Un informe de la Dirección General de la Costa y el Mar tumba el Plan General de Ordenación Supletorio de Yaiza en lo que concierne a las edificaciones situadas junto al mar. Con el documento en la mano, que sitúa ahora la servidumbre de dominio público a cien metros de la orilla en lugar de los 20 que se acordaron hace 33 años, deberían derribarse al menos dos decenas de establecimientos alojativos, lo que afectaría a miles de puestos de trabajo y a una economía ya de por sí severamente azotada por la pandemia.

Tanto en el ámbito público como en el empresarial se muestran confiados en que el diálogo a desarrollar a partir de ahora bastará para devolver las aguas a su cauce. Con una diferencia, entre los segundos crece el hartazgo por tener que atender cuestiones que generan un desasosiego añadido al que soportan desde hace más de un año por la ausencia de clientes.

Tras el cambio del Régimen Económico y Fiscal (REF) desoyendo al Parlamento de Canarias, la gestión del fenómeno migratorio propiciando el hacinamiento de personas en las Islas durante meses o la negativa de más de un año a aceptar los test de antígenos como prueba válida para conseguir turistas, el Gobierno central entrega al de Canarias otra madeja por deshacer.

¿Por qué aparece ahora un informe de Costas? En 2014 la extinta Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) dio luz verde al plan de ordenación del municipio del sur de Lanzarote, elaborado como en muchos otros casos por la Administración autonómica ante la carencia de técnicos en los ayuntamientos. La ley señala la necesidad de contar con el visto bueno del departamento estatal que ordena el litoral y que hoy se integra en el Ministerio para la Transición Ecológica. Durante la tramitación, el Gobierno canario entendió consumidos los plazos de respuesta contenidos en la norma. Ese silencio administrativo equivale a un sí, por lo que la Cotmac procedió a aprobarlo.

Sin embargo, Costas hizo ver que se trataba de un error de comunicación, ya que sí solicitó aclaraciones con posterioridad a la recepción del documento, lo que puso el cronómetro nuevamente a cero. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC estimó parcialmente en 2018 el recurso que presentó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entonces con el Partido Popular (PP) en el Gobierno central. El Tribunal Supremo dio firmeza el año pasado a esa decisión.

Agotada la vía judicial, Costas elaboró su informe, que además de preceptivo también es vinculante. Es decir, la aprobación del planeamiento de Yaiza pasa obligatoriamente por la inclusión de los preceptos firmados por Madrid el 2 de junio y remitidos un día después a la Comunidad Autónoma de Canarias.

«Las servidumbres de la legislación de Costas son de plena aplicación, debiendo reflejarse la servidumbre de protección de 100 metros de anchura [artículo 23] en los deslindes no adaptados a la Ley de Costas, ya que es la Administración del Estado a través de la incoación del deslinde, y nunca un instrumento de planeamiento, la que tiene la potestad para establecer los bienes de dominio público marítimo-terrestre y su servidumbre de protección», explicita el documento.

Esa decisión supone un cambio de criterio 33 años después del que el Ayuntamiento de Yaiza y el Ejecutivo autonómico acordaran con otro Gobierno del PSOE –segunda legislatura de Felipe González–, y dentro de la elaboración de la Ley de Costas, dejar 20 metros de distancia al mar en aquellas áreas en las que existían planes parciales. Fue entonces cuando se comenzaron a construir los establecimientos alojativos que hoy están en pie.

No sin discusión. De hecho, colectivos ambientalistas han exigido el derribo de los 20 hoteles de Playa Blanca. Pues bien, ni quienes se manifiestan en este sentido de absoluta preservación del medio ambiente han planteado desplazar hasta los 100 metros la línea que marca el dominio público. ¿Por qué? Porque en el informe que elaboraron sobre el Plan Parcial Las Coloradas, por ejemplo, sitúan su aprobación en enero de 1988. Al haber plan parcial, la norma recogía que eran 20 metros, situación que se repetía en el resto de planes de la costa de Yaiza.

Desde 1990 se intentó dar forma al plan general de ordenación municipal de la localidad lanzaroteña, labor que, como en tantos otros municipios, se reveló imposible de concretar. En 2008, se introdujo en el marco normativo la posibilidad de que fuera el Gobierno de Canarias el que se hiciera cargo de la elaboración del planeamiento. Los trabajos finalizaron en 2014 con la aprobación por parte de la Cotmac y el recurso contencioso-administrativo presentado por Costas ante el TSJC.

En el diálogo interinstitucional que se desarrollará a partir de ahora, es de esperar que no tarde en asomar la necesidad de hacer una distinción entre aquello que lleva decenas de años en pie y lo que ocurra con las parcelas que permanecen libres de cemento. Claro que eso puede conllevar el abono de cifras millonarias en indemnizaciones. Quien comprara suelo en la zona costera de Yaiza para rentabilizarlo mediante la construcción de algún tipo de inmueble con arreglo a unas normas, se encontrará de repente con la imposibilidad de lograrlo.

El informe firmado por la jefa de área de Planeamiento Urbanístico del Ministerio para la Transición Ecológica, Ana Belén Moreno, señala que hay «edificaciones en servidumbre de protección con fecha de construcción muy posterior al año 1988». Sobre estas tendrá que acreditarse «la legalidad de su construcción».

En el mismo párrafo, Moreno recuerda «que ante una infracción de la normativa de Costas, el artículo 197 del RGC [Reglamento] establece la obligación de restitución de las cosas y reposición a su estado anterior». En otras palabras, que el papeleo va a ocupar por un tiempo a los propietarios de los edificios si no quieren que la piqueta impacte en ellos.

Antes de que llegue ese trance, de nuevo el Gobierno de Canarias tendrá que dirigirse a Madrid para hacerle ver el tamaño de los errores que pueden cometerse por la mera aplicación de la ley sin el conocimiento de cómo se ha tramitado el desarrollo del planeamiento en los últimos 30 años.