Jueces y fiscales amagan con la huelga y los funcionarios la avivan

Los funcionarios de la Administración de Justicia anunciaron este lunes que recrudecerían sus movilizaciones con una huelga indefinida desde el 4 de mayo, mismo día en que las asociaciones de la judicatura y fiscales avisaron también de ceses en la actividad desde el 16 de mayo si el Ministerio de Justicia no les ofrece soluciones a sus demandas en la mesa de retribuciones convocada para el 3 de mayo. Presiones que llegan desde distintos cuerpos judiciales para que el Gobierno del Estado se comprometa a mejorar las condiciones humanas y técnicas en las que se desarrolla el servicio público de justicia. Entienden que esta rama del Estado de Derecho es "la cenicienta" de la administración.

Esta falta de medios personales y técnicos se nota, sobre todo, en regiones que presentan una mayor litigiosidad. Tal es el caso de Canarias. El Archipiélago lleva varios años encabezando la clasificación de comunidades autónomas con más casos judiciales por cada 1.000 habitantes, hecho que desenmascara las carencias que tiene el servicio que se ofrece a la ciudadanía. Un aspecto en el que han coincidido muchas de las asociaciones judiciales y fiscales.

Tres de las asociaciones judiciales del país -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI)- y dos de fiscales -la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- comunicaron que iniciarán una huelga indefinida desde el día 16 de mayo si no se cumplen sus demandas. Básicamente, incrementar el presupuesto para dotar a la administración de Justicia de los medios suficientes para su correcto funcionamiento e incrementar sus retribuciones, tras años congeladas.

"La justicia no interesa"

Según el portavoz en Las Palmas de la AJFV, Adalberto de la Cruz, "los juzgados y tribunales se llevan viendo afectados durante muchísimos años por el abandono total por parte de las administraciones públicas del servicio público de justicia, porque la justicia no interesa". El magistrado juez Decano de Arrecife pidió "poner el foco" en los verdaderos responsables de la situación que se da en esta pata del Estado de Derecho en los últimos tiempos -con la pandemia, la huelga de letrados de la administración de justicia (LAJ) y del resto de funcionarios de dicha administración que está activa desde la semana pasada-: "Las administraciones competentes, que no dan soluciones a esas reclamaciones que hemos hecho".

Para Juan Avello, portavoz en Las Palmas de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), este movimiento fue obligado por la falta de respuesta institucional. "Lamentablemente, con el paso de los meses, hemos comprobado que la lealtad institucional, la responsabilidad y la buena fe no sirven; solo se entiende el lenguaje de la huelga", censuró. El magistrado juez Decano de Las Palmas de Gran Canaria ahondó en el hecho de que, desde que en la ley de 2003 que establece las retribuciones de judicatura y fiscales se pusiera en marcha, no se ha convocado ni una sola vez la mesa de retribuciones. Este órgano es el encargado de negociar esos cambios retributivos, y la normativa establece que tiene que celebrarse, al menos, cada cinco años. Pero en estas dos décadas nunca se ha llevado a cabo. Además, destacó que en 2018, con el 'popular' Rafael Catalá al frente del Ministerio, también desarrollaron una huelga por los mismos motivos.

Adaptar la administración a la actualidad

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Fiscales (AF) en las islas, Miguel Hernández, indicó que no se ve por parte del Ejecutivo español "una voluntad efectiva de querer adaptar la administración de justicia al día actual". Aseguró que se encuentran "ante un problema estructural" del poder judicial y que las soluciones solo son "parches". "Se van creando más juzgados y eso no lleva aparejada una ampliación de plantilla en el Ministerio Fiscal, lo que supone que no se pueda atender los servicios de la forma en que entendemos que debe hacerse", aseveró.

Además de esa falta de medios, los fiscales también exigen cambios retributivos. El vicepresidente de UPIF, Miguel Pallarés, puntualizó que han perdido "una capacidad económica importante" después de las rebajas salariales de 2010 motivadas por la crisis económica, las cuales no se han recuperado. Además, insistió en que en la actualidad "la ratio fiscal/población en España es de las más bajas de Europa, y en Canarias se nota porque hay una litigiosidad más alta que en el resto del país".

Las asociaciones progresistas -tanto Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) como la Unión Progresista de Fiscales (UPF)- se desmarcaron, por el momento, de la huelga, si bien comparten el diagnóstico que hacen el resto de entidades profesionales. Pedro Herrera, portavoz de JJpD en Las Palmas, comentó que van a esperar a ver lo que oferta el Gobierno en la mesa de retribuciones. "Si consideramos que es insuficiente, no descartamos adherirnos a medidas de presión como puede ser la huelga", aclaró.

Sin resultado

Por otro lado, este lunes se celebró una segunda reunión entre el comité de huelga de los funcionarios de Justicia y los representantes ministeriales de Justicia y Hacienda. Si bien por la mañana pareció avanzar el acuerdo, por la tarde se desdibujó, ya que el Estado no presentó ninguna propuesta económica. "Nos dijeron que no se puede llegar a una oferta en este ejercicio", explicó el representante de STAJ en Canarias, Luis Suárez. "Es triste que la ministra Llop se reivindique en la Feria de Abril de Sevilla en un acto de su partido en lugar de negociar con nosotros", criticó.

Tras una semana de movilizaciones, se han suspendido en Canarias unas 45.000 acciones judiciales, entre juicios, comparecencias o declaraciones. Cifra que alcanza los cuatro millones a nivel estatal, según los convocantes. En el Archipiélago, el seguimiento ha estado en el entorno del 60 o 65%, llegando al 74,5% el día de la huelga general, el miércoles, 19 de abril.

Suscríbete para seguir leyendo