Visocan alarga el acceso a la propiedad de las viviendas hasta después del 28-M

La plataforma que representa a las familias que habitan en casas de la empresa pública Visocan (Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias SA) exigen que se aplique cuanto antes el decreto que da derecho a las escrituras de acceso a la propiedad de los pisos y denuncian la "ambigüedad" del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y de la propia empresa para agilizar el cumplimiento del mismo. El decreto 1/2023 entró en vigor en enero y da un año de margen para que la Administración autonómica facilite los títulos de propiedad a unas 10.500 familias que viven como inquilinas en viviendas públicas más de 25 años. Este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996, entre ellas las que Visocan que están repartidas en varios municipios y promociones de Gran Canaria y Tenerife y que el Ejecutivo incluyó en el texto para intentar solucionar un problema que se arrastra desde hace más de dos décadas.

Hasta el momento las familias inquilinas de Visocan han presentado más de 600 solicitudes para adquirir las escrituras de propiedad de la vivienda según lo estipulado en el decreto y, cuatro meses después, no han recibido respuesta clara ni de la empresa ni del Icavi. La portavoz de la plataforma, Araceli Refoyo, advierte con presentar un recurso contencioso administrativo si la Administración continúa dilatando el proceso. Sin embargo, la empresa pública asegura que el decreto se está cumpliendo y garantiza que el procedimiento estará completado antes de que finalice el plazo que es de un año, con lo que finaliza en enero de 2024.

Falta de personal

Como otros departamentos y ámbitos de la Administración autonómica, Visocan padece la falta de personal y este es uno de los motivos esgrimidos para que los trámites para entregar las escrituras a las familias de este grupo de viviendas del II Plan de los años 90 se esté dilatando. "Se está trabajando duro para cumplir con los plazos del decreto, como no puede ser de otra forma, y aún estamos en tiempo y se hará lo antes posible", explican fuentes de la sociedad mercantil. Todo apunta a que será en verano o después del mismo cuando se concluirá con el proceso.

La plataforma ciudadana que representa a una buena parte de las viviendas de Visocan comenzaron esta semana las protestas, que se prolongará hasta el 26 de mayo, es decir, dos días antes de las elecciones autonómicas. De esta forma, los vecinos intentan presionar al Ejecutivo al mismo tiempo que se desarrolla la campaña electoral con la exigencia de que se agilicen los trámites porque hasta ahora no han recibido ningún tipo de comunicación pese a presentar las solicitudes. Araceli Refoyo denuncia la "ambigüedad" en la que se están moviendo tanto el Icavi como Visocan: "La directora general dice que el decreto se va a cumplir pero lo deja en manos de Visocan", añade la portavoz del colectivo. En este sentido aseguran que en marzo se reunieron con ambos organismos y les aseguraron que a mediados de abril saldrían las escrituras de las primeras promociones, pero ya se ha iniciado el mes de mayo y solo han salido 1.700 viviendas del parque público pero ninguna de Visocan.

Llamamiento a la calma

La empresa pública hace un llamamiento a la "calma" a las familias afectadas e insinúa que la plataforma "juega sus cartas" aprovechando la inminente campaña electoral pero que, no obstante, no hay ninguna duda de que el decreto se va a cumplir aunque no antes de la cita electoral del 28-M.

Las convocatorias para ceder la propiedad de las viviendas se publicarán de forma trimestral a lo largo de 2023 hasta completar todos los grupos de viviendas protegidas a los que afecta el decreto. Una vez publicada cada una de estas convocatorias, los vecinos de los grupos incluidos en ellas tendrán hasta un año de plazo para solicitar la propiedad de la vivienda que habitan como inquilinos. Al procedimiento de adquisición de las viviendas sociales que se prevé en el decreto podrán acogerse unas 10.500 familias de toda Canarias que ya han abonado al menos el 35% de las rentas para aquellos que están en régimen de alquiler y que fueron calificadas como protegidas antes de 1996, o la mitad del precio de la vivienda que han ido abonando mensualmente en el caso de los que estén en régimen de propiedad.

Suscríbete para seguir leyendo