Los cabildos se solidarizan con La Palma y apoyan dos decretos "vitales" para su reconstrucción

La "cicatriz" que la lava del volcán Tajogaite produjo en septiembre de 2021 al tejido social de La Palma va más allá de las viviendas destruidas y los campos de cultivo arrasados, pues los damnificados viven un auténtico "drama social" , como recordó la consejera del Cabildo palmero de Acción Social, Igualdad, Diversidad, Salud y Vivienda, Ángeles Fernández. Por ello, no es de extrañar que la totalidad de los cabildos (salvo el de Gran Canaria, que se ausentó) apoyaran dos nuevos decretos urgentes elaborados por el Gobierno regional para que los damnificados por el volcán "dejen de vivir en casas de sus familiares, en cabañas de madera o en contenedores" y, además, puedan reiniciar su actividad en la agricultura y la ganadería, "que son dos actividades que forman las señas de identidad y del paisajismo" de la Isla.

Así, los representantes de las corporaciones insulares avalaron las medidas urgentes en las materias de vivienda protegida y agraria, unos textos que también recibieron la práctica unanimidad de las fuerzas políticas parlamentarias, ya que el PSOE considera que el agrario, tal y como ha sido aprobado por el Gobierno, "va a ser nefasto para el sector platanero del Valle de Aridane".

Los textos legales serán convalidados en la próxima sesión plenaria del Parlamento, aunque están en vigor, y simplifican los trámites para la construcción de vivienda protegida, habilitando como urbanas quince parcelas en suelo rústico en ocho municipios de la isla, y permite la recuperación de las fincas perdidas en su lugar original, "siempre que lo permita la naturaleza".

Pedro Afonso, viceconsejero de recuperación económica y social de La Palma del Gobierno de Canarias recordó durante su defensa del decreto sobre vivienda protegidas que ya antes de la erupción del volcán había 531 familias demandantes de vivienda pública en la isla, lo que se incrementó "en solo 85 días" debido a que con la lava desaparecieron 1.785 edificaciones, de las cuales "1.583 casas tenían uso residencial".

Sobre el contenido del decreto, destacó el artículo 5 de cesión del suelo, que determina que transcurrido un año sin acuerdo plenario de cesión de suelo, las parcelas recuperarán la clasificación, categoría y clasificación anterior y el 7, de contratación conjunta de proyecto y obra, como medida de simplificación del procedimiento administrativo.

Eduardo García, jefe de sección en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, detalló que el decreto agrícola define una zona de recuperación agraria en la que se puede actuar, y otra condicionada por los riesgos de colapso hasta que se haga un estudio geotérmico. A su vez, la zona de recuperación se subdivide en función del grosor de la colada, de modo que en caso de que supere los diez metros se requiere un informe técnico del Cabildo.

Además, los titulares de las fincas afectadas pueden optar a una concentración parcelaria apoyada por el Gobierno de Canarias, a reubicarse en otras parcelas o a dejar al actividad agrícola a cambio de una compensación.

Suscríbete para seguir leyendo