Canarias cumple su ultimátum: recurre ante el Constitucional por la cerrazón del Estado en el traspaso pleno de Costas

El Gobierno de Canarias cumple su palabra tras comprobar el cerrazón del Gobierno de España para el traspaso pleno de las competencias en Costas. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, informó este lunes que la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) ya tiene el visto bueno del Consejo de Gobierno y se presentará en en los próximos días. En concreto, el conflicto positivo de competencias reclama al Alto Tribunal que falle en contra del Estado y reconozca a la Comunidad Autónoma el control sobre la gestión de su litoral que le otorga el artículo 157 del Estatuto de Autonomía. La resolución puede tardar un año, pero mientras tanto el Gobierno va a elaborar su propia ley de Costas como hizo Galicia y el Constitucional le dio la razón.

En su recurso, el Ejecutivo canario solicita al TC “la anulación del acto viciado de incompetencia, esto es, la resolución de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico -Teresa Ribera (actual candidata del PSOE para las elecciones europeas del 9 de junio)- de fecha 27 de febrero de 2024 que declara -entre otros extremos- la caducidad de la concesión" otorgada en 2003 para la «ocupación y aprovechamiento del dominio público» por parte del hotel Oliva Beach junto a las Dunas de Corralejo de Fuerteventura y que determina su derribo.

Para Rodríguez, no se trata solo de esta intromisión, sino también en el deslinde del dominio público terrestre de Salinetas, en Telde, propuesto por la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

A su juicio, desde el Ministerio para la Transición Ecológica se ha tenido una actitud "inamovible" y la Comisión bilateral Canarias-Estado, el pasado 24 de abril, para tratar los traspasos de Costas que convocó el ministro canario y expresidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, fue un "fiasco absoluto". Pablo Rodríguez afeó el cambio de postura de Torres, que siendo presidente defendía lo mismo que ahora abandera el Gobierno canario.

Teresa Ribera, a Europa

En opinión del consejero, el Gobierno de España "no tiene intención, no le gusta, no le apetece, no tiene interés en traspasar las competencias de manera efectiva al Gobierno de Canarias".

También considera que aunque Teresa Ribera se vaya al Parlamento Europeo tras las elecciones europeas y cambie de titular en el ministerio no se va a arreglar este asunto. "Si fuese así yo le votaría", bromeó, en referencia a Ribera. "Pero me da la sensación de que la resistencia viene de más abajo, que viene de la propia estructura, del propio ministerio que de la propia ministra, que es verdad que tampoco ha ayudado mucho a romper esa resistencia", enfatizó.

Artículo 157 del Estatuto de Autonomía

Los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico defienden que corresponde a Canarias, en base al artículo 157 de su Estatuto de Autonomía, “la competencia exclusiva de ordenación del litoral”, lo que incluye “el otorgamiento de autorizaciones y concesiones sobre el dominio público marítimo, sin diferencias según el tipo de concesiones como pretende el Estado”. De hecho, el recurso que la comunidad autónoma elevará al TC sostiene que, desde la renovación de la Carta magna canaria en noviembre de 2018, el Gobierno español solo tiene competencias, para “establecer el régimen jurídico del demanio”.

Al respecto, Pablo Rodríguez se muestra convencido de que el Tribunal Constitucional dará la razón a la comunidad autónoma porque “el reconocimiento legal como responsables en exclusiva de esta materia ya está recogido en la Ley Orgánica 1/2018, por lo que no cabe discusión ni disputa ante este hecho”.

El consejero explicó que el posterior Real Decreto 713/2022 se enfoca en el traspaso de servicios y funciones en relación con las competencias transferidas a Canarias en esta materia de gestión del litoral. “Sin embargo, es con ese traspaso de servicios y funciones con el que no estamos de acuerdo, ya que lo consideramos insuficiente y por ello reclamamos su revisión”, indica.

Cataluña y Galicia

Rodríguez también evocó que existen varias sentencias del TC que refrendan la interpretación jurídica que defiende la comunidad autónoma sobre sus competencias plenas sobre el litoral. Además de un fallo sobre el ámbito competencial de Cataluña, el consejero considera “muy importante” la sentencia del Constitucional sobre la ley de Costas de Galicia, una normativa similar a la que Canarias tiene previsto aprobar en los próximos meses.

En concreto, el fallo del Tribunal Constitucional tras el recurso interpuesto por el Estado contra la ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia sostiene que “las funciones ejecutivas relativas a la gestión de títulos de utilización y ocupación del dominio público marítimo-terrestre no forman parte de las competencias estatales al tener su encaje en la competencia de ordenación del litoral”.

Cronología del conflicto

El acuerdo de presentación de este recurso ante el Tribunal Constitucional se produce después de que el Consejo de Ministros rechazara el pasado 30 de abril el requerimiento elevado por la comunidad autónoma en relación con la resolución del Ministerio de Transición Ecológica del 27 de febrero de este año. Tras este rechazo, Canarias tenía un mes para elevar un conflicto positivo competencial al TC, plazo que se cumple con el acuerdo adoptado este lunes.

Una semana antes del ‘no’ del Consejo de Ministros, el 24 de abril, se celebró en la capital grancanaria la Comisión Bilateral Canarias-Estado para intentar resolver este desencuentro por las competencias de Costas. Sin embargo, la reunión se saldó sin acercamiento, por lo que el propio consejero de Obras Públicas ya adelantó entonces la presentación del recurso ante el TC.

Este conflicto competencial parte del artículo 157 b del Estatuto de Autonomía de Canarias, donde se indica que “corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público, la competencia exclusiva en la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones”.

Sobre esa base, el Gobierno de Canarias abrió con el Estado la negociación del traspaso de la competencia sobre la gestión de su litoral. Así, el 30 de agosto de 2022, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto “de traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral”, un acuerdo “con fecha de efectividad del traspaso de funciones y servicios el 1 de enero de 2023”.

Pese a que Canarias asumió la competencia exclusiva de sus costas a principios de 2023, el Estado se niega a traspasar varios expedientes alegando que le sigue correspondiendo la gestión de las “concesiones compensatorias”. Por el contrario, la comunidad autónoma entiende y defiende en su recurso ante el TC “que no procede dicha dualidad concesional cuando hablamos de la gestión de la competencia en el demanio público marítimo-terrestre”.

Respaldo del Consultivo

La comunidad autónoma sustenta la defensa de sus competencias integrales en materia de Costas en informes de sus servicios jurídicos, de expertos constitucionalistas, y en el dictamen sobre este asunto elaborado por el Consejo Consultivo.

El pasado 5 de abril y a petición del Consejo de Gobierno, el Consejo Consultivo emitió un informe en el que considera que la resolución del Ministerio dirigido por Teresa Ribera “invade la competencia de la comunidad autónoma asumida en el art. 157, letra b) del Estatuto de Canarias, y el Real Decreto mediante el que el Estado transfirió desde el 1 de enero de 2023 las competencias de Costas”.

El Consejo Consultivo estima que tanto el Estatuto como el Real Decreto disponen que “toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal que necesite concesión corresponde al Gobierno de Canarias”. En consecuencia, su dictamen apoya la posición del Gobierno de Canarias de plantear este conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional para que “restaure el orden constitucional quebrantado”.

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