Un nuevo protocolo permitirá agilizar las pruebas de determinación de edad de los menores

La red de acogida de menores migrantes del Gobierno de Canarias está saturada. Ya son más de 4.200 los jóvenes tutelados por la comunidad y la cifra se incrementa cada día con la llegada continúa de nuevas embarcaciones. Además de la búsqueda constante de recursos, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias se ha propuesto atajar «el colapso» trabajando para agilizar las pruebas de determinación de edad que mantienen en un limbo a 2.430 jóvenes en las Islas. Para ello, el departamento que dirige Candelaria Delgado, ha acordado con Fiscalía Superior de Canarias un protocolo que permitirá acelerar los procesos. Una decisión que se toma tras varios encuentros entre la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés, y los actores implicados en la reseña y determinación de edad de los menores migrantes no acompañados.

El protocolo establece, entre otras medidas, la incorporación de más medios materiales y humanos a esta labor y contempla incrementar el número de pruebas óseas que se realizan semanalmente. La Fiscalía se comprometió a incorporar a más fiscales para acelerar las determinaciones de edad de los migrantes y el Servicio Canario de Salud a llevar a cabo 60 pruebas óseas semanales. «Hasta ahora solo se realizaban 20 pruebas los jueves por la tarde en Tenerife y se ha acordado realizar las pruebas tres días para triplicar resultados», apunta la directora general de Protección a la Infancia y Familias, Sandra Rodríguez. 

Aumentar estos exámenes permitirá, según Rodríguez, «desatascar» una lista de espera que en solo 15 días ha crecido un 62%. En los primeros días de octubre las pruebas pendientes llegaban a las 1.500 y ahora son más de 2.400 los jóvenes que esperan por el examen. 

El nuevo protocolo también incluye la incorporación de equipos portátiles en El Hierro y Tenerife que posibiliten llevar a cabo pruebas óseas en el momento en el que se realiza la reseña de los migrantes, es decir, cuando acaban de llegar. Este trabajo se desarrollará siempre con la supervisión de un médico forense, que estará presente mientras los efectivos de la Policía Nacional atienden a los migrantes tras el desembarco.

Por otro lado, la Fiscalía Superior se ha comprometido con el Gobierno canario a estudiar los casos en los que los migrantes «son claramente adultos» a través de un proceso de entrevistas. «Se va a remitir toda la información a la fiscal superior para intentar salir de esta situación de bloqueo en la que nos encontramos», afirma Rodríguez, quien asegura que se habilitarán espacios con traductores para hacer las entrevistas. «Muchos se ve que tienen más de 30 años y confiesan que son mayores una vez están en los centros, pero salir cuando ya has dicho que eres menor es muy difícil», aclara. 

La Consejería no tiene claro cuántas personas adultas están ocupando plazas de menores en las Islas, pero calculan que pueden ser más de 500. «Se trata de una situación delicada que intentamos evitar porque debemos guiarnos siempre por preservar el interés del menor y no permitir que convivan en el mismo dispositivo adultos y menores», señala la responsable del área.  

Con este protocolo Rodríguez confía en «reconducir» la situación para empezar el 2024 con la red de acogida «más liberada» y poder dar un «trato mucho mejor» a los menores que llegan a las Islas. El flujo de pateras no cesa, solo ayer llegaron al Archipiélago tres embarcaciones con 265 personas y otras dos, al cierre de este periódico, estaban pendientes de entrar a puerto. 

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