Canarias planta cara a los incendios con un plan para recuperar fincas privadas

Solo el 17% del territorio forestal es público

El objetivo es acabar con el abandono rural

Imagen de archivo de una vegetación con brotes verdes en la zona afectada por los incendios de Tenerife el pasado verano. | | MARÍA PISACA

Imagen de archivo de una vegetación con brotes verdes en la zona afectada por los incendios de Tenerife el pasado verano. | | MARÍA PISACA

Andrea Saavedra

Andrea Saavedra

El nuevo Plan Forestal de Canarias está a punto de salir del horno. El Gobierno autonómico está terminando de responder a las alegaciones presentadas en el proceso de consulta pública para, a continuación, trasladar la iniciativa al trámite parlamentario. Pero el objetivo principal sobre el que pivota está ya definido: intervenir las zonas de interfaz urbano-forestal para mantenerlas limpias y con terrenos cultivados. Esto permitirá generar una especie de «cinturón limpio» alrededor de los ecosistemas forestales, lo que protegerá los montes frente a los incendios. Acabar con el abandono de las áreas rurales es la herramienta que, según el plan, permitirá preservar la superficie forestal de Canarias que ocupa 578.227,33 hectáreas y supone un 78% del territorio.

El Ejecutivo planea realizar trabajos de limpieza en esas zonas para que los ciudadanos, dueños de los terrenos, recuperen sus cultivos. El plan apunta que la reactivación de terrenos forestales privados es «fundamental» ya que únicamente un 16,96% del territorio canario pertenece a las entidades públicas y el 83% está en manos privadas. Todos esos espacios requieren de una reactivación, sea agrícola, ganadera extensiva o forestal, que minimice el alto riesgo de incendios, plagas y enfermedades. ¿Cómo hacerlo? «Debemos asegurar una financiación que venga de Europa y poder aplicar esos fondos a estas áreas», explica el director general de Espacios Naturales y Biodiversidad de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, Miguel Ángel Morcuende, quien adelanta que los ciudadanos que se unan a la iniciativa tendrían un «complemento en la renta».

Cohesión social

Bajo esta fórmula el Gobierno persigue lograr cohesión social a través del desarrollo rural, y este precisamente uno de los principios inspiradores del plan. «El objetivo es fijar población y empleo y mejorar el entorno socioeconómico del medio rural para acabar con la Canarias vaciada», explica Morcuende. De esta manera el plan no solo apuesta por proteger la superficie forestal, también sirve de impulso para el sector primario. «Es muy importante mantener la población en áreas rurales porque precisamente de la interacción entre personas y el medio obtenemos al final un lugar habitable», añade.

Los incendios del pasado año, que arrasaron un total de 16.741 hectáreas en las Islas –13.000 en Tenerife, 3.310 en La Palma y 431 en Gran Canaria-, pusieron de relieve la importancia de la prevención. Según los datos de la Asociación Nacional de Empresas Forestales, del presupuestos para incendios en Canarias solo se destina un 24% a la prevención, frente al 76% de la inversión que va a la extinción.

Uno de los objetivos que busca alcanzar el nuevo plan es tener una planificación que ayude a poder realizar una gestión forestal activa, con bosques mejor adaptados al cambio climático, más resilientes, con mayor biodiversidad y mejor preparados para hacer frente a las posibles catástrofes. Para ello se plantean tratamientos selvícolas de mejora y conservación de los montes.

En cifras, esto se traduce en un aumento de unas 3.000 hectáreas de superficie arbolada y de 160 hectáreas de cubierta vegetal en zonas de alto riesgo de desertificación a medio plazo llegando a 8.000 hectáreas y casi 500, respectivamente, a largo plazo. Según los cálculos del Ejecutivo, la aplicación del plan supone una mejora en la huella de carbono del Archipiélago en 2.489.369,47 toneladas de CO2, lo que equivale, aproximadamente, a las emisiones de 800.000 coches durante un año.

Otro de los principios inspiradores del plan, en palabras de Morcuende, es «incidir en la multifuncionalidad de los montes» para que estos sean productivos, alberguen biodiversidad, generen servicios ecosistémicos y, además, sean bosques resilientes frente al cambio climático y los incendios. Promover un sector forestal «competente» que genere empleo y desarrollo en las zonas más despobladas, mejorando la vinculación de la población al monte y las zonas rurales. «Hay montes que podrían permitir un balance mejor de materias primas», reconoce el director de Espacios Naturales y Biodiversidad, que pone el ejemplo de las «maderas que podrían contribuir a una mayor cohesión social». El plan busca que el tejido empresarial e industrial pueda desarrollarse, innovar y ofrecer servicios de calidad. Es decir, que se vuelvan a crear conexiones entre la propiedad privada, las personas al cargo de la gestión forestal, las empresas e industrias .

Morcuende no aprecia, por el momento, «problemas» en los montes del Archipiélago asociados al turismo. «Los senderistas son turistas muy respetuosos, son amantes de la naturaleza y por ahora no he visto ninguna problemática» reconoce el responsable, quien asegura que muchas veces son los propios extranjeros los que «limpian» los caminos si se encuentran restos de basura.

Desde el Ejecutivo autonómico insisten en la importancia que se le ha dado a la participación ciudadana para la elaboración del plan. Solo se recibieron 31 alegaciones, 23 de ellas de administraciones públicas, para puntualizar aspectos específicos. Más que propuestas en sí, Morcuende puntualiza que se trata de «cuestiones técnicas» vinculadas al documento de aprobación inicial y al de evaluación ambiental.

Además del Plan Forestal de Canarias, el Gobierno tiene previstas otras acciones relacionadas con esta materia. El pasado 29 de abril el Consejo de Gobierno ya aprobó iniciar los trámites legislativos para elaborar la primera Ley de Montes de Canarias. Canarias no cuenta con una ley propia, y se rige por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes. El Ejecutivo ya está dando los primeros pasos en este sentido con la redacción del anteproyecto de ley para, posteriormente, pasar a una consulta pública y presentar un primer borrador previsto para 2025. Según apuntan desde la Consejería de Transición Ecológica, se pretende elaborar una norma que cuente con el consenso y el apoyo de todos los sectores implicados en su redacción.

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