Manifiesto de los profesionales contra los ‘encargos’ a empresas públicas

Una quincena de colegios profesionales de Canarias firmaron hoy un manifiesto contra «el abuso en la adjudicación directa de encargos de las administraciones a empresas públicas». Están cansados de que las sociedades adscritas al Ejecutivo canario, como Gestur o Gesplan, y las que dependen del Gobierno de España, como el grupo Tragsa, «acaparen» todos los proyectos y obras de las administraciones canarias impidiendo el acceso de las empresas privadas a los procedimientos.

El documento, que se titula Manifiesto Profesiones 2023, supone una crítica directa a la política de contratación de las administraciones públicas canarias. «Pese a las restricciones legales, en Canarias las contrataciones a las empresas públicas no son excepcionales», advierte el texto, en el que se puntualiza que «se han producido cientos en los dos últimos años, mientras las empresas públicas incrementan exponencialmente sus plantillas de personal para hacer frente a su creciente cartera de pedidos».

Antes de la firma del texto, que se produjo hoy en Tenerife, el arquitecto José Ángel Domínguez Anadón, también miembro de la Real Academia de San Miguel Arcángel, se encargó de leerlo y explicó que los estudios de arquitectura vivían una «situación crítica» y que el recurso sistemático a encargar directamente obras y planeamientos a las empresas públicas, sin mediar concursos abiertos a la participación de los profesionales y sometidos a exigencias normativas, económicas y reglamentarias, «supone un daño estructural al tejido empresarial, a la calidad y rigor de la arquitectura y a la acumulación de conocimiento en nuestra profesión».

Las organizaciones colegiales firmantes reclaman el fin de la práctica generalizada de las adjudicaciones directas a las empresas públicas, restringiéndolas a casos realmente justificados y necesarios. También exigen el refuerzo de los servicios técnicos y administrativos de contratación de las administraciones públicas, «auténticos cuellos de botella de la contratación en las Islas». En definitiva, según el manifiesto, «se debe reconsiderar la legislación en materia de contratación», de manera que se oriente hacia una simplificación y racionalización de procedimientos que evite la paralización que atenaza a las administraciones públicas.

En caso de no actuar para corregir las prácticas abusivas que denuncian, las entidades colegiales advierten que las pequeñas y medianas empresas de servicios de la Islas desaparecerán a medio plazo, absorbidas por la administración pública o por empresas foráneas, perdiendo así Canarias uno de los pilares básicos para el impulso de su propio desarrollo económico y social.

Firmaron el documentos representantes del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y el Hierro, Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote, Colegio Oficial de Arquitectos de La Palma, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santa Cruz de Tenerife, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Las Palmas, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Santa Cruz de Tenerife, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Las Palmas, Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Santa Cruz de Tenerife, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Las Palmas, y Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica (Delegación de Canarias). En total estas entidades colegiales representan a cerca de 15.000 profesionales en las islas.

Los profesionales anunciaron que enviarán el manifiesto tanto a la Presidencia del Gobierno de Canarias y a su Consejería de Transición Ecológica y Ordenación Territorial como al Ministerio de Hacienda en los próximos días. 

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