El gasto en pensiones no deja de crecer. Año tras año, mes tras mes, el desembolso que debe hacer el Estado para abonar las prestaciones contributivas aumenta de manera considerable. En Canarias, en apenas una década, el gasto anual destinado a sufragar las pagas de jubilación, incapacidad, viudedad, orfandad y favor familiar se ha incrementado en 826 millones de euros, lo que supone que en solo diez años el importe total de la nómina en el Archipiélago ha aumentado casi un 35%, pasando de 2.364 millones anuales a algo más de 3.191 millones.
Un alza que viene acompañada por el crecimiento tanto del número de pagas como del de beneficiarios. En 2020, las personas que recibían una prestación contributiva se habían elevado un 28% desde 2011 y el Archipiélago suma ya 69.444 pensionistas más que entonces. Según los datos recopilados por la Seguridad Social, la comunidad autónoma cerró el año pasado con más de 317.900.
Sin embargo, el número de prestaciones que el sistema público paga en las Islas es algo mayor, ya que un mismo pensionista puede cobrar más de un tipo de paga al mismo tiempo. De esta manera, el Estado abona un total de 334.910 nóminas, un indicador que se ha visto incrementado un 26,8% en solo diez años.
El alza del gasto en las pensiones no es algo endémico de Canarias, ya que a nivel nacional el aumento sigue la misma senda. En solo una década el importe total de la nómina en todo el país se ha disparado un 52,4%, pasando de algo más de 77.800 millones al año a 118.700. Espectacular aumento ha tenido también el número de pensionistas. En toda España había al cierre de 2020 casi un millón más que diez años atrás y si no ha sido todavía mayor se debe precisamente a la pandemia del coronavirus, que el año pasado se cebó principalmente con los mayores de 65 años, que o bien estaban ya jubilados o a punto de hacerlo. Algo que provocó que el número total de quienes recibían prestaciones se redujera durante los meses más duros de la emergencia sanitaria, no solo por los fallecimientos, sino también por el colapso a la hora de dar de alta a los nuevos pensionistas en el sistema.
Sin embargo, la menor incidencia de la covid en los primeros meses de la pandemia hizo que este efecto, que sí se notó a nivel nacional, pasara casi desapercibido en el Archipiélago y de hecho cerró 2020 con 4.441 pensionistas más, mientras que en general solo aumentaron en 1.162, una cifra irrisoria si se compara con los registros de años anteriores a la pandemia.
En esta última década, –la que comprende desde 2011 hasta el pasado 2020–, no solo se ha incrementando la cuantía total de la nómina de pensiones que se abonan en las Islas sino también la pensión media que percibe cada pensionista.
Pensión media
Si en 2011 cada uno de ellos recibía 755,2 euros, el importe se había elevado hasta los 926 euros el año pasado, lo que supone 170,8 euros más al mes o 2.391 al año, si se multiplica por las 14 pagas anuales que reciben. Este incremento supone que cada uno cobre un 22,6% más que lo que ingresaba hace una década, pero el aumento no ha sido igual en todo el país. De media, en 2020 un pensionista en España ingresó en su cuenta 1.011 euros al mes, lo que supone un 25,7% más de lo que veía diez años atrás, cuando percibía 804,9 euros mensuales.
De esta manera, lejos de que los pensionistas canarios recorten posiciones en cuando a la cuantía de su pensión respecto a sus homólogos del resto de España, la fractura se hace mayor. Ya que si hace una década percibían 49,7 euros menos que la media española, en 2020 la diferencia había subido hasta los 85 euros.
La escalada del montante total que el Estado debe abonar por las pensiones tampoco ha dejado de crecer en este año. El pasado mes de julio la factura superó por primera vez los 320 millones de euros en las Islas y solo entre enero y julio se han invertido ya 88 millones más en sufragar las pensiones que los que se necesitaron en el mismo periodo de 2020.
Reforma del sistema
El envejecimiento de la población, no solo en Canarias sino también a nivel nacional, acelera la entrada de nuevos pensionistas en el sistema. Una tendencia que, si bien ya se puede constatar si se analizan los datos de la última década, no hará otra cosa que incentivarse en los próximos años. Aunque las pensiones de jubilación no son las únicas que deben sufragarse, sí que son las más numerosas. Por ejemplo, en Canarias 191.623 de las 340.546 pensiones que abonaron en el mes de julio se correspondieron con pagas de personas retiradas, algo más de la mitad.
Por lo que el aumento de las personas mayores de 65 años en el Archipiélago, –una de cada cuatro superará esa edad en 15 años–, de los que muchos podrán cobrar una pensión contributiva condicionará en el futuro el alza del montante total que el Estado deberá destinar a sufragar estas prestaciones. Entre ellos estarán los boomers, la generación nacida entre 1958 y 1975, muy numerosa, y que han tenido salarios más altos por lo que tendrán pensiones más elevadas y ejercerán una fuerte presión sobre el sistema.
España ha abierto ya el melón para la negociación de la reforma de las pensiones y tras un primer acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos el pasado 1 de julio se augura un otoño caliente en esta materia ya que todavía quedan muchos flecos que cerrar.
El acuerdo firmado el mes pasado por el Ejecutivo central y los agentes sociales quedó plasmado en un anteproyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros celebrado el 6 de julio, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, con revalorizaciones anuales según el IPC. Además, a través de esta norma se quieren establecer medidas para acercar la edad efectiva de la jubilación a la edad legal. ¿Cómo? Endureciendo las condiciones de la jubilación anticipada voluntaria y aplicando mayores incentivos para retrasar la retirada del mercado laboral.
El acuerdo prevé también la implantación gradual a partir de enero de 2022 de un sistema de cotización por rendimientos reales por parte de los trabajadores autónomos y un compromiso para sentarse a negociar la sustitución del factor de sostenibilidad por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que comenzará a operar a partir de 2027.
