El Parlamento pide que el derecho internacional reconozca a Canarias como archipiélago de Estado

La delimitación de las aguas canarias y la competencia sobre ellas es una aspiración histórica tanto de la ciudadanía como de la clase política reclamada a través de iniciativas aprobadas por la práctica totalidad de los ayuntamientos, cabildos y el propio Parlamento. La Ley de Aguas Canarias que aprobó en 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque delimitó por vez primera las aguas marítimas del Archipiélago, mantiene la soberanía del Estado español, pero con titularidad de competencias al Gobierno de Canarias. El propio texto añade que "la Ley carece de contenido jurídico a efectos internacionales", lo que la convierte en una aplicación unilateral e interna española que no obliga su cumplimiento a terceros países.

La delimitación internacional de las aguas canarias tiene relevancia desde el punto de vista económico y geopolítico, pues la Comunidad Autónoma controlaría los posibles yacimientos de tierras raras cercanos a sus aguas y garantizaría que las posibles extracciones que se realicen no serían un riesgo para la población, la biodiversidad marina o sectores económicos claves como la pesca o el turismo.

Ayer se dió un paso más en este intento cuando únicamente Vox votó en contra (en protesta por haber sido excluido de las negociaciones, pero no con el fondo de la reivindicación) de pedir a los gobiernos de España y Canarias lograr que las Islas sean reconocidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) como un archipiélago de Estado de pleno derecho, tal y como se recoge en su artículo 46 b): "por archipiélago se entiende un grupo de islas, incluidas partes de islas, las aguas que las conectan y otros elementos naturales, que estén tan estrechamente relacionados entre sí que tales islas, aguas y elementos naturales formen una entidad geográfica, económica y política intrínseca o que históricamente hayan sido considerados como tal".

La Ley de Aguas del año 2010 "carece de contenido jurídico a todos los efectos internacionales"

Solo de esta manera el derecho internacional desactivaría la falsa premisa que esgrime siempre Marruecos de que Canarias, como parte del Estado español, solo tiene mar territorial y no Zona Económica Exclusiva (ZEE) porque es un territorio de ultramar de un Estado europeo en África.

Para la Cámara regional, "urge lograr seguridad jurídica internacional que aclare la extensión y competencia de sus aguas como archipiélago con reconocimiento internacional en relación con la integración como RUP dentro de Europa", debido a todos los conflictos abiertos con Marruecos.

La iniciativa, impulsada por el movimiento vecinal Plataforma por el Mar Canario y defendida por Luis Campos (NC-Bc), recuerda que el Estatuto de Autonomía establece en su artículo 1.1 que "Canarias es un archipiélago atlántico que, como expresión de su identidad singular basada en sus circunstancias geográficas, históricas y culturales, ejerce el derecho al autogobierno como nacionalidad, constituyéndose en Comunidad Autónoma en el marco del Estado español". Una consideración como archipiélago que también viene reflejada el artículo 141.4 de la Constitución.

Campos recordó durante su intervención que el reconocimiento de Canarias como Archipiélago se refuerza en 2003 cuando el Gobierno de España presentó ante la Organización Marítima Internacional (OMI) una propuesta de categorización como Zona Marítima especialmente sensible (ZMES) que se hizo realidad el 22 de julio de 2005 con una delimitación perimetral del archipiélago. Además, España promulgó Ley de Aguas Canarias que finalmente se reflejó en el Estatuto de Autonomía de 2018. Bajo el amparo de esta norma, España solicitó el 11 de mayo de 2009 ante las Naciones Unidas la ampliación de su Zona Económica Exclusiva al oeste de las islas sin que hasta la fecha se haya alcanzado un consenso internacional en la delimitación de las aguas canarias, puesto que los criterios para tal delimitación no se han fijado.