El Gobierno consiguió salvar ayer in extremis y por solo un voto el real decreto para la reforma de los interinos y el Congreso convalidó la norma, tras el apoyo de ERC. No obstante, ello fue posible a costa de ceder a su tramitación como proyecto de ley, lo que permitirá a los partidos a proponer enmiendas para modificar el texto ya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La nueva titular de Función Pública, María Jesús Montero, ya avanzó su disposición a incorporar novedades, como el compromiso de que los eventuales de la Administración que lleven 10 años en la misma plaza no tengan que pasar por una oposición para consolidar la plaza.
La votación fue sumamente reñida y se desencalló en los movimientos entre bambalinas durante las últimas horas. Hasta el punto que la norma se decidió por 170 votos afirmativos, 169 negativos y ocho abstenciones, con una votación que, tras un error de cálculo, tuvo que repetirse. El Ejecutivo tenía urgencia para sacar adelante esta norma, pues la reducción de los altos niveles de eventualidad en la Administración es uno de los compromisos adquiridos con la Unión Europea en el marco de la llegada de los fondos europeos. este mal afecta al 25% del personal de todas la administraciones públicas del país: el 44,7% de las universidades; el 12,3% de las corporaciones locales; 36,7% de las comunidades autónomas; 22,5% de la administración de Justicia y 7% del Estado. Traído a Canarias, el 40% de los empleados de la administración autonómica – 72.298 en la actualidad– ,ocupa una plaza de forma interna, y hay servicios clave como Educación o Sanidad en donde se llega al 60%.
Ayer ERC finalmente apoyó al Gobierno y votó a favor, evitando un fiasco para el Ejecutivo como el que supuso su derrota con el real decreto ley sobre los remanentes municipales. «Difícilmente van a presentarnos uno mejor, porque lo pactarán con las derechas», justificó la portavoz republicana Pilar Valluguera, que no escondió el tono crítico con el PSOE.
El propio socio del PSOE en el Gobierno, Unidas Podemos, reconoció que votaba a favor a regañadientes. Y es que la reforma de la interinidad ha sido objeto de crítica desde las plataformas de interinos por dos puntos incluidos en el texto: la reducción de la tasa de interinidad y el bajo importe de las indemnizaciones incorporada en el acuerdo.
Estas serán de 20 días por año trabajado, con tope de 12 mensualidades, para todo aquel eventual que esté ocupando una plaza, esta salga a oposición, el interino se presente y no la consiga. El equivalente al despido objetivo en el sector privado, tras la última rebaja introducida por el PP en su reforma laboral del 2012. Los partidarios de la reforma defienden que hasta ahora no existía indemnización alguna y que los interinos se iba a la calle sin pago alguno.
La primera reforma de la interinidad sigue así viva y pasará ahora de pantalla para someterse a las propuestas de los partidos, teniendo en cuenta que ya hay un texto pactado con los sindicatos mayoritarios en la Función Pública, no exento de críticas. De hecho, no han faltando en Canarias concentraciones de protesta del comité de huelga de los trabajadores en abuso de temporalidad ante la sede de los tres grandes sindicatos –CCOO, UGT y el Csif– a los que tildan de «traidores». Y es que además de las indemnizaciones, el texto incluye la limitación de la estadía en la plaza de un eventual a un máximo de tres años, lo que los interinos entienden como una regularización de empleo en toda regla, porque a partir de ese plazo deben ser cesados automáticamente.
Hasta ahora no había límite concreto en este sentido y de ahí las altas bolsas de eventualidad que se han ido cronificado.
El real decreto convalidado por el Congreso incorpora una serie de medidas que pretenden reforzar el control sobre los responsables de la administración y que estos cumplan con el contenido de la norma. Y explicita que los organismos responsables de la no convocatoria de oposiciones se les «exigirá responsabilidades». La falta de concreción en este ámbito ha sido criticado por los detractores de la reforma y presumiblemente ello será objeto de novedades en las enmiendas que propongan los partidos.
El primer objetivo del real decreto es reducir la eventualidad en la Administración a una media del 8% de las plantillas. Para ello se propone abrir un proceso de estabilización mediante la convocatoria, en un plazo de tres años, de un total de 310.000 plazas, hoy ocupadas por interinos.
Otra posible novedad que puede incorporarse en el proceso de enmiendas y que adelantó ayer Montero fue habilitar que la fase de oposición pueda no ser eliminatoria, sí así lo decidieran las comunidades autónomas que convoquen los procesos. Este último punto eleva indirectamente el peso de la experiencia, ya que evita que un interino se quede fuera del proceso si suspende una de las pruebas del proceso teórico de oposición.
Este es precisamente uno de los extremos que debate el Gobierno de Canarias en las mesas diálogo abiertas esta semana con el comité de huelga de los empleados que desde hace un año reclaman fijeza en sus puestos. Estos ponen el acentr en que solo por la vía del concurso de méritos, es decir, con el tiempo de trabajo acumulado en el sector público y sin necesidad de una prueba de oposición, se daría estabilidad a cerca de 3.000 trabajadores.
