El 70% de inquilinos de las casas sociales en el Archipiélago renuncia a comprarlas

Parecía que iba a ser la panacea para resolver la situación de 10.500 familias adjudicatarias de vivienda pública pero ha tenido «un escaso tirón». En torno a un 70% de los inquilinos que residen en una casa de protección oficial desde hace 25 años renuncia a acceder a la propiedad de estos inmuebles de titularidad pública. Pese a que fue uno de los compromisos estrella del anterior Gobierno del pacto de las flores –que cristalizó en un decreto el 23 de enero de este año, previo a las elecciones autonómicas de mayo que dieron lugar al nuevo Gobierno entre CC-PP–, la normativa no ha tenido el éxito esperado, remarca el actual director del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), el exalcalde de San Mateo, Antonio Ortega.

¿Por qué? A los inquilinos les sale más caro pagar la comunidad como propietarios o hacerse cargo del mantenimiento de los edificios y de sus propios hogares que seguir como adjudicatarios, pues es el Icavi el que corre con todos los arreglos además de bonificar el arrendamiento, expone Ortega. Esto lo han comprobado después de poner en marcha el decreto heredado, y por el cual ya han realizado tres convocatorias –pues deben ser trimestrales según la normativa– para que los inquilinos puedan comprar estas viviendas: en marzo sacaron 15 grupos de casas en la provincia de Las Palmas y 17 en la de Santa Cruz de Tenerife; en junio, cinco edificios en Las Palmas y 18 en Tenerife; y la última fue el pasado 5 de diciembre, con 17 grupos en Las Palmas, cinco edificios en Santa Cruz de Tenerife y una vivienda suelta, que puede rondar, solo en esta convocatoria, las 1.100 casas en distintos municipios.

El decreto establece que las familias que habitan en viviendas públicas puedan acceder a su propiedad en dos casos: el primero, aquellas que estén en régimen de arrendamiento en una casa adjudicada antes del III Plan de Vivienda (1996-1999), y el segundo, que estén en régimen de compraventa anteriores al I Plan de Vivienda (1988-1991). Este decreto afecta, por tanto, a todas las viviendas calificadas de protección oficial antes de 1996. Esta normativa era la primera que se ponía en marcha por el Gobierno de Canarias en diez años y se hizo con el fin de llenar el vacío existente para la adquisición de estas viviendas públicas, pero lejos de ser «la bomba» se ha quedado en que sólo en torno a un 30% de los inquilinos ha optado por ello, remarca Ortega.

Abandono de edificios

Y subraya que esto conlleva un problema añadido muy preocupante para el Gobierno actual: han detectado en determinados núcleos que los nuevos propietarios van abandonando los edificios, o bien no se ponen de acuerdo en pagar la comunidad o directamente no hacen el mantenimiento adecuado de las infraestructuras en zonas comunes, enfatiza. Ortega pone como ejemplo un grupo de viviendas en Corralejo (Fuerteventura) «que tiene daños que pueden calificarse de estructurales» con el consiguiente peligro para sus moradores. Y ahí ya no puede actuar el Icavi porque la propiedad no es suya, por lo que se está acudiendo, precisa, a distintas ayudas como los antiguos ARRU (áreas de rehabilitación y regeneración urbana) del Plan Estatal de Vivienda para las zonas degradadas o a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

La Consejería detecta abandono en el cuidado de los inmuebles por parte de compradores

El director del Icavi afirma que están cumpliendo con el decreto del 23 de enero del que queda aún una cuarta convocatoria, que «se hará o no» dada la experiencia con estas promociones para la venta.

Para la del 5 de diciembre se les envió una carta a las personas que viven en esos grupos de viviendas explicándoles la documentación que deben presentar. Todas las convocatorias tienen un plazo de doce meses para formalizar la adquisición.

Facilidades para la compra

El Ejecutivo ofrece las viviendas al precio de referencia que tenía la casa en el momento de la adjudicación, es decir, antes de 1996. Además, se les da a los inquilinos una bonificación del 50% sobre esa cantidad de referencia y de la mitad restante se les descuenta todas las rentas ya abonadas. «Son alquileres que no pueden superar el 12% del salario de la persona adjudicataria, y el Icavi compensa el resto del arrendamiento a Viscocan, que gestiona estas viviendas», explica. El gasto anual del Icavi en completar los alquileres de estas viviendas suma en torno a 15 millones de euros. Por tanto, la compra de la propiedad tiene un coste mínimo para los inquilinos.

Las personas que quieren acceder a la vivienda deben demostrar que ocupan de forma habitual y permanente el inmueble del que es adjudicatario, que ninguno de los miembros de la unidad de convivencia sea propietario de ninguna otra vivienda o estar al corriente en la cuota relativa a los gastos comunes del edificio.

El decreto del anterior Gobierno para 10.500 familias no ha tenido «tirón», asevera Ortega

El director del Icavi, visto lo visto, reflexiona que existen cuestiones que aconsejan que la viviendas públicas no pasen a mano de los inquilinos sino que la titularidad siga siendo de la Comunidad Autónoma. En este sentido, desde el Ejecutivo sopesan si incluir, en uno de los decretos en elaboración para mitigar los efectos del volcán en La Palma, y con el que se prevé permitir que en suelo rústico se pueda construir vivienda pública, incluso en suelos urbanos no consolidados, medidas para que los inmuebles queden en manos de la Comunidad Autónoma.

Más inspecciones para evitar fraudes

«La labor inspectora en Vivienda ha sido nula», asevera el director del Icavi, Antonio Ortega, y anuncia que se ha marcado como objetivo en esta legislatura implantar un control exhaustivo del uso de las viviendas públicas con más inspecciones, aunque, por ahora, aún no haya personal suficiente para ello. El Icavi va cubrir 72 vacantes por el alto volumen de trabajo que tiene para dar respuesta a la necesidad de viviendas en las Islas, con más de 25.000 solicitudes. Expone que hay muchos frentes abiertos, para lo que han aprobado un plan de choque desde que accedieron al Gobierno tras las elecciones de mayo, con medidas como reforzar la gestión de los fondos europeos MRR, al objeto de gestionarlos antes de que se acabe su plazo de ejecución en junio de 2026, y con los que pretenden sacar adelante un millar de viviendas, o el desarrollo del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025.

Y entre estas medidas, la labor inspectora es fundamental, añade. «Situaciones irregulares conocemos todos y vamos a intentar que esto se regularice, pero la adjudicación de una vivienda no puede ser un cheque en blanco », recalca. «Hemos encontrado de todo: viviendas okupadas, personas que arriendan su vivienda porque su situación ha mejorado y tienen otra casa, y sus inquilinos se las alquilan además a un tercero, viviendas vacacionales...», cuenta.

«Tenemos que poner orden, lo tengo clarísimo: cuando se están utilizando viviendas sin derecho a hacerlo se están detrayendo estos recursos a las personas que sí lo necesitan. Tenemos 25.000 personas solicitantes de vivienda en Canarias, y hay que actuar contra los que no cumplen», enfatiza. Entre el Icavi y la empresa pública Visocan, el parque público suma en torno a 21.000 viviendas. Su intención es que crezca con el impulso a la construcción de nuevos inmuebles y mantener los que tienen.