El Tribunal Supremo asume la causa contra San Ginés por una presunta falsa denuncia

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha asumido la causa contra Pedro San Ginés. El senador de Coalición Canaria (CC) se enfrenta a cargos por presuntos delitos de denuncia falsa y falso testimonio. El origen del caso se remonta a 2009, cuando el propio San Ginés, que entonces acababa de llegar a la presidencia del Cabildo de Lanzarote, puso en conocimiento de la Guardia Civil una serie de posibles irregularidades en materia de contratación pública. Aquella declaración del político lanzaroteño –que se mantuvo al frente del gobierno insular hasta junio de 2019, cerca de diez años– terminó por virarse hasta tal punto que desembocó en la apertura de juicio oral en su contra por esos dos supuestos delitos de falsa denuncia y falso testimonio. Mientras que la Fiscalía sostiene que San Ginés actuó «con ánimo de faltar a la verdad» cuando en las dependencias policiales de Costa Teguise informó o corroboró aquellas presuntas ilegalidades en la contratación pública, el senador niega la mayor y defiende la rectitud de sus actuaciones. De hecho no se ha movido ni un ápice de su versión de los hechos, que difiere por mucho de la narración recogida en el escrito de acusación del Ministerio Público. Es más, San Ginés recibió ayer con cierto alivio la noticia de la asunción de la causa por el TS, lo que ya permite vislumbrar en el horizonte la celebración del juicio. Hay que recordar que el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife tuvo que elevar el caso al Tribunal Supremo –la causa estaba pendiente de la propuesta de pruebas y del señalamiento para el juicio oral– después de que el Parlamento de Canarias nombrase a Sanginés, en julio del año pasado, senador en representación de la Comunidad Autónoma. El escaño en la Cámara Alta conlleva el aforamiento de su titular, lo que significa que en las causas en su contra actuará a modo de juez ordinario aquel predeterminado por la ley, en este caso la Sala de lo Penal del TS. Es una vía especial, distinta de la que rige para el resto de la sociedad.

El auto con que el Alto Tribunal toma para sí la causa contra el expresidente del Cabildo de Lanzarote, fechado el 30 de enero y divulgado ayer, confiere al magistrado Vicente Magro Servet la condición de instructor. En la resolución, para la que ejerció de ponente el juez togado Julián Sánchez Melgar, se hace un sucinto repaso de los presuntos hechos que han llevado a la Fiscalía a solicitar para San Ginés un año y medio de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena –en ese tiempo no podría ser elegido para cargo público– y una multa de nueve meses a razón de 15 euros diarios. Fue el 11 de noviembre de 2009, menos de un mes después de asumir la presidencia del Cabildo insular –y en consecuencia también la presidencia de la empresa pública local Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT)–, cuando San Ginés, según el escrito de acusación de la Fiscalía, «compareció voluntariamente» en las dependencias policiales de la localidad de Costa Teguise para «denunciar unas irregularidades en la contratación de determinados servicios».

Las supuestas irregularidades involucraban, entre otros, al empresario Antonio González Medina –ya fallecido– y a su firma Climafrical, y se investigaron en el caso de los CACT, del que González Medina, como el resto de encausados, salió sin mácula tras el archivo del proceso. Es entonces cuando la familia del empresario se querella contra San Ginés, en quien el Ministerio Público ve ese «ánimo de faltar a la verdad» tanto en aquella declaración en dependencias policiales como en «una denuncia por escrito» firmada por él. Sin embargo, el senador siempre ha defendido que ni fue «voluntariamente» al cuartel de la Benemérita a informar de esos presuntos ilícitos en materia de contratación pública –fue allí por requerimiento del juez y en calidad de testigo por el ‘célebre’ caso Unión– ni luego presentó denuncia alguna. Hay que recordar que el caso de los CACT –ya archivado, cabe insistir– se inicia en su día con una denuncia de la entonces consejera delegada de esa entidad, Astrid Pérez.

El origen del enredo se remonta a 2009 y a una declaración del propio San Ginés ante la Guardia Civil

Sea como sea, y de esto da fe el mismo escrito de acusación, San Ginés no se ha movido ni un palmo de sus argumentos en las declaraciones que en calidad de testigo hizo tanto en julio de 2011 como en octubre de 2019. Declaraciones en las que la Fiscalía vuelve a ver «manifiesto desprecio hacia la verdad» y declaraciones en las que, por el contrario, el político lanzaroteño va a ratificarse ante el Supremo.

En el entorno del senador nacionalista están convencidos de que San Ginés saldrá sin mancha alguna del entuerto una vez que el caso ha pasado a manos del TS. No en vano están igualmente convencidos de que la instrucción de la causa ha adolecido de «mala praxis procesal», de ahí el alivio por el auto del TS.

Cuando se conoció la apertura de juicio oral, San Ginés ya aseguró que detrás de la causa había meros intereses políticos del PSOE. «Yo no fui voluntariamente a la UCO a presentar ninguna denuncia; me llevaron agentes que me recogieron en mi domicilio cuando fui requerido por el juez Pamparacuatro como testigo en el marco de la operación Unión», explicó. «Yo no fui nunca al juzgado de guardia a presentar otra denuncia de fecha desconocida», agregó entonces. Y remató: «Es inaudito que sea yo quien tenga una denuncia por falso testimonio. Denuncia sin duda auspiciada por María Dolores Corujo [la socialista siguió a San Ginés al frente del Cabildo] a través de su jefe de gabinete, Carlos Espino, y su jefe de prensa, Mario Alberto Perdomo, ambos con un odio larvado durante diez años de imputación por una denuncia [la del caso de los CACT] que en realidad presentó Astrid Pérez».

Suscríbete para seguir leyendo