Huelga de funcionarios de Justicia

Causas con presos y víctimas de 'viogen' no se ven afectadas por el paro en Justicia

El Gobierno de Canarias fija los servicios esenciales y el personal para atenderlos

Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. / ED

Las causas con presos, con menores o los relacionados con violencia machista, entre otros, no se verán afectados por los paros parciales y la huelga general convocada por los funcionarios de los juzgados para la próxima semana, convocadas tanto en Canarias como en el resto del país. Así se establece en la resolución de servicios esenciales firmada ayer por la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno autónomo, Mónica Ceballos. Los paros parciales tendrán lugar de 10:00 a 13:00 horas el lunes, martes, jueves y viernes. Y la huelga general se celebrará durante toda la jornada del miércoles, 19 de abril.

En dicho documento también se consideran servicios esenciales las guardias de los juzgados y fiscalías, la realización de autopsias, reconocimiento de lesionados, los registros de nacimientos, bodas o defunciones, recepción de escritos sujetos a plazos, reparto de asuntos urgentes, medidas cautelares y embargos de buques o aeronaves, las vistas urgentes del orden social o contencioso-administrativo, medidas cautelares en materia de infancia y familia, internamientos civiles y acciones de las juntas electorales.

José Gregorio Pérez, de UGT, y Mario Sicilia, de CSIF, coinciden en que los servicios esenciales fijados por el Ejecutivo Autónomo son más amplios que los establecidos en su día durante la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ).

Pérez considera que las medidas de la administración regional reflejan que «los cuerpos generales, de gestión, tramitación y auxilio judicial son tanto o más importantes en el funcionamiento de los órganos judiciales» que otros funcionarios del sistema.

Ayer se celebró una asamblea de trabajadores en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, a la que asistieron unas 230 personas. Por la participación e interés apreciado en estos encuentros con el personal, el representante de UGT prevé que los paros parciales y la huelga general tendrán un seguimiento mayoritario. El portavoz sindical afirma que las reivindicaciones «salen a la palestra ante la contrariedad suscitada entre quienes realizan las funciones en un juzgado y el que las cobra sin realizarlas». José Gregorio Pérez explica que en el Archipiélago están llamados a la protesta unos 2.500 funcionarios de Justicia, sin contar a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ).

Mario Sicilia insiste en que, «al haberse ampliado los servicios esenciales, somos la mayoría del personal indispensable, con más funciones y los más imprescindibles en la oficina judicial». En cuanto a los servicios mínimos, el representante del CSIF comenta que se asemejan mucho a los pactados en la movilización anterior, en 2018, con las asambleas.

En los juzgados y fiscalías de Guardia trabajará toda la dotación de personal habitual. Para el resto de órganos judiciales se ha establecido que la asignación de trabajadores esté compuesta por un gestor o tramitador procesal y administrativo y un auxilio judicial. En los institutos de Medicina Legal deberán permanecer los médicos forenses de cada guardia. Y en los juzgados de Paz se exigirá la presencia mínima de un gestor o tramitador procesal y administrativo, según la resolución del Gobierno canario. Los sindicatos reclaman un incremento de las retribuciones de 430 euros para médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses; 400 para gestores y técnicos especialistas de laboratorios; 375 para tramitadores y ayudantes de laboratorio, y 350 euros para los auxilios judiciales.

Asimismo, los afiliados de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y del Foro Judicial Independiente (FJI) han apoyado mayoritariamente una posible huelga en caso de que el Ministerio no satisfaga sus demandas laborales. Un paro que se haría pactando con el resto de organizaciones de la magistratura. La APM, eso sí, aseguró que acudirán a la cita del 3 de mayo con el departamento de Pilar Llop con «una actitud constructiva y responsable» para dialogar.

Suscríbete para seguir leyendo