Canarias continúa su renovación de la Ley del Suelo pese al parón de la norma estatal

La modificación de la Ley estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana, cuya tramitación en el Congreso retiró este jueves el Gobierno para evitar que fuera derrotada, pretendía "dar seguridad jurídica" y "evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables puedan conllevar la nulidad total de los planeamientos de ordenación territorial y urbanística". Así lo aseguró la ministra portavoz, Pilar Alegría, el pasado mes de marzo, cuando el Consejo de Ministros aprobó el texto del que ahora se han demarcado los socios de investidura del presidente Pedro Sánchez.

Este contratiempo para el Ejecutivo nacional no modifica la hoja de ruta de la Consejería de Política Territorial del Gobierno canario, cuyos equipos están inmersos en explicar a los alcaldes de los 88 municipios el proceso de "actualización" de la Ley del Suelo autonómica, cuyo primer borrador estará a finales de julio.

Así lo asegura el director general de Ordenación del Territorio, Onán Cruz: "miramos de reojo su tramitación, porque al ser una competencia estatal, incluiremos esos preceptos de seguridad jurídica si al final se aprueba la Ley, pero no afecta para nada a nuestra propia tramitación, aunque es cierto que muchos municipios estaban esperanzados con esta garantía jurídica que, de momento, ha quedado paralizada".

"Es cierto que muchos alcaldes tienen miedo a que un tribunal anule la totalidad de un plan de ordenación, con el trabajo de años que conlleva su redacción, y por eso este punto en concreto facilitaría la renovación de los planes", aseguró Cruz.

El primer borrador de la actualización de la norma canaria sobre suelo estará listo a finales de julio

Según Cruz, "nosotros seguimos trabajando en solventar las inseguridades jurídicas en lo que respecta a nuestras competencias", ya que la Ley del Suelo canaria, que tiene siete años de vigencia, ha sido especialmente problemática en su aplicación a nivel municipal "porque algunos ayuntamientos no han tenido la capacidad de hacerla funcionar, y hacer trabajar a sus oficinas técnicas como se debería haber hecho".

Aún así, desde Política Territorial insisten en que es una ley valiosa que descentralizó la política del suelo en Canarias, aunque deben añadirse "mejoras y adaptaciones". Modificaciones que también inciden en las posibles amenazas directas al territorio natural, por lo que se quiere reforzar la declaración de Bien de Interés para salvaguardar los espacios protegidos de la especulación urbanística y el desarrollo desordenado de la actividad turística.

La no nata modificación de la Ley del Suelo nacional incorpora un efecto colateral, tal y como en su momento recordó la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña): "si queremos hacer frente a la falta de oferta de vivienda de nuestro país y las dificultades de accesibilidad necesitamos desarrollar y gestionar suelo de manera más eficaz y con mayor seguridad jurídica".

Por eso, el Ministerio de Vivienda incluyó en el proyecto de ley algunas modificaciones solicitadas por el sector inmobiliario, como la agilización de licencias de obra en promociones levantadas en suelos públicos y el silencio administrativo positivo.

"Construir más vivienda sin consumir más suelo" no choca con la ‘no nata’ norma nacional

Esta vertiente habitacional de la modificación de la ley estatal tampoco afecta al contenido del decreto urgente en materia de vivienda que impulsa el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, pues el objetivo de la norma canaria es "priorizar la construcción de vivienda protegida sin consumir más suelo" con el fin de incrementar el parque público e incluso se acelerarán los procedimientos para "dar salida a construcciones y urbanizaciones inacabadas o abandonadas".

Como recuerdan desde la Consejería, "se permite que en los suelos urbanizables ordenados que no se encuentren completamente desarrollados y en los que se da la compatibilidad del uso residencial y turístico, se puede destinar el resto completamente a uso residencial, siempre que un tercio se destine a vivienda protegida de promoción privada". Con ello, la Consejería "pretende aumentar la oferta" de residencias sin consumir más suelo y sin esperar a que se revisen los planes de ordenación territorial y urbanística.

Por lo tanto, las vicisitudes del Gobierno de Sánchez no afectan a los planes de ordenación territoriales y de facilitar el incremento de vivienda que entre manos tiene el Ejecutivo del presidente Fernando Clavijo.

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