Canarias en el encaje estatal / Quinto aniversario de la reforma del Estatuto de Autonomía
El catedrático de la ULL Villar Rojas cree que el Gobierno central «retiene competencias»
El experto en Derecho Administrativo asegura que en el decreto de traspaso el Estado mantiene parte de la gestión del litoral
Salvador Lachica
Francisco Villar Rojas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, aseguró que «el Estado retiene competencias que son exclusivas de la Comunidad Autónoma» en el decreto de traspaso de las referidas a Costas, lo que a su juicio «choca con lo establecido en el Estatuto de Autonomía» y en varias sentencias del Tribunal Constitucional.
Villar Rojas, que fue el encargado de impartir la ponencia inaugural de las jornadas de aniversario del Estatuto de Autonomía celebradas hoy en Santa Cruz de Tenerife, insistió en que la doctrina constitucional «es concluyente».
Según el catedrático, los decretos «no traspasan competencias» sino «servicios» -personales, materiales o financieros- pero en el decreto de traspaso de competencias del año pasado «el Estado retiene los informes preceptivos vinculantes sobre concesiones y planeamientos, así como el importe de cánones y la recaudación», es decir, la «gestión del litoral, que es competencia exclusiva de Canarias» en su artículo 157.
«Esto demuestra que hay una enorme distancia entre el reconocimiento estatutario y su aplicación práctica, pues ni siquiera habría que esperar a un decreto de traspaso para que la competencia pueda ser ejercida por la Comunidad Autónoma desde que el Estatuto entra en vigor», remachó.
Por otra parte, el comisionado del REF, José Ramón Barrera, fue el encargado de la ponencia inaugural en la sede de la capital grancanaria, en la que defendió las herramientas que otorga la Carta autonómica y su proyección en el REF para el desarrollo de Canarias.
«La actualización de la parte económica del REF de 2018, aprobada por el Parlamento de Canarias y las Cortes Generales, fue la más ambiciosa que se acometió desde su aprobación inicial en 1972 porque su blindaje al Estatuto garantiza que los habitantes de Canarias puedan reclamar las mismas condiciones y oportunidades que los del resto del país, a pesar de vivir en una región ultraperiférica de Europa», señaló Barrera.
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