El Congreso dio ayer la primera luz verde al plan de 11.000 millones de euros (7.000 millones en ayudas directas) en apoyos a empresas del Gobierno, pero con una crítica unánime de todos los partidos de la oposición tanto al contenido de las medidas como a la elaboración y gestión que de las mismas ha hecho la vicepresidenta Nadia Calviño. Incluso el socio minoritario de la coalición del Ejecutivo, Unidas Podemos, lanzó puyas a la ministra de Economía y defendió que la norma es mejorable.
El real decreto llegó a la Cámara entre presiones de los grupos parlamentarios al Gobierno para que amplíe los 95 sectores económicos que podrán recibir las ayudas directas, así como para que permita que el dinero llegue también a compañías que registraron pérdidas en 2019, entre otros cambios. La norma se va a tramitar como proyecto de ley, con lo que habrá que ver qué cambios pactan los grupos en las próximas semanas en el trámite de enmiendas al texto.
Calviño se mostró dispuesta a incluir más actividades económicas beneficiarias, pero de forma bastante renuente. “Cuentan con nuestra disposición a valorar la ampliación del listado de sectores que en el futuro puedan cumplir con los requisitos establecidos [más de 10% de trabajadores en erte y no haber reincorporado al 75% de los empleados que estaban en erte en los máximos del pasado abril], aunque por supuesto lo que esperamos es que la evolución económica haga que cada vez haya menos sectores y empresas que cumplan estos requisitos”, dijo.
El proyecto salió adelante con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Teruel Existe y el PRC y las abstenciones de PP, PNV, Ciudadanos, EH-Bildu, CUP, UPN y Foro Asturias. «Votaremos que sí solo por responsabilidad para la economía real de pymes y autónomos. Pero merece un no por malo, torpe, ramplón y nada dialogado», resumió Joan Capdevila, de ERC.
Todos los partidos criticaron al Gobierno por aprobar las ayudas meses después que otros países comunitarios. “No ha sido fácil llegar hasta aquí, se ha reproducido el intenso debate de siempre en el seno del Gobierno, de un lado los que desean volver cuanto antes a la mal llamada austeridad, del otro lado los cabezones que decimos que la austeridad no fue solo cruel con los más débiles sino que es una receta económica fracasada”, lanzó Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, en clara referencia a Calviño.
Los grupos también critican que los límites y requisitos fijados por el Ejecutivo van a restringir enormemente el número de empresas beneficiarias (solo una de cada 12, según Ciudadanos), que los 7.000 millones pueden ser insuficientes (advertido por el Banco de España), y que no se haya dialogado con las comunidades autónomas que van a vehicular las ayudas directas ni se les haya permitido ajustarlas los criterios de reparto a las necesidades del tejido productivo de cada región.
Mala noticia para el sector turístico, según Maroto
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, criticó ayer que haya habido grupos en el Congreso que no hayan apoyado ayer el real decreto de ayudas por 11.000 millones para las empresas, lo que considera una “mala noticia” para el sector turístico. Tras convalidación del decreto con 177 votos a favor, 59 en contra y 113 abstenciones, Maroto ha asegurado en una rueda de prensa tras una reunión con el sector turístico en Palma que “la política está polarizada” y que las elecciones en Madrid “están generando mucha crispación”. “Lo lamento porque tenemos que estar a la altura del desafío de proteger a nuestras empresas y el interés general y no partidista”, añadió la ministra sobre las consecuencias de la pandemia. “Es significativo de que algunos grupos no están pensando en el interés general y, sin duda, para el sector turístico es una mala noticia”, ha añadido. También la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha sido crítica con los grupos que no han respaldado la convalidación del decreto de ayudas estatales que considera “muy luchado y trabajado”, al suponer 1.000 millones de ayudas directas para las empresas de la comunidad autónoma balear y para Canarias, las más afectadas en el sector turístico. “Desgraciadamente no todo el mundo le ha dado apoyo y algunos partidos no han aprobado ese decreto ley absolutamente necesario”, aseguró la socialista balear.
