Pagos a plazos y ley del silencio: reglas del negocio del cayuco en Mauritania

El maná de los 542 millones comprometidos por España y la Comisión Europea al Gobierno de Nuakchot con el fin de frenar la llegada de cayucos a Canarias –a través de fondos para la inversión en infraestructuras que creen empleo y reforzar la ayuda humanitaria y la seguridad – no es más que «un parche» para el presidente Fernando Clavijo. Desde su punto de vista falta una política «clara y decisiva» en el marco de la Unión Europea (UE).

«Los acuerdos con África y los países africanos son buenas noticias, pero tenemos que saber en qué términos y cuál va a ser luego el impacto en todo ese entorno», subrayó. Porque cuando se «alcanzan acuerdos en Túnez se reactivan las rutas del Atlántico; y habrá que ver qué ocurre ahora con Gambia o Senegal tras el de Mauritania». Es decir, las mafias de la migración se moverán en función de dónde se incrementa la vigilancia en las costas, pero también jugarán sus bazas los gobiernos del entorno.

«Esas personas que están esperando, desesperados, para salir y llegar a Europa, hay que darles una solución, una solución de trabajo y un proyecto de vida en ese espacio, para que no les motive tener que salir a buscarse la vida», insta Clavijo. Y el mismo mensaje repitió ayer en Bruselas la consejera de Derechos Sociales, Candelaria Delgado, quien llamó la atención sobre la fragilidad de un territorio pequeño, fragmentado y ultraperiférico como Canarias».

Y es que hay miles, cientos de miles de personas esperando dar el salto a Europa, a Canarias, a poco más de 800 kilómetros d distancia. Sólo en Mauritania las organizaciones internacionales calculan que 300.000 –naturales del país o refugiados del entorno del Sahel–. «Si Mauritania se abre, España se inunda», sentencia un diplomático español para resumir la situación. Es una somera explicación de los vasos comunicantes de la inmigración y la inestabilidad del Sahel… y del viaje que esta semana han hecho Pedro Sánchez y Úrsula Von der Leyen a Nuakchot.

Los ejemplos se repiten por toda la geografía mauritana. Pueblos –como El Sérabo, El Barka o Fassale, en la frontera suroriental con Malí–, semivacíos, calamitosos, cada vez más áridos por el cambio climático y cada vez más peligrosos por las franquicias de Al Qaeda e ISIS que ganan poder a base de causar terror, y en los que las familias tienen en común el hartazgo de la miseria, la sed de su ganado, y proles en casa de cinco, seis, nueve hijos. Hay también un primo, un pariente en el pueblo que a su vez tiene otro primo, otro miembro del clan en Nuadibú, en el laberinto de miles de lanchones de uno de los puertos pesqueros más grandes de África.

Esa es la salida a la desesperación. Cada familia elige un hijo para lanzarlo al mar, para mandarlo en cayuco a Europa. Si llega, podrá enviar dinero cuando encuentre un trabajo. Si no llega, mala suerte. Todo el pueblo organiza una colecta para sufragar la expedición. Cuando haya dinero, darán un pago al primo del primo, y este pedirá a Nuadibú que se organice el flete.

Casos como estos son el prólogo. La trama continúa en forma de diligencias policiales, las investigaciones en las que seis agentes de la Policía Nacional colaboran con seis de la Police de Mauritania en el intento de controlar el torrente humano que desde Sahel y el África subsahariana busca cauces hacia Europa.

España empezó a desarrollar una política de adelanto de fronteras a la orilla occidental africana en 2008, después de que la crisis humanitaria de 2006 arrojara a Canarias más de 31.600 personas. Hoy – con 39.910 llegados en pasado año y más de 9.000 en lo que va de año– están destacados en el país saheliano, además de los policías, 34 guardias civiles, estos volcados más en colaborar en patrullas.

La Policía ha mandado también un grupo de expertos en extranjería y fronteras que desarrolla el POC (Partenariat Opérationnel Conjoint), programa de formación para fuerzas de seguridad mauritanas financiado por Bruselas y gestionado por la fundación Fiiapp. Los agentes mauritanos aprenden softwares nuevos, técnicas de seguimiento, obtención de pruebas… hasta a colocar una baliza de seguimiento. Uno de los profesores mira sin pesimismo la actual crisis migratoria: «Todo tiene remedio… pero ese remedio hay que constuirlo», dice. Ahora bien, es realista: «Eliminar por completo el problema de la inmigración ilegal es una utopía».

800 km menos

Los policías españoles trabajan como asesores, «en compartir nuestros métodos de vigilancia, cómo mejorar en la aportación de pruebas a un juzgado…», explica uno de los veteranos, con un lustro metido en aquel paisaje. Su experiencia le permite avanzar explicaciones para el fuerte repunte de llegadas de embarcaciones a las Islas: «La situación en el Sahel es muy complicada por la guerra en Malí, por lo que está huyendo mucha gente a Mauritania; y los acuerdos con Senegal hacen ahora más difícil salir con los cayucos desde allí, así que las mafias han trasladado proyectos y puntos de partida a Nuadibú y Nuakchot».

Es mucho más al norte. Se ahorran 800 kilómetros de travesía. Otro atractivo para intentarlo, ahora que Canarias ya sólo queda a 850 kilómetros, y pese a que en invierno el viento se interpone con gran rudeza aguas arriba del Atlántico.

«¿Os habéis dado cuenta en España de que os llegan embarcaciones más pequeñas?», pregunta el policía. Cierto. Los seguimos llamando cayucos, pero ya no son las barcazas senegalesas: ahora a lo que zarpa de Nuadibú los pescadores mauritanos lo llaman pirogue, o piragua. Son más pequeñas –y menos coloridas–, y llegan abarrotadas. Las fuentes policiales consultadas en Mauritania, calculan que las mafias precisan fletes grandes, de entre 150 y 180 migrantes, para que les salga rentable lanzar a la gente al océano.

Reunir un pasaje no es demasiado complicado en la atestada Nuadibú. Y sin estridencias: «El crimen organizado aquí no es violento», apuntan en el contingente policial español, en el que todos piden el anonimato, «porque funciona como una agencia de viajes ilegal”.

Incluso dan facilidades. Hay en Mauritania ahora «una explosión de nuevos organizadores de travesías, que trabajan coordinados, pero que también compiten entre sí», relata. Además, viaje a viaje, los migrantes han ido elevando sus exigencias. Antes, si el flete fallaba (agotamiento del combustible, mala mar, intercepción policial…), el migrante había perdido su dinero. Sin más. Ahora el cliente, por los 900 euros que paga, le saca al mafioso el derecho a intentarlo hasta tres veces. Lo llaman «garantie». Además, ahora en numerosos fletes a Canarias se paga a la salida la mitad del precio. La otra mitad, cuando pisen suelo español. Aquí habrá un boutiquier, un tendero, un pariente del primo del primo al que darle el resto del dinero.

Eso sí, si en algún momento los pilla la Gendarmería, ninguno hablará, nadie dará pistas. «Los migrantes son víctimas, pero están aleccionadas para mentir», explica una de las fuentes policiales. «Es una ley del silencio aceptada por todos, porque a todos conviene».

Y, sin embargo, pese a cautelas y garantías, al migrante lo timan. Cuántas veces no habrá metido una mafia que sirve a otra mafia agua en vez de gasolina en algunos bidones del cayuco, y se acaba el combustible en alta mar, y queda su carga humana a merced del sol y las olas.

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