Los cabildos temen que no podrán hacer frente al aumento de la demanda de transporte público que se generará a partir del 1 de enero del próximo año, cuando entre en vigor la gratuidad de los viajes en guagua y tranvía, pactada por Coalición Canaria (CC) y el Gobierno de Pedro Sánchez a cambio del apoyo de la formación nacionalista a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Las corporaciones insulares –encargadas de coordinar este servicio– aseguran que, con la estructura actual de vehículos y conductores, no tienen capacidad para poder absorber el presumible incremento de usuarios que se producirá y tampoco margen de maniobra para poder reforzar las frecuencias.
El acuerdo alcanzado por las dos diputadas de CC, Ana Oramas y María Fernández, con el PSOE en Madrid ata el apoyo de los dos escaños nacionalistas a las cuentas estatales. El pacto incluye «21 enmiendas de oro», como las calificó Oramas, que suponen «un alivio» para las familias y empresas del Archipiélago ante la actual situación de inflación. Entre ellas, se encuentra una rebaja fiscal para los palmeros, con una deducción del 60% del IRPF durante dos años y la compensación del coste efectivo del transporte de mercancías hasta Canarias.
Sin embargo, la que se ha convertido en la medida estrella de este acuerdo es la subvención del 100% del coste del transporte en guagua y tranvía. Un punto a través del que se logra equiparar la situación de los canarios con la de los ciudadanos de la Península, que disfrutaban desde septiembre de la gratuidad de los trenes de cercanías, mientras que el Ejecutivo central se había negado a aplicar el mismo descuento a las guaguas en las Islas.
Pero esta iniciativa ha puesto sobre aviso a los cabildos que consideran que no serán capaces de dar respuesta a toda la demanda de transporte público que podría generarse a raíz de que la gratuidad entre en vigor. «Ahora mismo ya estamos al límite de nuestra capacidad y acabaremos desbordados con toda seguridad si no se incorporan nuevas guaguas», señaló Miguel Ángel Pérez del Pino, consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria. Una incorporación que se plantea complicada con un plazo tan limitado como el mes y medio que falta antes de su entrada en vigor, no solo por los extensos trámites burocráticos que se deben afrontar sino por los retrasos en las entregas que están sufriendo los nuevos vehículos.
En Tenerife, estiman que la medida puede llegar a provocar un incremento de la demanda del 20%, un porcentaje similar al que ha ocurrido en los dos últimos meses, cuando comenzó a aplicarse el descuento del 50% en los bonos de guagua. «Sin ninguna duda supondrá un aumento de pasajeros», sostuvo José Alberto de León, director insular de Movilidad del Cabildo tinerfeño, quien señaló que ni siquiera con la incorporación de 92 nuevos conductores y 20 guaguas que entrarán en servicio el próximo año a través del sistema de renting podrán hacer frente al alza de la demanda. «Nos vamos a ver muy justos», recalcó.
Aunque coinciden en que la gratuidad de las guaguas es una buena medida que sigue el camino que ya habían iniciado ambas corporaciones para fomentar el transporte público en las Islas, cuestionan que la partida incluida sea suficiente para hacer frente a los cambios. Y aunque en la enmienda introducida por Coalición Canaria se estima un importe de 81 millones de euros para hacer frente a la reducción del precio de los bonos, Pérez del Pino insiste en que es necesario una «ficha financiera adicional» para que los cabildos puedan hacer frente a la reordenación necesaria del sistema de transporte.
El secretario general de CC, Fernando Clavijo, compareció ayer junto a las dos diputadas nacionalistas en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del acuerdo alcanzado con el Gobierno de Sánchez. Un pacto través del que el líder de los nacionalistas aseguró que se ha conseguido que los presupuestos «cumplan con Canarias y sirvan para aliviar la vida de las familias, ayuden a las empresas y cumplan con nuestro fuero».
Entre las enmiendas que se incluirán en los PGE a petición de la formación destaca una que manifiesta el compromiso con la Isla Bonita tras la erupción. Un acuerdo a través del que CC ha logrado que Sánchez cumpla con la propuesta aprobada el pasado mes de julio en el Congreso de los Diputados para aplicar una deducción del 60% en el IRPF a los palmeros. No será durante diez años como se acordó entonces sino en los ejercicios de 2022 y 2023, pero permitirá que «a partir del uno de enero las retenciones sean menores y que en la liquidación del impuesto de la renta vean esa compensación también realizada», detalló Oramas.
Una bonificación del IRPF de la que podrán beneficiarse «el 100% de la población residente de la Isla» y que si se tiene en cuenta el sueldo medio de los canarios –que asciende a 19.800 euros anuales según Adecco– supondrá unos 148 euros más al mes de media para los palmeros.
La bonificación del IRPF para los ciudadanos de La Palma no es el único compromiso con la Isla Bonita que los nacionalistas han arrancado al Ejecutivo central a cambio de su apoyo a los presupuestos para 2023. Las cuentas incluyen también 100 millones de euros consignados para la puesta en marcha del Plan de reconstrucción para la isla. «Un plan que el Gobierno de Canarias no ha elaborado pero La Palma no necesita créditos, necesita garantías y certezas, eso es lo que hemos conseguido con esta primera anualidad de 100 millones que se destinarán íntegramente a la reconstrucción de lo que el volcán se llevó», señaló Oramas.
Entre las enmiendas pactadas también se encuentra la compensación del coste del transporte de mercancías, incluido el plátano, cuya cuantía se ha ampliado hasta los 20 millones de euros, e incluye fondos para todas las partidas que estipula el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) como el Plan Especial de Empleo, becas de estudio y desplazamiento para los estudiantes canarios de Formación Profesional, subvención al transporte de residuos entre islas, la extensión de la banda ancha o los programas de investigación y cooperación de las universidades canarias. Así gracias a este acuerdo con los nacionalistas habrá también 250.000 euros para el Instituto de Agrobiología, y la misma cantidad para el Instituto de Medicina Tropical.
