La huelga de letrados judiciales pone en riesgo las elecciones de mayo

La huelga de letrados de la administración de justicia (LAJ) a nivel nacional, y que en Canarias ha provocado ya la suspensión de 11.137 juicios y otros actos jurídicos, pone en jaque la celebración de los comicios del 28 de mayo. La función de estos operarios jurídicos es fundamental puesto que se encargan de convocar las juntas electorales -tanto provinciales como locales- y de dar fe pública de la documentación que estas generen antes, durante y después de la jornada electoral. Tareas que, de proseguir el paro indefinido -que arrancó el 24 de enero-, es posible que no se lleven a cabo.

Los antiguos secretarios judiciales son una pieza más del engranaje electoral. Se encargan de convocar a los cinco vocales que constituirán las juntas en un primer momento -tres jueces de primera instancia o instrucción a propuesta del Tribunal Superior de Justicia de cada zona y otras dos personas que se considera tienen prestigio y conocimiento para desempeñar la función, normalmente catedráticos de Derecho-. Luego, su figura sirve para garantizar que las actas que se levanten en las reuniones y la documentación que se genere es correcta, así como de custodiar todos esos papeles mientras dure el proceso y hasta cien días después de la cita con las urnas.

Según la delegada en Canarias del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (Cnlaj) -la asociación mayoritaria en el sector a nivel estatal-, Isabel Morales, en el caso de la Junta Provincial de Las Palmas, en principio, no parece que vaya a haber problema, puesto que el letrado que tendría que convocar la junta -generalmente el de mayor antigüedad del partido judicial- no está ejerciendo su derecho a huelga. En la región de Santa Cruz de Tenerife, en cambio, la situación sería más complicada, ya que la mayoría de jueces decanos en las distintas juntas electorales zonales secundan el paro a día de hoy, incluido el de mayor antigüedad de la provincia.

En Canarias, además de la Junta Electoral de Canarias la cual aglutina el conjunto del Archipiélago y de las dos provinciales, existen otras nueve juntas zonales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: Granadilla de Abona, Icod de los Vinos, San Cristóbal de La Laguna, Los Llanos de Aridane, La Orotava, San Sebastián de La Gomera, Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife y Valverde-El Hierro. Por su parte, en la de Las Palmas, son cinco más: Arrecife-Lanzarote, Fuerteventura, Las Palmas de Gran Canaria, Santa María de Guía y Telde. En las últimas elecciones, se presentaron 581 candidaturas para los distintos municipios canarios, a lo que se suman las de Cabildos insulares y las 27 al Parlamento autonómico, tanto en la circunscripción regional como en las insulares.

Incluir en servicios mínimos

El doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez, señala a este periódico, por su parte, que, de persistir la huelga indefinida de los LAJ, el Ministerio de Justicia debería modificar su decreto de servicios mínimos para incluir también estas funciones en las elecciones.

"En estos momentos, el decreto de los servicios mínimos no lo incluye, otra cosa es que se pueda modificar. Es factible, porque afecta al derecho fundamental al voto y también al funcionamiento y constitución de instituciones básicas del Estado, y entiendo que no habría problema en poder incluirlo", explica Pérez. En cualquier caso, espera que las partes enfrentadas puedan llegar a un acuerdo en las semanas que restan todavía hasta la convocatoria de elecciones y que se desconvoque el paro.

Escenario desconocido

El especialista en Derecho Constitucional también reconoce que, de no llegarse a un acuerdo para poner fin a la huelga y de no incluir en servicios mínimos estas funciones, se plantearía un "escenario que nunca se ha dado" en toda la historia reciente de la democracia en España. "No hay una regulación que prevea este supuesto, con lo cual, más allá de decir que sería un desastre, no se puede opinar", indica.

Una situación que sería muy comprometedora para la democracia y el correcto funcionamiento de las instituciones básicas del Estado, como son ayuntamientos, cabildos, diputaciones y gobiernos autonómicos de la mayoría del país. Pero que también significaría, matiza Pérez, un severo golpe a la administración de Justicia, que arrastra ya una saturación preocupante desde hace años, agudizada por la crisis del Covid-19 que obligó a cerrar los juzgados para evitar la propagación del virus.

Las juntas electorales se conforman entre los días vigesimoquinto y vigesimonoveno después de la convocatoria de elecciones, que enuncia el presidente del Parlamento de cada una de las regiones una vez se disuelven las cortes autonómicas -casi dos meses antes-. La campaña electoral, que dura 15 días, comienza 38 jornadas después de ese llamamiento a la fiesta de la democracia. Es decir, a más tardar a finales de abril o principios de mayo, la situación tendría que resolverse para que esos plazos no se vean alterados y se ponga en riesgo la cita con las urnas. 

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