Unos 46.789 empleados públicos trabajan en las Islas menos horas de las que pide la ministra Díaz

Los trabajadores públicos, funcionarios y personal estatutario de Canarias van por delante del acuerdo que suscribieron PSOE y Sumar para reducir la jornada laboral en el sector privado desde las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas para 2025 sin merma salarial.

La idea de la líder de Sumar, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es que en 2024 la jornada se recorte hasta las 38,5 horas y acabar la legislatura en 2027 con 35 horas semanales. Es más, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no ocultó su deseo de que «esta legislatura sea la de las 35 horas semanales».

El sector público de las Islas se adelantó en 2019. Desde hace cinco años un total de 46.789 funcionarios y personal estatutario de la Comunidad Autónoma disfrutan de una jornada laboral de 35 horas semanales.

Cinco años por delante

Esta decisión, tomada por el entonces consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, se plasmó legalmente en la disposición adicional 16.1 de la Ley de Presupuestos dela Comunidad Autónoma de Canarias para 2019: «la jornada de trabajo en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, aplicable a todo el personal a su servicio, sea cual fuere la naturaleza de su vínculo jurídico, el grupo o subgrupo de clasificación y el puesto que se desempeñe, será de 35 horas semanales de trabajo efectivo».

El apartado 3 de la misma disposición adicional incluyó al «personal que se encuentre adscrito a las instituciones sanitarias integradas en el Servicio Canario de la Salud, sea cual fuere la naturaleza de su vínculo jurídico»: 35 horas semanales de trabajo efectivo con promedio en cómputo anual, equivalente 1.533 horas.

Quedaron excluidos de esta rebaja laboral y el personal docente no universitario y el del Cuerpo General de la Policía Canaria, que aún en la actualidad trabajan37,5 horas semanales. Las mismas horas que la ministra Díaz aborda en la mesa de diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales para reducir unas horas de trabajo que «llevan ancladas 40 años» .

Desde 2019 el sector público canario se adelantó a la mesa de negociación para el sector privado

En la actualidad, hay 7.790 empleados en la Administración General de la Comunidad Autónoma, de los cuales 4.349 son funcionarios y el resto laborales. A ellos se une el personal de los servicios de salud (con un régimen distinto aunque en la práctica sea parecido al resto del funcionariado), que tiene una plantilla orgánica compuesta por unos 34.700 trabajadores de más de un centenar de categorías tanto sanitarias como no sanitarias, y los 4.299 de la plantilla del personal no docente de Administración y Servicios (PAS) dependientes de la Consejería de Educación.

Barragán recuerda que el acuerdo estatal firmado para la recuperación de derechos en el sector público que impulsó el entonces consejero de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, permitia la fijación de la jornada semanal de 35 horas.

«En la Administración General el personal laboral ya disfrutaba en realidad de 35 horas, pues fue una decisión anterior adoptada por cortesía para contrarrestar los efectos de los recortes impuestos por la crisis, así que esa nueva medida más bien benefició al personal funcionario que tenía una jornada de 37,5 horas y lo hicimos porque se consideró correcto igualar a ambos colectivos», explica Barragán.

Mejora del empleo público

Fue el 9 de marzo de 2018 cuando el entonces ministro Montoro y los sindicatos firmaron el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo.

El mismo permitía, entre otras medidas, el incremento de los salarios entre un 6,1 y un 8,8% en tres años, la recuperación de empleo y estabilización de las plazas temporales en todas las administraciones y la reposición de la negociación colectiva para aproximadamente tres millones de trabajadoras y trabajadores de toda España. También se recuperó la capacidad de negociación de las 35 horas en las Administraciones que las tuvieran y que cumplieran «los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de déficit público, deuda pública y regla de gasto», como era el caso de Canarias.

Tiempo después del acuerdo estatal la Consejería de Presidencia selló en las Islas el suyo con los sindicatos CCOO, UGT y Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que, además de las 35 horas, pactó con el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza-Intersindical Canaria (STEC-IC) volver al horario lectivo de 23 horas lectivas para los docentes de Primaria y de 18 horas para los profesores de Secundaria. En aquel momento se calculaba que la medida implicaría un desembolso de 50 millones para la contratación de casi 2.000 personas para hacer frente a la reducción horaria.

STEC quiere 35 horas

En estos momentos, y aprovechando el caldo de cultivo generado trasel debate abierto por la ministra Díaz, el STEC quiere «tener la mismas jornada laboral de 35 horas semanales que el resto del funcionariado público» canario.

Gerardo Rodríguez, miembro del Secretariado Nacional del sindicato STEC-IC, asegura que esa reducción horaria «permitiría aumentar la plantilla actual, que es de unos 3.000 docentes menos que en otras comunidades con población similar a Canarias».

«Esperamos que la propia Consejería de Educación incluya esta medida en una próxima mesa sectorial pero, de no ser así, no descartamos ser nosotros quienes abramos el debate dentro del que existe en resto del país», apunta Rodríguez.

El STEC busca lograr que el profesorado rebaje su horario laboral hasta las 35 horas semanales

Para STEC-IC, «la reducción debe hacerse en las 23 horas lectivas en Primaria y las 18 horas en Secundaria» pues solamente así «no solamente se incrementaría la plantilla sino que quedarían más horas para afrontar las cuestiones burocráticas que tienene que hacer los docentes y que no van a desaparecer».

 En el resto de España, la rebaja de la jornada laboral de los trabajadores privados que impulsa la ministra Díaz ahora también tiene su derivada en el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ya que CSIF se reunió con él en enero para debatir las 35 horas de jornada en las administraciones públicas.

«Las prioridades son un nuevo acuerdo de legislatura que ponga en valor el trabajo de las empleadas y empleados públicos mediante la mejora de sus condiciones laborales y retributivas: un nuevo acuerdo salarial, el refuerzo de las plantillas, la jornada laboral de 35 horas semanales en el conjunto del Estado y mejoras en las condiciones de jubilación», defendió el presidente del sindicato, Miguel Borra.

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