El PP se desmarca de la propuesta de Clavijo y CC de limitar la venta de viviendas a extranjeros no residentes

La propuesta electoral estrella de Coalición Canaria (CC), apoyada públicamente por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para que la Unión Europea (UE) permita restringir la compra de viviendas a extranjeros no residentes tiene el rechazo del Partido Popular (PP), su principal socio en el Gobierno, y cuenta con reparos de AHI y ASG, las otras dos fuerzas que sostienen parlamentariamente al gabinete.

En la sesión de control al Ejecutivo celebrada este martes en la Cámara regional, la diputada conservadora Jennifer Curbelo fue clara y contundente: "no debemos olvidar que Canarias forma parte de la UE y, por lo tanto, debemos respetar sus principios fundamentales de libertad de circulación de personas y de capitales".

Y por si no quedó explícito, remachó: "apoyaremos medidas para poner en el mercado viviendas dignas. Podemos hacer todos los estudios sobre otras posibilidades que se crean necesarios, pero no nos desviemos de que lo verdaderamente importante es impulsar y promover la vivienda pública en Canarias".

Este jarro de agua fría del PP apenas tres días antes del inicio de la campaña al Parlamento Europeo se completó con las reticencias mostradas por los otros dos socios de CC. Melodie Mendoza (ASG), insistió en que "la falta de vivienda que hay en Canarias no se debe solo a la compra de casas por extranjeros", por lo que hay que "buscar otras medidas además de poner límites". Por su parte, el herreño Raúl Acosta aseguró que la emergencia habitacional "es fruto de un genocidio provocado por el sector inmobiliario, que brinda una oferta de vivienda insuficiente y expulsa a quienes menos recursos tienen, pues los residentes no tienen el mismo poder adquisitivo que los extranjeros".

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, insistió en poner límites a la compra de casas a los extranjeros no residentes "es una medida más de las muchas que se pueden adoptar" para abordar la emergencia habitacional, por lo que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma preparan un estudio para pedir a la UE que se pueda llevar a cabo apelando al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento que reconoce al Archipiélago como región ultraperiférica (RUP).

Este límite podría argumentarse por tres vías: la exigencia de un tiempo mínimo de estancia en el país para poder adquirir una vivienda, la exigencia de una autorización previa a la hora de comprar y el incremento de las figuras fiscales y tributarias.

"Hay pocas dudas de que se está desvirtuando el mercado inmobiliario de manera clara y no descartamos encontrar tanto a Europa como al Estado español como aliados ante esta circunstancia excepcional", concluyó.