En libertad un menor en Gran Canaria y a la espera otros dos en Tenerife

El Juzgado número 2 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ordenó la inmediata puesta en libertad de un menor senegalés que pasó 57 días en la prisión de Las Palmas II. La decisión se adoptó tras comprobar que no es adulto al recibir los informes sobre las pruebas realizadas por el Instituto de Medicina Legal a dos jóvenes que desde que ingresaron en la cárcel aportaron desde el primer momento partidas de nacimiento que indicaron que tenían 15 y 17 años, respectivamente. Las pruebas de los forenses corroboraron la minoría de edad de Assame, que fue puesto en manos de la Dirección General de Protección de la Infancia de Gobierno de Canarias a la espera de juicio, mientras que su compañero Boubou seguirá en prisión preventiva por ser declarado adulto.

"Tener a menores en cárceles para adultos es un despropósito y confirma que la saturación y falta de efectivos impiden que podamos garantizar los derechos de los niños y niñas", aseguró el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras conocer la liberación del menor.

Sin embargo, el caso de Assame no es el único en el que, en definición de Clavijo, no se garantizan los derechos de los menores: en el centro penitenciario de Tenerife II hay otros dos menores que llevan en prisión desde hace cuatro y seis meses. El primero de ellos, al que su abogada defensora, Sara Rodríguez Trigo, se refiere como K, fue uno de los supervivientes del cayuco localizado en octubre a 82 millas de la costa de Granadilla de Abona (Tenerife) en el que se encontró el cuerpo sin vida de un niño de unos 12 o 13 años, mientras que otros 19 fallecidos habían sido arrojados al mar durante una travesía que partió desde Gambia con más de 240 personas a bordo. El segundo de estos menores arribó en los primeros días del repunte migratorio que se inició el pasado verano.

Clavijo pide una solución «inmediata» al «despropósito» de tener menores presos en cárceles

Ambos alegaron a pie de muelle que no eran adultos. K enseñó su partida de nacimiento fechada en 2007 (16 años), pero se le afilió como mayor de edad (20 años) y fue enviado a prisión porque cuatro testigos aseguraron que lo habían visto repartir agua en el cayuco, lo que a efectos de la Fiscalía es un «indicio de criminalidad» suficiente para acusarle como presunto patrón de la embarcación. El caso del otro menor es más complicado, pues no aportó documento alguno y aún no se ha podido contactar con su familia de Senegal para que remita los certificados que acrediten su edad.

Con todo, la decisión de su ingreso en prisión como adultos contraviene los criterios expresados tanto por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como por la jusrisprudencia asentada en base a múltiples sentencias del Tribunal Supremo y que hacen prevalecer la "presunción de minoría" y el "interés superior del menor" respecto a cualquier otra consideración.

Los expertos que forman el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU aconsejaron a España en 2020 que mientras el procedimiento para determinar la edad del migrante esté pendiente, "la persona debe presumirse como menor de edad y ser tratada como tal", lo que no ha sucedido en los casos de menores encarcelados en Canarias.

Años antes, en 2005, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) dictó una sentencia en la que se especificaba que ante una "situación, aparentemente dudosa, debemos concluir que frente a la voluntarista afirmación de una edad", que puede tener tanto "finalidades autodefensivas" como "autoprotectoras", debe prevalecer, "sin ningún género de dudas, la certeza de la certificación de nacimiento debidamente autenticada y protocolizada", como es el caso de la partida de nacimiento que K aportó en su momento, aunque para la Fiscalía, como afirma la letrada Rodríguez Trigo, "solamente es válido el pasaporte", un documento del que carecen la práctica totalidad de los migrantes que arriban a las costas canarias en cayucos.

Interés superior del menor

También el TS, en una sentencia de 2022, señaló que el interés del menor "requiere una valoración particularizada de cada caso en atención a las circunstancias concurrentes" y deben "conciliarse" tanto "el celo dirigido a evitar el fraude de las mafias" como "el peligro que representa para los menores la convivencia con quien no lo es, con el riesgo que, de otra parte, supone tratar como mayor y dejar sin protección a quien sí es menor".

Tanto el presidente Clavijo como la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y el viceconsejero Francisco Candil apuntan en la misma dirección para evitar que menores acaben encarcelados con adultos: "más medios materiales y humanos con equipos formados específicamente" para poder evaluar rapidamente la edad de las personas que llegan al Archipiélago.

Un operativo como el que, durante noviembre y diciembre, se instaló en el sur de Tenerife como experiencia piloto y que, inexplicablemente, no se reactivó pese a que Canarias ha recibido 11.704 migrantes en sus costas desde el 1 de enero, una cifra que supera en 10.102 la alcanzada en el mismo periodo del año 2023, cuando arribaron al archipiélago 1.602 personas. Lo han hecho en 176 embarcaciones precarias, 139 más de las 37 que llegaron en el primer mes y medio de 2023, según el balance quincenal publicado este viernes por el Ministerio del Interior.

Hay 15 documentos de la ONU instando a España a modificar el procedimiento para determinar la edad

En estos momentos, el Gobierno canario tiene bajo su tutela a más de 5.600 menores y el viceconsejero Candil considera que "1.400 son adultos", aunque el retraso en las pruebas osiométricas impide certificar su edad.

Con todo, hay hasta 15 documentos de la ONU instando a España a modificar el procedimiento actual de determinación de la edad, pues "la radiografía comúnmente practicada tiene un margen de error de cuatro años". Y en 2015 el Supremo sentenció que "las técnicas actuales no permiten establecer con total precisión la edad de un individuo".

Es más, el propio informe forense que se emitió sobre K tres meses después de su ingreso en Tenerife II (en el que se dice que tiene más de 18 años y fue recurrido por su abogada) reconoce que sus datos "no ofrecen un grado de certeza absoluto, existiendo un margen de error". 

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