El Estado descarta impulsar traslados de menores pese al repunte migratorio

El Gobierno central se lava las manos en relación con la posibilidad de activar nuevos traslados de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas pese al repunte migratorio de las últimas semanas y ante la previsión de que se incremente notablemente en los próximos meses el número de niños, niñas y adolescentes en los próximos meses a los que tienen que dar acogida las instituciones de las Islas. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones considera que en estos momentos ya hay un mecanismo suficientemente solidario con Canarias como territorio donde el sistema de acogida está más tensionado, y que es en el marco de la Comisión Sectorial para la Infancia y la Adolescencia (CSIA) donde se tendría que declarar una «crisis migratoria» y una «situación de emergencia» que justifique nuevas medidas.

Esta es la conclusión de fondo de un informe del departamento que dirige el ministro José Luis Escrivá remitido al senador Fabián Chinea, de Agrupación Socialista Gomera (ASG) en la que responde sobre el grado de cumplimiento de una moción aprobada en abril de 2022 en la Cámara alta en la que se instaba a la «firma de un acuerdo para establecer un mecanismo de acogida de corresponsabilidad entre todas las comunidades autónomas coordinado por el Gobierno, para atender la situación de urgencia que se plantea en Canarias, Ceuta y Melilla». El informe también hace mención a uno de los puntos del informe elaborado, también hace casi una año, por la ponencia que se creó en el Senado sobre el fenómeno migratorio y en la que también se reclamaba mayor solidaridad con los territorios frontera sur que reciben y acogen a un mayor número de menores no acompañados.

Chinea: «En cada nueva oleada la teórica respuesta solidaria es apenas imperceptible»

Canarias acogía a finales de enero a 2.181 personas de este colectivo, de ellos 1.748 en centros del Gobierno regional y 433 en dispositivos de los cabildos, pero había otros 489 migrantes pendientes de determinar su edad. Durante las últimas semanas han llegado varias decenas más de menores no acompañados entre los más de mil migrantes (1.036 entre el 1 y el 15 de febrero) que han alcanzado las costas del Archipiélago en lo que se considera ya un nuevo repunte migratorio, aunque todavía por debajo del que se produjo el año pasado en el mismo periodo (1.559 migrantes). Los datos oficiales del Ejecutivo señalan por otro lado que durante el año pasado sólo se trasladaron 16 niños o adolescentes a otras comunidades (9 a Aragón y 7 al País Vasco), frente a los 208 en 2021, con mucha diferencia entre ellas, desde los 43 a Cataluña, los 20 de Aragón, o los 18 de Valencia, hasta los 5 de Madrid, 6 de Castilla-La Mancha o un solo caso por parte de las comunidades de Galicia y Cantabria.

Respuesta «insatisfactoria»

El contenido del informe de Migraciones contrasta con la posición que el propio titular del departamento, José Luis Escrivá, defendió en su día a favor de un «nuevo modelo» de acogida para que esa responsabilidad no recaiga en las comunidades autónomas en tanto que titulares administrativas de esa prestación, y que debía ser el Estado quien asumiera de alguna manera la competencia. Pero el Ministerio se escuda ahora en los distintos mecanismos puestos en marcha para activar la solidaridad por parte de otras regiones, para eludir un mayor compromiso y autonomía de acción en esta materia.

Explica en este sentido que «una vez sea declarada la situación de crisis migratoria por la CSIA, se constituirá la Comisión para el ‘Plan de Respuesta para la Infancia y Adolescencia’ ante crisis migratorias por las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas que hayan decidido participar en dicho plan, además de la comunidad autónoma/ciudad en la que se ha declarado dicha contingencia», y que durante 2022 ya se aprobado el ‘Plan de respuesta ante crisis migratoria para menores migrantes 2022-2023’, con una dotación de 20 millones de euros, para atender las situaciones de contingencia migratoria de Canarias y de Ceuta y en el cual participan solidariamente todas las comunidades autónomas.

Concluye el Ministerio que «se puede afirmar que se ha aprobado por la CSIA un modelo de gestión de contingencias migratorias para la infancia y adolescencia no acompañada que se ajusta a lo solicitado en la moción, en cuanto que se trata de un mecanismo de acogida solidario entre comunidades autónomas».

El año pasado solo se derivaron a otras regiones 16 jóvenes frente a los 208 del año anterior

Esta respuesta del Ministerio fue ater calificada de «insatisfactoria porque no entra al fondo de la cuestión ni resuelve el problema» por el autor de la moción a la que se refiere el informe. Fabián Chinea considera que «el Gobierno no se moja y sigue sin poner sobre la mesa un sistema que obligue a las comunidades autónomas a entrar en el reparto, dejándolo en manos de lo que cada territorio entienda por solidaridad con Canarias», y cree que «el informe únicamente apela a los acuerdos en las conferencias sectoriales, que no son en absoluto la solución». El senador gomero cree la reactivación en las últimas semanas de la ruta canaria de llegadas de migrantes en embarcaciones desde las costas africanas «deja desfasada» la respuesta del Ministerio, y entiende que, en tanto no se produzca una reforma legislativa en relación con las competencias de acogida y tutela de este colectivo, la solución pasa por un «pacto de Estado» que establezca un sistema de «reparto obligatorio».

De los datos sobre los traslados de menores desde Canarias, o en su caso los territorios fronterizos con mayor presión migratoria, a otras regiones se deduce claramente que la situación real no responde a las expectativas cuando el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Atención a la Dependencia, aprobó en julio de 2021, el documento de trabajo Estrategia Estable de atención a la Infancia migrante no acompañada. En él se apuntaba la necesidad de un «modelo de contingencia para abordar las situaciones de emergencia en crisis migratorias, basado en la corresponsabilidad, cooperación y solidaridad interterritorial, que permita la derivación e integración de los niños, niñas y adolescentes entre distintas comunidades autónomas de forma ágil, que sea estable en el tiempo y que evite que las regiones frontera tengan que hacer un esfuerzo desproporcionado para cumplir con sus obligaciones para con los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados». Pero en cada repunte migratorio en Canarias, esa teórica respuesta solidaria de otras regiones «es apenas imperceptible», señala el senador Chinea.

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