Las primeras estimaciones sitúan en el entorno de los 1.100 millones de euros las indemnizaciones que habría que pagar a los propietarios de los inmuebles y parcelas situados a menos de 100 metros del mar en la costa de Yaiza. Al menos 48 propiedades se ven afectadas por el informe de la Dirección General de la Costa y el Mar que desplaza el dominio público marítimo terrestre hasta esa distancia en lugar de los 20 metros acordados durante la elaboración de la Ley de Costas de 1988 para aquellas áreas que contaran con un plan parcial que las regulara.
«Un cálculo prudente», concluyen diversas fuentes consultadas, que incluso acercan esa suma en compensaciones e indemnizaciones a los 1.500 millones de euros. Al menos catorce establecimientos hoteleros están afectados, doce en Playa Blanca y los dos restantes, en Puerto Calero.
Entre estos, más los complejos de apartamentos y los centros comerciales suman más de 3.000 puestos de trabajo, otro de los elementos clave de la negociación que tiene que iniciar el Gobierno de Canarias con el central. El viceconsejero de Planificación Territorial y Aguas del Ejecutivo autonómico, Leopoldo Díaz, se mostró a finales de la pasada semana seguro de poder solventar el problema creado mediante el diálogo.
El origen del nuevo encontronazo entre Madrid y el contexto canario está en la tramitación del Plan General de Ordenación de Yaiza. Costas exigió su participación –preceptiva y vinculante–, negando el silencio administrativo que entendió el Ejecutivo canario, y los tribunales le dieron la razón. El plan general aprobado en 2014 por la extinta Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) quedó suspendido en lo referente a la ordenación del litoral.
Los establecimientos afectados por el informe suman cerca de 6.000 camas turísticas
El informe –«complejo», en opinión de Díaz– partió de Costas el pasado 2 de junio. Los empresarios lanzaroteños afectados se muestran seguros de que ninguno de sus hoteles caerá al suelo. Entienden que se trata de una aplicación literal de las leyes actuales sin atender al contexto en que se ha desarrollado la urbanización de esa zona costera en los últimos 30 años, durante los que nunca han faltado las críticas de los colectivos ambientalistas.
Sin embargo, estas últimas no incluyen en el detalle de las reparaciones a concretar el desplazamiento del dominio público marítimo terrestre hasta los 100 metros tierra adentro.
Entre las posibilidades apuntadas por el viceconsejero autonómico está la de consolidar las construcciones ya en pie y frenar las que están por venir. En opinión de juristas consultados, esa vía no tiene visos de prosperar por la imposibilidad de aplicar distinto rasero a los propietarios de fincas colindantes.
En la zona de costa afectada por el informe existen trece parcelas sin construir y adquiridas por sus propietarios como edificables. Estos no darán por buena una decisión que trunque sus aspiraciones de rentabilizar la inversión. Habrá reclamaciones. El valor conjunto de todos esos suelos sin alterar supera los 90 millones de euros y hay quien estima que está más cerca de los cien millones e, incluso, los supera.
Si el turismo supone el 35% del producto interior bruto (PIB) de Canarias y cuatro de cada diez empleos se generan en dicho ámbito de actividad económica, en islas como Lanzarote esos valores se disparan muy por encima. Basta saber que solo durante el pasado año, la ausencia de visitantes motivó un incremento del desempleo superior al 60%.
Mientras la mil veces comentada necesidad de diversificar el tejido productivo toma aspecto de realidad, y eso será en el largo plazo, el contenido del informe de Costas afecta a unas 6.000 camas. Mala noticia para un sector que no halla el momento de recuperar la actividad ante las continuas dificultades que plantea el covid.
Además, también cuatro centros comerciales, con cientos de empleados pendientes de que las llegadas de viajeros recuperen el pulso, tendrían que derribarse con el documento remitido por Madrid para incorporar al plan de ordenación de Yaiza.
Silencio y tranquilidad
La gravedad del contenido del informe elaborado por Costas contrasta con la tranquilidad que se ha instalado en la clase política y empresarial de Lanzarote. El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, prefiere tomar contacto con el viceconsejero de Planificación Territorial autonómico, Leopoldo Díaz, antes de fijar postura. Este último está convencido de que será posible introducir las exigencias del informe en el plan general de ordenación de Yaiza aunque para ello sea necesario contratar asistencia externa. En caso de toparse con algún muro, como con el informe en la mano parece que sucederá, alude al diálogo con el Ministerio para la Transición Ecológica como fórmula para salir del atolladero. La cuestión es que el documento está firmado, y cualquier solución a los problemas que plantea pasa por cambiarlo. Los empresarios miran de lejos cómo se juega esta partida y se muestran seguros de que sus hoteles y centros comerciales seguirán en pie, pero lo hacen con las manos en la cabeza ante el cambio de reglas que se plantea. | G. H.
