Un contrato «injustificado» para una compra sanitaria a la oferta más cara

Los contratos que realizó el Servicio Canario de Salud para la compra de material sanitario durante la pandemia continúan generando polémica. Una auditoria realizada por la Intervención General de Canarias –dependiente de la Consejería de Hacienda– en 2022 para controlar el destino de los fondos comunitarios Feder revela graves deficiencias en uno de los contratos que la administración canaria cerró en junio de 2021 con la empresa Tanoja Services, cuyo propietario está siendo investigado por fraude fiscal en el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. Las verificaciones que realiza el órgano de fiscalización sobre un contrato de compra de 7 millones de guantes que Sanidad acordó por 2,1 millones de euros a través de procedimiento de emergencia evidencian «irregularidades» vinculadas a la contratación pública con Tanoja.

La carencia de documentos de recepción del material, la falta de contrato o la ausencia de escritos oficiales en los que conste la forma en la que se produjo el contacto con la empresa, son solo algunas de las cuestiones que señala el informe.

Durante la crisis sanitaria, el Servicio Canario de Salud acordó con Tanoja hasta tres contratos por 4,2 millones de euros en total. Pero Intervención solo analiza en su informe, en el marco del plan de auditorias de 2022, una de las transacciones realizadas y seleccionada a través de un muestreo. El objetivo del control financiero es verificar la legalidad y regularidad del gasto declarado. El administrador de esta empresa es el mismo que el de Damco Trading Services, que vendió material sanitario a la administración canaria por 17 millones de euros. Noel Jammal Fernández está siendo investigado por las operaciones de compraventa con el SCS tras una denuncia de la Fiscalía de delitos económicos.

Conclusiones

La primera conclusión «desfavorable» a la que llega el órgano de control en el citado informe es que la tramitación del contrato por procedimiento de emergencia no está «justificada» lo que supone un incumplimiento de la normativa de contratación. La Dirección general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud utilizó la adjudicación por emergencia bajo el argumento de que se necesitaban guantes para el proceso de vacunación que comenzaba. El SCS alegó la existencia de una demanda imprevista, pero los datos recabados por Intervención reflejan que solo se suministraron unas 480.000 vacunas en marzo y abril de ese año ­–meses posteriores al contrato– frente a los 7 millones de guantes que se compraron. Por lo que, según el informe, «no puede obtenerse una vinculación entre las vacunas reales y la adquisición auditada».

En el documento, Intervención también aporta ejemplos de contratos que se tramitaron en Canarias por la vía ordinaria y que se resolvieron en el plazo de un mes. En concreto menciona un acuerdo de compra en la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote. «Teniendo en cuenta las posibilidades de planificación de la vacunación y de los instrumentos contractuales que pudieron utilizarse, no puede darse por justificado el recurso al procedimiento de emergencia», concluye el informe.

Al órgano de control no solo le sorprende el procedimiento utilizado para la contratación, también la elección de la empresa. «El precio unitario de los guantes ofertados por otros proveedores es sensiblemente inferior al ofertado por el proveedor Tanoja Services en el contrato objeto de control y en el resto de contratos», aclara el documento. El precio por guante de otro de los proveedores con los que negoció la administración canaria, Valsons Traders Exportaciones, estaba en 0,10 céntimos mientras que el de Tanoja era tres veces superior (0,30 céntimos). El informe de Intervención aclara que no existen documentos del SCS que expliquen las razones que llevaron a la administración a escoger al proveedor más caro.

La sospecha crece cuando ya existían antecedentes de contratos con mejores condiciones económicas y oferta similares sobre la mesa. «Sorprende que tampoco se haya contado con el proveedor propuesto por la propia Gerencia de Lanzarote, Izasa Hospital, para el suministro de 1.389.000 guantes de nitrilo a un precio medio de 0,10 céntimos» , expone el informe.

El órgano de fiscalización también denuncia que no constan registros que justifiquen la comunicación entre el SCS y Tanoja solicitando los 7 millones de guantes. Tampoco existen documentos de recepción del pedido, ni contrato por escrito.

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