El centro de menores de Puerto Rico, en el ojo del huracán

El Dispositivo de Emergencia de Menores Extranjeros no Acompañados (Demena) Puerto Rico, instalado en el complejo de apartamentos Puerto Bello en el momento álgido de la llegada de migrantes a las costas canarias, está en el ojo del huracán. El centro, gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, generó no pocas polémicas mientras se mantuvo abierto hasta julio de 2021. Pero dos años después sigue siendo noticia por las causas judiciales que pesan sobre el recurso de acogida y sus administradores. Su director, Fernando P. R., está siendo investigado junto con otros tres directores de cinco centros de Gran Canaria y Lanzarote por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, apropiación indebida y/o malversación de caudales públicos, por el mal uso de los fondos públicos que les concedía el Gobierno de Canarias para atender a estas personas.

En la querella que Anticorrupción presentó a los juzgados a finales de mayo, el centro de menores de Puerto Rico vuelve a aparecer. Según las pesquisas de Fiscalía, su director pudo haberse apropiado de 4.318 euros. Además de esto, existen pagos con tarjeta bancaria en entredicho, así como una diferencia de 18.193 euros entre el dinero recibido para afrontar el día a día del dispositivo y la justificación de gastos que se presentó por la Fundación. Se llegaron a detectar abonos en coches de alquiler en Tenerife y Lanzarote, comidas en restaurantes en esta segunda isla o en gasolineras. O hasta multas de aparcamiento en zona azul.

Un hermano del director de Puerto Bello facturó 104.000 euros a La Santa

Pero Fernando P. R. también aparece en otra causa que está instruyendo el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana. En este caso, se investiga la posible comisión de los delitos de abandono de familia, omisión del deber de impedir la comisión de delitos y dos de lesiones. Lo hace en base a una querella de la Fiscalía provincial después de que la propia Consejería de Derechos Sociales y el Ayuntamiento de Mogán denunciaran las deficiencias que tenía este dispositivo de emergencia.

Diligencias paradas

La justicia admitió a trámite la querella de Fiscalía en enero e incoó diligencias previas desde ese mismo momento. Diligencias que en la actualidad se encuentran paradas, según las fuentes del Ministerio Público contactadas por este periódico. En un primer momento, se habían señalado las declaraciones en sede judicial de las seis personas investigadas para el mes de febrero -el propio Fernando P. R. como director del centro y otros administrativos de la Fundación, entre ellos su gerente Rafael B. G., y del propio recurso de emergencia-. Pero la huelga de letrados que comenzó el 24 de enero suspendió la práctica de estas pruebas. Y, por el momento, no se ha puesto fecha para retomarlas.

En este caso, se investiga que los gestores del centro no adoptaron medidas para frenar los problemas que se estaban dando dentro del recinto, pese a que tenían conocimiento de los hechos y de otras situaciones de falta de atención y necesidad. La denuncia anónima que en su momento presentaron ante el Ayuntamiento de Mogán varios de los trabajadores que desempeñaron sus funciones en el complejo de apartamentos entre 2020 y 2021, refleja que en su interior se produjeron episodios de agresiones sexuales y se ejerció la prostitución. Hechos que no apreció el Ministerio Público, pero que serán esclarecidos durante la instrucción judicial.

Indemnización millonaria

La empresa propietaria del complejo de apartamentos en el que se instaló el dispositivo de acogida de emergencia del Gobierno de Canarias, Hermanos Medina La Herradura, S. L., solicita, por su parte, una indemnización millonaria por los daños ocasionados en sus instalaciones mientras las cedió para la atención de menores migrantes. Este es un procedimiento que se encuentra en trámite en un juzgado de primera instancia de la capital grancanaria, a la espera de una prueba pericial solicitada por una de las partes.

Según el abogado de los dueños, Miguel Ángel Martín Zurita, el letrado de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, codemandada junto a la Fundación para hacer frente a la responsabilidad civil por los destrozos en el complejo, solicitó un informe pericial para visitar las instalaciones y conocer el estado en el que se encuentran. Es una pieza separada del juicio penal por el motín de la noche del 8 de febrero de 2021, en el que resultó condenado a tres años y medio de prisión uno de los migrantes que se encontraban acogidos en aquellas fechas.