La defensa del menor que lleva cinco meses en prisión recurre a la ONU

K. C. tiene 16 años y lleva 158 días encarcelado en la prisión de Tenerife II, acusado de ser el patrón su cayuco. Más de cinco meses en una cárcel de adultos. Sin comprender qué le ha llevado hasta ahí. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife rechaza ponerlo en libertad al concluir que «existen dudas» sobre la autenticidad del certificado de nacimiento aportado por el joven, a pesar de que ha sido validado por el Consulado de Gambia, su país natal. El documento recoge que nació en noviembre de 2007 y fue inscrito en enero de 2008, confirmando su minoría de edad. Tras esta negativa, su defensa ha recurrido al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ante el que ha denunciado la vulneración de la normativa de protección de la infancia y las irregularidades jurídicas que se han producido desde que K. C. arribó a Canarias. Hace solo tres semanas, este organismo de la ONU amparó a un menor senegalés que pasó casi tres meses en prisión preventiva en Gran Canaria –acusado de patronear su cayuco– y urgió a España a asegurar que no permaneciera recluido junto a adultos.

Acusado de ser patrón de homicidio imprudente, puede enfrentarse a una pena de ocho años

El cayuco de K. C. zarpó desde la costa de Gambia con unas 240 personas a bordo. Tras nueve días de navegación, fue localizado por Salvamento Marítimo cerca de Los Cristianos, donde desembarcaron el 28 de octubre de 2023. A puerto solo llegaron 226 personas, entre ellas el cadáver de un niño de 13 años. Durante la travesía fallecieron otras diez personas, cuyos cuerpos fueron arrojados por la borda. Al llegar, el joven aseguró ser gambiano e informó de que tenía 16 años. En ese momento se produjo la primera irregularidad, según afirma su abogada, Sara Rodríguez Trigo, pues fue filiado como un senegalés de 20 años. Durante los interrogatorios de la policía, varios ocupantes de la barquilla lo señalan como patrón a él y a otras tres personas más. «Les toman declaración el día de la llegada, cuando todavía están aturdidos. Es una lotería. Les ponen las fotos delante y les piden que señalen. Todo depende de la gente que se anime a acusar, teniendo en cuenta que les ofrecen beneficios administrativos», detalla la letrada.

Estos testimonios bastaron para enviar a K.C. a prisión provisional y sin fianza, acusado de homicidio imprudente y de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El día 31 de octubre cruzó las puertas de Tenerife II. Sin entender cuál era su situación, sin saber cuál sería su futuro y sin la ayuda de nadie. Un mes después, se puso en contacto con él una asociación que recibe llamadas de los familiares de personas acusadas de ser capitanes. En ese momento empezó la lucha por demostrar su minoría de edad, para poder sacarlo de la cárcel. «En el primer contacto lo vi totalmente confundido, con un sentimiento de despojo de dignidad. Lo primero que me preguntó fue que cómo era posible que en España metieran a niños en prisión. Se llevaba las manos a la cabeza. Lloraba. Lloraba mucho», recuerda la persona que mantiene contacto con él y que se ha convertido en su único enlace con el exterior. Su labor es la de acompañar a las familias, que muchas veces creen que están en centros de acogida y no terminan de entender que se encuentran retenidos y las consecuencias que eso implica. «Su padre murió cuando él era muy pequeño y su madre vive en una isla remota de Senegal. Es muy difícil contactar con ella para pedirle que haga trámites legales. Las diferencias culturales le impiden entender los tiempos de la burocracia europea. Piden cosas que no se ajustan al contexto cultural de Gambia. Esto es violencia institucional», señala la persona que le ofrece acompañamiento.

El juez deniega realizarle un informe holístico incluyendo el grado de madurez cognitiva

K. C. alertó de que era menor de edad y logró entregar su partida de nacimiento. No fue hasta diciembre cuando desde prisión dieron traslado de esa documentación al juzgado. Fue entonces cuando la Fiscalía ordenó que se le hicieran las pruebas de determinación edad. Unas pruebas que, según Rodríguez Trigo, nunca tendrían que haberse realizado, porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que, cuando existe documentación que acredita la edad, esta debe prevalecer. No obstante, la única prueba que se le realizó al joven fue una radiografía del carpo de la mano izquierda. «Además de que la hicieron sin intérprete y sin su consentimiento, ni lo exploraron, ni le hicieron un estudio integral. Físicamente es evidente que es un niño y también se nota en su grado de madurez», señala la abogada.

Una negativa tras otra

A esta irregularidad se suma que el informe resultante de la prueba concluye que «el explorado tiene una edad ósea superior a los 18 años», pero no contempla una horquilla de edad máxima y mínima para establecer un margen de error. Este jueves, el juez denegó la posibilidad de realizarle un informe holístico, incluyendo el grado de madurez cognitiva, moral, emocional y el desarrollo físico, que es lo que se recomienda. «El juez rechaza y deshecha toda la doctrina del Tribunal Supremo sobre la validez de la partida de nacimiento, sobre la presunción de minoría y sobre la determinación de edad y sus consideraciones», lamenta Rodríguez Trigo.

Al estar en prisión provisional, se podría acordar otra medida menos gravosa, como un arresto domiciliario o comparecencias periódicas, pero el Juzgado de Instrucción nº 4 de Arona también rechaza estas alternativas. Una decisión que, a juicio de la letrada, se toma basándose en que «el niño es negro». K. C. se enfrenta a una pena de prisión que podría superar los ocho años. «Lo único que tiene como ancla para poder sobrevivir a la tortura de estar privado de libertar es saber que hay gente fuera luchando por él», advierte la persona de la asociación que le acompaña en el proceso.

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