Los alquileres suben en Canarias un 5% más con la ley de vivienda y pulverizan los precios de la burbuja

Uno de los grandes objetivos de la ley de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez es frenar el desorbitado incremento de los alquileres, un problema que es aún más sangrante en Canarias. La flamante normativa del bipartito PSOE-Podemos (se ideó y aprobó en la anterior legislatura) entró en vigor el 26 de mayo. Ocho meses después, la ley está muy lejos de cumplir ese objetivo primordial de abaratar el mercado del alquiler. De hecho está a años luz, al menos en el Archipiélago. Desde la puesta en práctica de la normativa del Ejecutivo central, los arrendamientos se han encarecido en las Islas una media de un 5%. Ya no es que los precios estén por encima de los registrados durante la burbuja inmobiliaria, es que los han pulverizado.

Alquilar una vivienda cuesta hoy en la Comunidad Autónoma una media de 13 euros por metro cuadrado, un dato en el que coinciden las dos grandes firmas de análisis inmobiliario del país: idealista y fotocasa. El recibo medio nunca había llegado a la cota de los 13 euros el metro, ni siquiera en aquellos años de burbuja que precedieron al estallido de la crisis financiera a finales de 2007. Es decir, que para arrendar en la región una casa o un piso de 80 metros cuadrados hay que desembolsar cada mes una media de 1.040 euros, y es muy probable que la luz y el agua no estén incluidos, así que el coste incluso podría ser mayor. En mayo de 2023, cuando se promulgó la ley estatal de vivienda, el precio medio estaba en Canarias en 12,4 euros por metro cuadrado, una cantidad que en ese momento era el máximo histórico, de acuerdo con la base de datos de idealista. Pues bien, durante los ocho meses transcurridos con la normativa en vigor (de junio de 2023 a enero de 2024), en cinco de ellos se registró en el Archipiélago un nuevo precio máximo, el último hasta situarlo en esos 13 euros el metro. La incapacidad de la ley para al menos paliar la carestía del alquiler es así evidente, cuando menos por ahora.

Con todo, para hacerse una idea de la verdadera dimensión del problema inmobiliario que padece la Comunidad Autónoma (convertido desde hace ya tiempo en un auténtico problema social), hay que mirar por el retrovisor. Cuando en el último trimestre de 2007 se desencadena la crisis de las hipotecas subprime o basura en los Estados Unidos, que a la postre sería el primer capítulo de la Gran Recesión de 2008-2014, el alquiler medio estaba en las Islas en 9,6 euros por metro cuadrado. De modo que el coste medio del arrendamiento está en estos momentos la friolera de un 35,4% por encima del registrado en los estertores de la burbuja. La pequeña vivienda de 50 metros cuadrados que entonces se alquilaba por 480 euros al mes hoy sale por 650 euros. De hecho, el Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha incrementado en Canarias desde finales de 2007, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 28,4%, con lo que los alquileres se han encarecido hasta siete puntos más de lo que ha subido, en general, el coste de vida.

Topes

Hay que recordar que la ley de Podemos y de los socialistas limita la subida del recibo del arrendamiento en 2024 a un máximo de un 3%. El casero que le cobra a su inquilino 500 euros mensuales no podrá aumentarle la cuota más de 15 euros, que es el equivalente a ese 3%, cuando toque la revisión anual del contrato. Eso este año, ya que a partir de 2025 regirá un nuevo índice de referencia del que todavía se sabe poco o nada. Además, la ley estatal también introduce el término de zonas tensionadas, que serían los municipios, localidades, barrios o calles en que los alquileres estén tan elevados que a los ciudadanos y familias les resulte casi imposible encontrar una casa que poder pagar sin comprometer hasta el extremo su economía doméstica. En cualquier caso, la medida más polémica es que la restricción de la propiedad también afecta a los pequeños caseros, a esas personas que tienen una segunda vivienda en alquiler con la que complementan sus ingresos o sus pensiones. Tampoco ellos pueden subirles el recibo a los inquilinos más de ese 3% de tope.

Todo lo anterior explica por qué hay Comunidades Autónomas que no quieren aplicar una ley que, entienden, vulnera el derecho de propiedad e invade sus competencias. Las regiones gobernadas por el PP incluso han llevado la controversia al Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite los distintos recursos. Ocurre que en estas comunidades hay municipios con alcaldes del PSOE o de otros partidos que han pedido que sus localidades se declaren zonas tensionadas, para reforzar así el control sobre el mercado del alquiler. Pero sus Gobiernos autonómicos se niegan, con lo que el lío está servido. En Canarias, no obstante, el Ejecutivo autonómico ni quiere ni va a entrar en ningún rifirrafe político en una cuestión tan problemática y de relevancia social como la inmobiliaria. En la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno regional, que dirige Pablo Rodríguez, trabajan en varias líneas para intentar paliar el problema sin posicionarse en ninguno de los dos bloques de autonomías favorables y contrarias a la ley.

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