Los constructores aplauden que se decrete la urgencia de construir viviendas

Las patronales de la construcción canarias aplauden que el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda declare el «interés general» de las obras de construcción de viviendas protegidas y que se tramiten por la vía de urgencia las licencias y demás procedimientos vinculados a las edificaciones habitacionales. «Es una fuerte apuesta por impulsar la construcción de viviendas creando un marco que permite acciones directas y excepcionales», asegura la presidenta de la Asociación de Promotores y Constructores de Las Palmas, Salud Gil. Por su parte, Isidro Martín, secretario y portavoz de la Federación de Empresarios de la Construcción de Tenerife, añade que «el Gobierno ha cogido el toro por los cuernos» a la hora de imprimir agilidad para que las licencias estén en meses y no en años, como suele ser la tónica habitual.

Martín, representante del sector inmobiliario tinerfeño, advierte de la necesidad de «activar suelo» y de que los funcionarios «se pongan las pilas» para resolver los trámites ante una demanda cada vez mayor frente a una oferta que no es capaz de responder en la misma medida. El decreto ley sigue algunas de las «directrices» del sector privado, lo que facilita que la Administración y los constructores vayan de la mano mediante fórmulas como el derecho de superficie, el silencio administrativo para resolver los expedientes o el rescate de la licencia original para terminar una edificación inacabada. «Se han puesto por primera vez los elementos necesarios para impulsar la construcción de viviendas no solo para hacer negocio, sino sobre todo para las familias que lo necesitan tanto vulnerables como para las clases medias, que también requieren una respuesta», añade Salud Gil.

8.000 viviendas

La patronal de la construcción de Las Palmas lanza la posibilidad de que se puedan construir una media de 8.000 viviendas en cuatro años desde el sector privado. Salud Gil señala que las empresas están dispuestas a promover viviendas de alquiler asequible «a través de instrumentos como la Reserva para Inversiones (RIC), hay promotores interesados pero todo dependerá de la capacidad que tenga la Administración de poner en marcha toda la maquinaria de calificaciones y visados». Llegar a edificar 8.000 pisos protegidos estará en función de que también haya coordinación entre los ayuntamientos, los cabildos y la Comunidad Autónoma «y empezar a engrasar la maquinaria una vez que entre en vigor el decreto ley», por lo que llegar a ese número de viviendas nuevas o incluso más dependerá de que «el sistema sea capaz de absorber todo el trabajo que supone». Gil cree que el texto del Ejecutivo pone las bases para que se vaya en el camino correcto al reducir los plazos a la mitad, entre otras cuestiones.

No se muestra tan optimista el representante de la patronal de Tenerife. Isidro Martín cree que ahora mismo «estamos muy lejos de llegar a esas cifras de viviendas y a corto plazo no lo veo viable» aunque a raíz de este decreto ley «tenemos que dar los pasos para caminar sobre hechos reales y posibles y no sobre publicidad y anuncios». Y empezar a caminar significa que en esta legislatura se podrían alcanzar las 3.000 o 4.000 viviendas de nueva construcción y aquellas que se puedan reconvertir o acabar a través de los requisitos que se facilitan en la nueva norma autonómica. «Si podemos conseguir más viviendas bienvenido sea pero para eso nos tenemos que involucrar todos porque estamos ante un escenario preocupante», añade Martín.

Actualizar precios

Para el sector privado era esencial que se actualizasen los precios de referencia del módulo básico para que a los constructores les resultase atractivo construir pisos protegidos, ya que el módulo vigente hasta ahora no cubría ni de lejos los costes, sobre todo en las islas no capitalinas. «Después de 20 años se ha dado un paso de gigante aunque sigue siendo insuficiente, por lo que ahora esperamos que la revisión del módulo se haga anualmente», cuestiona el representante de la patronal tinerfeña, que propone que se debería superar los 2.000 euros el metro cuadrado en las islas capitalinas frente a los 1.905,25 euros en los que ha quedado en el decreto ley. Por su parte Salud Gil cree que el precio fijado por el Gobierno «se acerca bastante» a lo que solicitaban los promotores.

La posibilidad de que se destinen locales comerciales y oficinas a viviendas a través de un cambio de uso es una medida bien vista por las patronales de la construcción, una iniciativa que ya se aplica en otras comunidades y que en ciudades como Madrid es ya habitual en algunas zonas. Para Isidro Martín se trata de una posibilidad que abre la puerta a nuevas viviendas aunque siempre y cuando reúnan los requisitos de habitabilidad adecuados y estén contemplados en las ordenanzas municipales. «No todos los locales u oficinas son viables para convertirse en vivienda, hay que tener muy en cuenta si reúnen las condiciones necesarias para el cambio de uso», añade el dirigente empresarial.

Para Salud Gil este tipo de medidas suponen sobre todo un revulsivo para aquellas zonas y barrios que están con un «abandono comercial» muy grande y que cuentan con edificios de oficinas y locales en desuso y que servirían para revitalizar estas zonas con viviendas, siempre y cuando el 50% de las nuevas casas se destinen a protección oficial y con la prohibición del alquiler vacacional, según estipula el decreto ley.

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