Agricultura paga 1,6 millones a una de sus empresas por trabajos iniciados antes de firmarse la encomienda

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias concretó en 2021 seis encomiendas de gestión con la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR) cuando los trabajos ya se habían iniciado. El coste de las operaciones en las que diferentes estamentos del departamento que dirige Alicia Vanoostende se condujeron de ese modo ascendió a 1.629.542,46 euros.

El caso más llamativo es el protagonizado por la Viceconsejería del Sector Primario. Encargó a GMR la «Gestión del Banco Canario de Germoplasma Animal 2020-2021» por 179.468,80 euros. ¿Cuándo lo hizo? Según la documentación hecha pública, el 23 de noviembre de 2021. Sin embargo, los trabajos se habían iniciado casi dos años antes, el 31 de diciembre de 2019. Es decir, el convenio se firmó cuando faltaba poco más de un mes para poner el punto y final al proyecto.

La mercantil pública ingresó 7,4 millones por esta vía en 2021

No fue un hecho aislado en la viceconsejería, que ya antes, el 11 de marzo de 2021, había firmado con la mercantil pública dependiente de la propia consejería otro encargo –267.271,10 euros– para la «Asistencia técnica al Plan de Soberanía Alimentaria y proyectos pilotos anexos». Las labores habían arrancado más de tres meses antes, el 3 de diciembre de 2020.  

En total, en la órbita de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo autónomo se contrató con GMR por valor de 7.479.551,75 euros en 2021. No en todas las ocasiones esta empresa pública terminó realizando por sí misma el trabajo, sino que subcontrató a empresas privadas.

Las Administraciones recurren al entramado de mercantiles públicas que han ido tejiendo con el paso de los años para agilizar la consecución de sus objetivos. Esa práctica genera críticas entre los funcionarios, que en ocasiones aseguran ser suficientes para acometer trabajos que se externalizan, y en el sector privado, que asegura ser víctima de «competencia desleal».

Regate a la norma

Los dirigentes no ocultan lo engorroso que supone un proceso de licitación, que ha de respetar unos plazos. Frente a esto, entregar el dinero público a una compañía creada por la propia Administración es al mismo tiempo un regate –legal– a la norma y una manera de pisar el acelerador.

Claro que no en todos los casos las empresas públicas tienen la capacidad suficiente para completar el trabajo encomendado. La propia GMR recibió 458.757,20 euros para actualizar el «Plan de regadíos de Canarias: diagnóstico de la eficiencia de las infraestructuras de regadío». De esa suma, entregó 73.287 euros, mediante un procedimiento negociado sin publicidad, a una empresa para que abordara parte del trabajo.

Volviendo a las encomiendas de gestión que obviaron los tiempos normales, la más cuantiosa partió de la consejería misma, que encargó a GMR la «Asistencia técnica para el año 2021 del Programa de Desarrollo Rural de Canarias - Feader (2014-2020) y el Plan Estratégico de la PAC 2021-2027». El montante total de la operación fue de 819.147,24 euros, los trabajos, con una duración prevista de un año, arrancaron el primer día de 2021 y el acuerdo no se firmó hasta más de seis meses después, el día 23 de junio.

También la Dirección General de Agricultura se sumó a esta práctica. El «Control de calidad de los mapas de cultivo de Canarias y apoyo a la gestión de la medida 4.2» (Posei) dejó a GMR 199.977,92 euros y el trabajo se desarrolló durante dos años. El tiempo comenzó a correr el 1 de enero de 2021, pero no fue sino hasta el 21 de octubre de ese año cuando se formalizó la encomienda.

La ley obliga a publicar en el BOC la formalización de los encargos que hacen las Administraciones

La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (40/2015) es clara: «El instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante». Solo cabe entender que GMR iniciaba los trabajos antes de que se formalizara la relación o que se perdía un tiempo precioso a la espera de que alguien estampara una rúbrica.

Si la «Gestión del Banco Canario de Germoplasma Animal 2020-2021» se formalizó cuando expiraba el plazo estimado para los trabajos, solo cabe la primera de esas dos opciones.

Los otros dos negociados de los que partieron encargos fueron el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y la Secretaría General Técnica de la consejería. Del primero, GMR ingresó 136.000 euros por la «Realización de actuaciones de recopilación de datos en campo a operadores de figura de calidad diferenciada para el ejercicio 2021». En este caso, solo un día separó el inicio del trabajo y la firma de la encomienda. Por su parte, la secretaría pagó 27.677 euros y pasaron casi nueve meses entre que empezó la labor y su formalización.

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