Apoyo unánime a la propuesta de Canarias de flexibilizar la regla de gasto

Apoyo unánime de empresarios y sindicatos a la demanda del Gobierno al Estado para flexibilizar la regla de gasto y que los fondos extra que ingrese la Comunidad Autónoma en 2024 se destinen a reforzar las partidas presupuestarias de los servicios esenciales. Un respaldo por parte del Consejo Asesor del Presidente –reunido ayer con urgencia para analizar los criterios que el Ministerio de Hacienda dejó la semana pasada sobre la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera una vez que, superada la crisis del covid, se recuperan los objetivos de estabilidad presupuestaria– que, en palabras del líder del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, es clave de cara a «tener una voz fuerte donde se toman las decisiones, en Madrid y en Bruselas». 

La flexibilización que reclama Canarias consistiría en aplicar una «regla de incremento» que limitaría el gasto «de forma gradual» y «dentro de unos determinados porcentajes», en vez de limitarlo de golpe, como ocurriría con el actual planteamiento del Gobierno de España. De esta forma, Canarias quiere evitar tener que destinar por obligación legal los 340 millones extra que recibirá –y que provienen de las entregas a cuenta y de la liquidación del ejercicio 2022– a reducir su deuda.

«Canarias no necesita que se le condone la deuda», manifestó Clavijo –en referencia al acuerdo del PSOE con ERC y Junts para garantizar la investidura de Pedro Sánchez–, quien aplaudió que respecto al gasto, en las Islas ha habido una «gestión histórica» que ha sido obra de «muchos gobiernos». Una gestión que cosecha datos tan positivos como que el Archipiélago presentó en el tercer trimestre de este año una deuda de 3.015 euros por habitante, lo que supone 3.641 euros menos que la media de España. La deuda de Canarias asciende al 13,2% de su PIB, casi nueve puntos por debajo de la media de las comunidades (22,3) y a décimas de las tres con menor nivel de endeudamiento del país (Navarra 13,1%, Madrid 13% y País Vasco 12,7%).

Clavijo pidió no ignorar que el bajo endeudamiento tiene una «cara b», que son las condiciones estructurales de pobreza, desempleo e infradotación de los servicios esenciales que se viven en las Islas debido a la falta de financiación. «Nada es gratis en el mundo», señaló a la par que compartió su compromiso por «cambiar la realidad de Canarias».

En esa misma línea, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, rechazó que una comunidad «cumplidora», en «equilibrio presupuestario» y con «la menor deuda per cápita de España», tenga que destinar sus ingresos a reducir su escasa deuda. Por ello, insistió en que la comunidad no cesará en su empeño por lograr la flexibilización –que fue solicitada formalmente por el Archipiélago durante el CPFF de 11 de diciembre, sin lograrse ayer todavía una respuesta oficial al respecto–. 

No obstante, Asián confía en que el Ministerio de Hacienda será «sensible» e insistirá en próximos encuentros en la metodología que considera más adecuada para la región, ya sea durante una próxima reunión del CPFF –para el que todavía no hay fecha– o en la Conferencia de Presidentes –que varias comunidades autónomas han solicitado en los últimos días al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez–. 

En cuanto a la fórmula de la «regla de incremento» canaria, Asián señaló que está más alineada con el «índice de referencia» que propone Europa, que «tiene en cuenta la propensión al gasto de los diferentes Estados miembros». Insistió, al respecto, en que el límite establecido por España «no es una regla de obligado cumplimiento para la Unión Europea». 

Para explicar cómo funcionaría en la práctica esa «regla de incremento», Asián puso un ejemplo: «Nosotros querríamos gastar el 100% de esos 340 millones, pero solicitamos que al menos nos dejen gastar este año el 90%, el año que viene el 80%, el año siguiente el 70%, y así de forma progresiva».

Para las patronales de las dos provincias canarias, disponer de 340 millones adicionales a lo ya presupuestado contribuiría a activar la economía. Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), consideró «ilógico» que Canarias no pueda utilizar «el dinero que le corresponde por su buen hacer», especialmente en un contexto como el del Archipiélago, en el que «se necesita que la economía fluya, que haya una menor presión fiscal y que se pueda inyectar dinero a la economía».

En bajar la presión fiscal insistió también Pedro Alfonso, presidente de CEOE Tenerife, quien aseguró que eso beneficiaría «no solo a los empresarios, sino también a las familias». Además, opinó que Canarias tiene «muchas necesidades», empezando por revertir una tasa de paro que calificó de «inaceptable». Esa reducción del desempleo pasa, según Alfonso, por invertir en políticas de empleo, en medidas para mejorar la productividad y en digitalización.

Sanidad y educación deben ser prioritarias a la hora de destinar el superávit, según los sindicatos. Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias, señaló que «sobre todo», hay que financiar Atención Primaria, Pediatría y Salud Mental. Respecto a Educación, afirmó que los comedores escolares deben llegar a las escuelas rurales. Ideas en las que también insistió Inocencio González, secretario general de CCOO en Canarias, quien cree que «no tiene sentido» usar los ingresos extra en amortizar deuda y no en «mejorar la vida de la ciudadanía».

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