La Fiscalía europea asume la parte del ‘caso mediador’ relativa al exgeneral de la Guardia Civil

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) informó ayer de que la Fiscalía Europea ha asumido la parte de la investigación del caso Mediador que afecta al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el único imputado que se encuentra en prisión provisional. Lo hace después de que el Ministerio Público europeo reclamase mediante decreto de avocación la investigación de esta parte del caso, ya que los contratos que se encuentran en el punto de mira están financiados con fondos comunitarios.

Este organismo supranacional debe investigar ahora si por parte de la trama hubo desvío de fondos procedentes de la Comisión Europea dentro del proyecto de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp). Contratos que tuvieron el objetivo de reforzar la capacidad de los Grupos de Acción Rápida de Vigilancia e Intervención (GAR-SI, por sus siglas en francés), que el general Espinosa dirigió entre 2017 y enero de 2021, momento en el que se jubiló. Estos grupos funcionan dentro de las gendarmerías de seis países africanos, como Malí, Níger o Mauritania, situados en el cuerno de África y susceptibles de ataques yihadistas. 

Las pesquisas del resto de la trama que se dedicaba a extorsionar a ganaderos y queserías y a empresas que se intentaban establecer en Canarias -presuntamente liderada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, conocido como Tito Berni- seguirán en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife. 

El equipo del general redactó los pliegos de tres convenios por valor de 260.000 euros

La jueza instructora, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, ha enviado a la Fiscalía Europea la parte de la causa vinculada al general Espinosa después aceptar y asumir la competencia del órgano supranacional en este segmento del caso. En un auto notificado ayer acuerda «poner a disposición» de la Fiscalía europea las actuaciones y al propio general, por lo que será ahora la institución comunitaria la que decida si continúa o no en prisión provisional. 

Hasta ahora, la investigación ha tenido en el punto de mira cuatro contratos que fueron financiados con fondos llegados de Bruselas entre los años 2020 y 2021. Se sospecha que estos contratos, valorados en 260.000 euros, pudieron estar amañados y que el general Espinosa pudo ejercer su influencia para otorgárselos al empresario José Santiago Suárez y cobrar comisiones por esta mediación. De hecho, entre las actuaciones enviadas a la Fiscalía Europea se encuentran también las que se refieren a la participación de este empresario, conocido como El Drones, en la trama. 

Tres de las adjudicaciones de estos contratos, a la empresa Asesoramiento y Servicio de Drones, se dieron en el propio marco del el GAR-SI Sahel por valor de 89.000 euros (el primero, por 31.000 euros el 4 de agosto de 2020, el segundo por 44.000 euros el 15 de septiembre de 2020 y el tercero por 14.000 euros el 26 de octubre de ese año). Todos para suministrar drones a Mauritania, Níger y Malí. Las prescripciones técnicas de los pliegos, es decir, las condiciones que debe cumplir el adjudicatario para hacerse con el contrato, fueron elaboradas por el equipo del general Espinosa, según ha aclarado la Fiiapp. El cuarto contrato en el punto de mira estaba vinculado a otro proyecto con la Guardia Civil y gestionado por un equipo distinto al de GAR-SI. La adjudicación ascendió a 174.300 euros y el contrato se firmó en junio de 2021 para el suministro de inhibidores de frecuencia y contradrones. Sin embargo, en su declaración, el general Espinosa negó ante la juez instructora que hubiera favorecido al empresario Suárez Estévez para que fuera su empresa la que lograra estas adjudicaciones. 

Esta no es la primera vez que Bruselas tiene dudas acerca del uso de los fondos de la Unión Europea (UE) en las misiones en el Sahel. En el año 2018 la Comisión ya alertó a España de que el sistema de contratación debía respetar los principios de concurrencia, transparencia e igualdad de trato de los licitadores y el buen uso de los fondos. Asimismo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude lleva varios meses investigando a la Fiiapp , una entidad pública dedicada a financiar proyectos de cooperación internacional dentro de la Agenda 2030, que cuentan con dinero europeo.  

El Juzgado Número 4 de Santa Cruz de Tenerife seguirá instruyendo el resto de la causa

Más allá de la investigación que prosiga ahora la Fiscalía Europea sobre esta parte del caso, el juzgado Número 4 de Santa Cruz de Tenerife seguirá investigando el resto del caso Mediador, en el que están investigados Fuentes Curbelo, su sobrino Taiseht Fuentes, el general Espinosa y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte, el mediador. De acuerdo con el sumario, se habrían dedicado a cobrar dinero -aunque también pagos de viajes y fiestas- a cambio de ofrecer favores políticos, con «una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción». Las pesquisas apuntan que el grupo perseguía «un evidente fin lucrativo mediante la obtención de un enriquecimiento económico así como diferentes beneficios personales a raíz de acciones ilícitas».