El último boletín sectorial de coyuntura, elaborado por el Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife con el patrocinio de Cajasiete, pone en cifras el desplome del sector, que ha visto caer sus ventas durante el primer trimestre del año un 10,5% frente al descenso medio nacional que fue del 1,8%, siendo la caída más acusada del Conjunto de Comunidades Autónomas.

Una pérdida de actividad provocada por la caída de la demanda turística y por un progresivo deterioro del poder adquisitivo de las familias canarias durante el último año, a causa del aumento del desempleo, que se ha traducido en una importante pérdida de empresas y de miles de puestos de trabajo en el sector. Ante este escenario la presidenta de la Comisión de Comercio Interior, Victoria Gonzalez, que presentó ayer los resultados del informe referidos al primer trimestre del año junto al director general de Cajasiete, Manuel del Castillo, y la directora general de la entidad cameral, Lola Pérez, mostró su enorme preocupación por el impacto que la pandemia está dejando en uno de los sectores económicos más importantes de las Islas.

«Uno de los pilares»

“El comercio es uno de los pilares de la actividad económica y del empleo en el Archipiélago. Ahora que ha dejado de contar con una potencial demanda de 14 millones de turistas y que el consumo de los residentes se ha deprimido por el colapso de la economía, es urgente diseñar un conjunto de medidas que permitan sostenerlo mientras se prolongue la dura transición que va a tener que vivir hasta su recuperación”, afirmó González. La presidenta advirtió que, más que nunca, es necesario “que se mantengan a lo largo de todo este año las medidas que eviten el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo como son, las ayudas directas a pymes, con las que cubrir sus costes de estructura, y los ERTE”.

Por su parte, el director general de Cajasiete, Manuel del Castillo, destacó que “vemos que se consolidan las tendencias de menor uso de efectivo, incremento del uso de tarjetas y sobre todo del comercio electrónico. Una vez más, insistimos en la idea de que es muy importante que las Administraciones profundicen en el desarrollo de medidas que ayuden al pequeño y mediano comercio, pero no menos importante que cada uno de nosotros como consumidores, ahora más que nunca, seamos responsables con nuestras decisiones de compra, conscientes de la repercusión que tienen, y que tarde o temprano todos nos vemos afectado por ellas”.

Las ventas del comercio minorista durante el primer trimestre del año retrocedieron con fuerza debido a las caídas de los meses de enero (-19,3%) y febrero (-18,9%), que no pudieron ser compensadas por el aumento registrado en marzo (12,3%), este último debido a su comparativa con marzo de 2020, en el que a partir del día 15 los comercios tuvieron que cerrar por la obligación de confinamiento tras la declaración del primer estado de alarma. En su promedio trimestral, el Índice de Comercio al por Menor (ICM) a precios constantes retrocedió un 10,5% respecto al mismo periodo de 2020. Además, la caída fue sensiblemente mayor que la experimentada en el conjunto del país, donde las ventas tuvieron una bajada anual que, en promedio trimestral, ascendió al 1,8%, 8,7 puntos porcentuales menos que en Canarias.

Así, el número de negocios inscritos en la Seguridad Social con trabajadores dados de alta que elabora el Instituto Canario de Estadística (Istac) muestra cómo el último día de marzo había en las Islas un total de 13.733 empresas que desarrollaban actividades comerciales, incluida la reparación de vehículos. Esta cifra supone un leve crecimiento anual del 0,4% con 59 empresas más que a finales de marzo, motivado, únicamente, por el aumento de las empresas de venta y reparación de vehículos de motor (72), ya que tanto los comercios mayoristas como los minoristas descendieron, -9 y -4 empresas respectivamente. La cifra de afiliados en el comercio canario a 31 de marzo muestra de esta forma 5.456 por debajo de los registrados un año antes, entre los que no se encuentran los trabajadores afectados por un ERTE, que se consideran ocupados y 12.787 por debajo de los existentes a finales de febrero de 2020.