Canarias necesita 130 nuevas guaguas para afrontar la gratuidad en el transporte público a partir del 1 de enero de 2023 ante el previsible aumento de la demanda y la imposibilidad de acometer la medida con la flota actual. Así lo anuncia el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, tras mantener una reunión de trabajos con los responsables del área de Moviiidad en los siete cabildos insulares. El primer compromiso adquirido es solicitar una reunión urgente con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para pedir una línea de financiación extraordinaria más allá de los 81 millones previstos en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Solo esos 130 vehículos tienen un coste de entre 32,5 y 39 millones de euros, ya que el precio de cada uno oscila entre 250.000 y 300.000, según confirma Franquis. A eso hay que añadir la contratación de nuevo personal, básicamente conductores, y el proceso de digitalización que conlleva la elaboración de un nuevo sistema tarifario de bonos que se pretende sean homogéneos para todo el Archipiélago. Los cálculos no oficiales apuntan a una inversión cercana a los 200 millones de euros, bastante más, unos 120, de los 81 inicialmente previstos por el estado.
La medida de la gratuidad fue anunciada hace unos días tras el acuerdo alcanzado por Coalición Canaria con el Gobierno de España para apoyar a cambio los Presupuestos Generales del Estado. Ahora tiene que llegar una Orden en este sentido desde el Ejecutivo de Madrid. Canarias se adelanta a su publicación con esta petición de cita. Franquis afirma que "vamos a liderar esta iniciativa porque los Cabildos, sin apenas ingresos en estos últimos meses del año, no pueden afrontar el coste en apenas mes y medio sin caer en un enorme desequilibrio económico". Valora el consejero el "buen servicio general que se ofrece en las Islas" en un transporte regular que "está entre los más baratos del país". También subraya el esfuerzo de los Cabildos los últimos años por desarrollar un sistema de bonificaciones. La gratuidad obliga a nuevas modificaciones.
El consejero plantea como idea motriz "mantener la calidad del servicio al usuario porque sino el efecto de la gratuidad, una buena iniciativa, seria el contrario". Además, propone el objetivo de "beneficiar de alguna manera al viajero habitual hacia quien va dirigida la gratuidad" además de "fidelizar al que se incorpore tras dejar el vehículo privado". Para ello se utilizará un modelo aún por definir pero similar a la fianza que Renfe impuso para los trenes de cercanías en la Península tras la picaresca de los primeros días que llevó a reservar los bonos gratuitos para luego no utilizarlos.
Franquis adelanta que "es muy complicado que de aquí a final de año puedan llegar nuevas guaguas si se solicitan ahora". Sin embargo, ve "factible" cumplir con la fecha del 1 de enero con "el modelo del alquiler" o con "los nuevos vehículos solicitados el año pasado para la renovación de la flota" que ya han emprendido las grandes capitales canarias, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Con el número de guaguas actual es algo "inasumible, sobre todo en algunas horas concretas", además de que se hace imprescindible la planificación presupuestaria. Cabe recordar en este sentido que con la reducción del precio al 50% del pasado 1 de septiembre la demanda ha aumentado de media entre un 15% y 20'%. La apuesta es por mantener la gratuidad del transporte público en Canarias más allá del umbral del año 2023.
Un 25% más en Gran Canaria
El vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez, valora "la presencia de los Cabildos junto al Gobierno de Canarias" antes de dirigirse a Madrid para solicitar más financiación. Recuerda que "en siete años hemos aumentado en un 25% el uso del transporte público en la Isla". En el balance reciente apunta que "hasta el 2 de octubre superamos los 57 millones de viajeros y la previsión es superar los 65 millones el año próximo". Considera "clave" el apoyo económico "para la adquisición de nuevos vehículos, contratar el personal necesario y adaptar la tecnología al control de los usuarios con la idea de premiar e incentivar la fidelización". Entiende que "tenemos poco tiempo, algo más de un mes, pero haremos el esfuerzo para continuar con la apuesta por el transporte público".
Lanzarote fue pionera
Marcos Bergaz, vicepresidente del Cabildo de Lanzarote y consejero de Transportes, declara de en entrada que "este tipo de encuentros son la manera de hacer Canarias y región". Además, explica que "nuestra Isla fue pionera el pasado septiembre al extender a la gratuidad completa el 50% de reducción del precio de los bonos". Destaca que "con un claro sentido social" de beneficiar "a los trabajadores y los estudiantes" que usan regularmente el transporte público. Con la limitación para el control de un mínimos de viajes equivalentes a 20 euros por un mes u 80 en el caso del cuatrimestre hasta diciembre. Los resultados, asegura, "han sido muy buenos con un aumento del 5% de viajeros en septiembre y del 10% en octubre". Apostilla: "Tenemos que ir juntos para que el Gobierno de España entienda la necesidad de cubrir los gastos de vehículos y personal".
Récord de viajeros en Tenerife
José Alberto León es director insular de Movilidad del Cabildo de Tenerife. Resalta el récord de viajeros alcanzado este año con 62 millones y las previsiones de 66 para 2023 solo con el descuento del 50% en los bonos Ahora, con el 100% se prevé un aumento exponencial de la demanda en un 20% que equivale a "un importante coste adicional" que los Cabildos "no podemos afrontar en solitario". De ahí su posición sobre la necesidad de negociar la Orden ministerial antes de que se publique y entre en vigor. El Cabildo de Tenerife calcula que los 81 millones para la gratuidad en toda Canarias en los PGE le pueden corresponder solo a Tenerife si se tiene en cuenta que el descuento a la mitad de septiembre supuso una previsión de 55 millones más. León valora que el presupuesto para transporte se ha triplicado por tres desde 2019 hasta alcanzar los 126 millones de euros en 2022.
