El ‘drama’ de la vivienda: las familias canarias sufren la peor crisis del país

«La exclusión residencial es un fenómeno que se va extendiendo como una mancha de aceite y está alcanzando cada vez a más capas de la población». Es el aviso de los autores del informe Prevención y atención de la exclusión residencial. Factores explicativos, una investigación de la organización sin ánimo de lucro Provivienda, financiada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que muestra una de las radiografías más nítidas del problema de la vivienda en España y en Canarias. De hecho, el análisis deja una primera gran conclusión para el país en general y para las Islas en particular: el problema inmobiliario se ha agravado en el conjunto del Estado hasta niveles insospechados, pero en el Archipiélago lo ha hecho hasta alcanzar tintes dramáticos. En otras palabras: los canarios padecen la peor situación de España en lo relacionado con la vivienda, y no solo por las mayores dificultades para pagar la hipoteca o el alquiler, que también, sino porque la imposibilidad de costearse una residencia en condiciones óptimas y en una ubicación adecuada lleva a muchos hogares a vivir en entornos con malas condiciones y/o inseguros y a alojarse en casas o pisos cuya habitabilidad está, como poco, en entredicho.

Es lo que en el informe se denomina exclusión residencial, un término que engloba las cuatro grandes cuestiones que influyen en la mejor o peor relación entre los ciudadanos y el mercado de la vivienda, esto es, la asequibilidad de los inmuebles –que haya oferta suficiente a precios que puedan pagar los ciudadanos y familias de los distintos estratos sociales–, la habitabilidad –que los pisos y casas reúnan las mínimas condiciones para la vida del hogar–, el entorno –que la zona disponga de servicios básicos– y la seguridad, tanto la del barrio o localidad como la del propio inmueble. Así que el estudio de Provivienda va un paso más allá de, por ejemplo, la Encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, de la que, no obstante, toma parte de los datos. Pues bien, a partir del análisis de esos cuatro grandes factores, la investigación concluye que Canarias es la Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de familias en exclusión residencial. Hasta un 38% de los hogares isleños, casi cuatro de cada diez, sufre algún tipo de problema relacionado con la vivienda.

Hasta 328.000 familias de la región viven en problemas por culpa de la casa, el entorno o ambos

En el Archipiélago hay alrededor de 862.000 hogares, con lo que son la friolera de unos 328.000 –ese 38%– los que padecen dificultades sociales por la casa o el piso. Solo hay un territorio en España –territorio, no comunidad– que supera el porcentaje de las Islas. Se trata de la Ciudad Autónoma de Melilla, donde alcanza el 39%. Las familias canarias se ven así en la peor situación de un país que a su vez está entre los países de la Unión Europea en peor situación en materia de vivienda. A la cola de la cola. La media nacional de hogares en exclusión residencial supera un ya de por sí elevadísimo 20%, pero la única Comunidad Autónoma en que se va más allá del 30% es el Archipiélago. En el otro extremo de este particular ranking están Castilla y León y La Rioja, donde la tasa de familias en dificultades vinculadas a la vivienda apenas supera el 10%.

Nula oferta

El principal factor que explica por qué esos 328.000 hogares isleños están en exclusión residencial es, claro, el económico. Un 19,9% de las familias canarias, dos de cada diez, hace cada mes un sobreesfuerzo para pagar la hipoteca y, sobre todo, el recibo del alquiler. En términos cuantitativos son así unos 172.000 hogares del Archipiélago los que se las ven y se las desean para cumplir los pagos. En este caso sí hay una Comunidad Autónoma en peor situación. Es Baleares, donde hasta un 24,3% de las familias tiene que hacer un sobreesfuerzo mensual para pagar la casa. Un sobreesfuerzo que implica que la cuota hipotecaria o el recibo del alquiler se lleva más del 30% de los ingresos del hogar, y esto sin contar los suministros, es decir, la luz, el agua y, si es el caso, la bombona de butano. En definitiva, se trata de familias abocadas a recortar otros gastos, en muchos casos gastos esenciales en vestimenta o en alimentación –restringen el consumo de, por ejemplo, frutas y verduras, con lo que ello supone para la salud de los miembros del hogar–, para poder cumplir con el banco o el casero.

El hecho de que sean precisamente Baleares y Canarias las dos regiones con más familias en precario por la carestía de la vivienda evidencia la influencia, en este caso negativa, de la altísima dependencia económica del negocio turístico. No en vano, Baleares y Canarias son también las dos comunidades donde esa dependencia es mayor, y con mucha diferencia. El turismo se urbaniza cada vez más, entre otras cosas por

, que ha dado lugar a un acelerado proceso de turistificación de zonas residenciales. Muchas de las decenas de miles de viviendas en alquiler vacacional –alrededor de 46.000 en las Islas– estaban antes del boom en alquiler de larga estancia, es decir, a disposición de los residentes. Los propietarios vieron más negocio en el arrendamiento por días o semanas a los turistas y retiraron sus pisos y casas del mercado residencial para ponerlos en el vacacional. Así que la oferta de alquiler digamos ordinaria se redujo de manera sensible, y si a eso se le suman los muchos años que no se construyeron viviendas públicas, resulta evidente que la falta de casas en el Archipiélago es de máxima gravedad. Y todo ello, para más inri, en una región donde la población no deja de crecer ni en tiempos de crisis. El cóctel perfecto: una mínima oferta, casi nula, y una demanda disparatada. El resultado son esas 172.000 familias que las pasan canutas para llegar a fin de mes por el alto precio de la vivienda. Un problema que afecta sobre todo a los hogares encabezados por extranjeros no comunitarios y por jóvenes.

En las turísticas Baleares y Canarias hay que hacer un mayor esfuerzo para pagarse un techo

Con todo, y es aquí donde el análisis de Provivienda introduce relevantes novedades, no es la carestía de pisos y casas el único condicionante que lleva a las familias isleñas a la exclusión residencial. Si hay unos 328.000 hogares en esa situación y de ellos son 172.000 los que han caído por razones económicas, resulta así que hay alrededor de 156.000 en exclusión residencial por uno o más de los otros tres motivos: la habitabilidad, el entorno y la seguridad. Son familias en viviendas que no cumplen los mínimos estándares de salubridad; que viven en situación de hacinamiento –el no poder pagar una casa mayor las obliga a residir sin suficiente espacio–; o que están en pobreza energética, lo que en Canarias se produce sobre todo cuando el hogar no puede permitirse un aire acondicionado para soportar los calores extremos del verano. También familias con miembros con movilidad reducida que, sin embargo, no tienen más remedio que habitar en casas o pisos con dificultades de acceso por no disponer de ascensor, rampas o barandillas; y hogares y/o entornos sin los servicios adecuados o con servicios de baja calidad: goteras o humedades en el inmueble, deterioros y daños en el edificio, total ausencia de luz natural, inseguridad vecinal, ruidos, contaminación, vandalismo... Por último, entre esas 328.000 familias canarias en exclusión residencial hay también una parte que está alquilada sin contrato, que ha tenido que cambiar de casa más de una vez en los últimos cinco años por haber sido desahuciada o por no poder pagar el alquiler y, en el caso más extremo, donde se convive con alguien que se siente inseguro o en riesgo de sufrir algún tipo de violencia o agresión.

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