte regulada del recibo.
«Adelanto que va a haber medidas para Canarias», afirmó el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, informa Europa Press. Faltaban escasas horas para la comparecencia en la que las vicepresidentas, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y la mencionada Teresa Ribera, desgranaron el paquete de iniciativas que el lunes ya esbozó con bastante detalle Pedro Sánchez. A la espera de la publicación del decreto, este miércoles, en el BOE, solo el tráfico marítimo de mercancías entre la Península y las Islas (también Baleares, Ceuta y Melilla) se hace acreedor a una parte de las subvenciones.
Si le sobró el plural a Torres, no así ocurrió con el objetivo que viene a cubrir el plan anticrisis: aliviar la carestía del transporte de productos y materias primas desde el continente a Canarias. El objetivo es evitar que, en la medida de lo posible, el incremento de los precios energéticos y las materias primas se traslade a la inflación subyacente, desde donde ya es más difícil y costoso, en tiempo, retomar el rumbo hacia una economía sana.
Fuera el transporte aéreo
Eso deja fuera al transporte aéreo, cuya contribución al abastecimiento de bienes es residual en comparación con el marítimo. Si en el Gobierno canario se esperaba un gesto para evitar una retracción en la demanda de plazas aéreas, esta vez no tocó. Además, hasta la fecha ningún indicador apunta a una disminución del número de viajeros. Si llegara el frenazo por un alza del precio de los billetes empujado por el coste energético, tiempo hay para poner a calentar otros paños.
¿En qué consistirá la ayuda al transporte de mercancía en barco? En «una bonificación adicional del 80% a la tasa del buque y la de mercancía en líneas marítimas de conexión entre la Península y los puertos extrapeninsulares pertenecientes al sistema portuario de titularidad estatal», relató la también ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
El presidente canario señaló que los transportistas, ganaderos e industriales están pidiendo ayudas directas, y la ciudadanía que no le cuesten más los productos cuando van al supermercado o llenar el depósito de gasolina. «Estamos en un momento muy delicado», explicó el profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea José Manuel Corrales, que calificó de «ambicioso» el plan de Sánchez. Además, señaló que en esta ocasión, a diferencias de crisis como la derivada de la pandemia de coronavirus, «no se trata de poner más dinero público en circulación».
«Veo bien estructurado el paquete de ayudas, con medidas claramente antiinflacionarias y dirigidas a las empresas y las familias para sostener el crecimiento económico», añadió. Sin ser optimista en exceso se podía esperar que este año sirviera para poner las economías en hora, «pero esta guerra lo ha desbaratado todo», señaló José Manuel Corrales.
Entre las iniciativas también se encuentran las tendentes a mantener el ritmo de absorción de los fondos destinados por Europa a revitalizar a los países miembros. Por ejemplo, establecimiento de un camino más rápido para la implantación de renovables, lo que entronca con el compromiso adquirido por Pedro Sánchez con Bruselas para reducir la dependencia de España del gas para la generación eléctrica.
El mecanismo «superacelerado» para la obtención de la autorización administrativa anunciado por Ribera tiene límites para conjugar los intereses energéticos y de descarbonización con los medioambientales. «Siempre donde existe una baja afección al territorios y el tendido de cables no supere los 15 kilómetros». También la potencia está limitada a 75 megavatios para los parques eólicos y 150 megavatios, en el caso de la tecnología fotovoltaica.
Entre los puntos reseñados por las vicepresidentas se incluye la revisión adelantada de la retribución que reciben parte de las energías renovables y que se ha disparado con ingresos extra como consecuencia de la subida de precios de la electricidad. El presidente Sánchez cifró en 1.800 millones de euros la cantidad que la revisión permitirá rescatar. Esa suma se utilizará para bajar aún más y de manera inmediata los cargos regulados que se incluyen en la factura eléctrica, lo que se traducirá en un recorte de 6 euros en la factura eléctrica de un consumidor medio cada mes, según las estimaciones del Ejecutivo.
España presenta esta semana junto a Portugal una propuesta a Bruselas para intervenir el mercado eléctrico, estableciendo un tope al precio del gas que se utiliza para producir electricidad (en torno a los 50 euros por megavatio hora), incluir la diferencia del coste real de las centrales de gas como coste del sistema eléctrico y fijar una doble cotización con un precio diferente para la electricidad que se vende a Francia a través de las interconexiones. El Ejecutivo prevé que Bruselas se pronuncie sobre su propuesta en tres o cuatro semanas, y hasta entonces no se podría aplicar esta reforma y no se notará en el recibo de la luz de hogares y empresas con una rebaja sustancial.
Los cargos regulados del recibo (que suponen un coste neto en el recibo de unos 4.800 millones de euros) pagan las primas a las renovables, los sobrecostes de los territorios extrapeninsulares o la deuda del sistema. Las instalaciones del régimen retributivo específico de renovables, cogeneración y residuos (Recore) recibían antes ayudas en forma de primas por su producción y ahora cuentan con una rentabilidad garantizada ligada a la inversión realizada.
Ajuste adelantado
Tienen garantizada una rentabilidad del 7,1% durante 25 años (para algunas esa garantía asciende al 7,4% si renunciaban a presentar pleitos contra el Gobierno) y cada tres ejercicios se ajustan los ingresos realmente recibidos con los asegurados por el sistema eléctrico. Al final del periodo ésa será la rentabilidad que obtendrán las instalaciones energéticas, pero cada trienio se calcula los ingresos para adaptarlos.
El próximo ajuste tocaba hacerlo a principios de 2023, pero adelantar el cálculo un año permite tener ese ingreso extra. Madrid ya había sellado un preacuerdo al respecto con las asociaciones empresariales de las renovables.
