La dimisión de Conrado Domínguez como responsable del Servicio Canario de la Salud (SCS), o bien la invitación para que lo hiciera, abre la espita. La oposición en el Parlamento de Canarias quiere avanzar en las responsabilidades políticas y este jueves mismo CC y PP registrarán una solicitud para la creación de una comisión de investigación sobre el caso mascarillas. ¿Llegará la iniciativa a alguna parte? No. Por lógica cuando la propuesta se lleve a pleno la mayoría del pacto de gobierno -PSOE, Podemos, NC y ASG- actuará como un rodillo y la bloqueará votando en contra.
La iniciativa la avanzaron este miércoles nacionalistas y populares a Ángel Víctor Torres durante el turno de preguntas al presidente y el solo enunciado levantó la cólera del socialista. No está dispuesto el mandatario a que se haga «uso político» del asunto, dijo, y más cuando la presunta estafa está ya siendo investigada por la Justicia.
Lo cierto es que el caso mascarillas se enreda. Ya no es solo Justicia de aquí la que ha puesto sus ojos en el caso, sino que también lo ha hecho la de Bruselas. Que la adquisición del millón de mascarillas FFP3 por cuatro millones de euros que nunca llegaron a los hospitales de las Islas se hiciera con dinero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) -que nada tiene que ver con la finalidad para la que se uso ese dinero- ha llevado a la Fiscalía de Europa, desde su sede de Madrid, a activar su derecho de advocación, asumir la competencia y abrir una investigación. La consecuencia es que el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria y la Fiscalía Anticorrupción deben acatar la autoridad superior y remitirle los archivos de todas las actuaciones desarrolladas hasta ahora sobre la presunta malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Es decir, la UE ha apretado el botón de reset. Todo será analizado desde cero.
De hecho, el juez instructor Francisco Javier García García-Sotoca -decretó a principios de mes el secreto de sumario por un periodo de un mes, con el objetivo de cortar el flujo de filtraciones que han producido desde que comenzaron las investigaciones- ya ha suspendido las declaraciones que tenía previsto para el viernes. El magistrado, a tenor de la última declaración del principal investigado, el administrador único de la compañía RR7 United SL, Rayco Rubén González, el pasado 27 de octubre, había ampliado el ángulo de mira y puesto en marcha la maquinaria para recabar nuevos testimonios y ampliar la causa a más personas. La intervención de la Fiscalía Europea, de hecho, deja en el aire el testimonio que el presidente Torres debía prestar como responsable del Ejecutivo y miembro de la Comité de Gestión de la Crisis Sanitaria que gestionó lo peor de la pandemia del covid.
Propósito: enriquecerse
Ocurriría lo mismo con un nuevo imputado -se conocían las de Domínguez, González y de la exdirectora de Recursos Económicos del SCS-. TiempodeCanarias reveló este jueves que García García-Sotoca había tomado declaración en los últimos días como investigado a Osvaldo Lastras, candidato en 2019 al Ayuntamiento de Mogán por Nueva Canarias. Lastras, según ese medio, habría contactado en marzo de 2020 con el intermediario Samuel Machín y este, a su vez, con el propietario de RR7 con el único propósito de enriquecerse con la compraventa.
Torres tenía previsto responder por escrito en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por su cargo como presidente autonómico. Desde Presidencia se había adelantado, no obstante, que aunque podría dar detalles sobre las funciones, los miembros y el contenido de las reuniones, no así sobre la tramitación de las facturas, ya que esa tarea no se contemplaba entre las competencias del gabinete de crisis, que se centraba en determinar el nivel de las restricciones de movimiento a la ciudadanía para responder a la emergencia.
En aquel momento, además, los responsables de la gestión sanitaria en las Islas eran todos interinos. El presidente había destituido a la socialista Teresa Cruz, a la que los albores de la pandemia se llevó por delante, y en ese puesto estaba el responsable Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, en el SCS. Torres echó mano del dimitido Domínguez como coordinador técnico del citado comité, al tiempo que también ocupaba la Secretaría General Técnica de Obras Públicas. En septiembre de ese año lo aupó a la dirección.
Reactivación de contrato
Según los hechos que se investigan, el SCS, en pleno estado de alarma en 2020, había tramitado y llevado a cabo la compra de una partida de mascarillas a través de RR7, una empresa sin experiencia anterior en la importación de material sanitario. Es más, su objeto social eran los coches. Las mascarillas contratadas llegaron al aeropuerto de Gran Canaria, pero Aduanas las intervino y las destruyó, porque eran falsificaciones de productos de la firma 3M. Ante ello, el SCS decidió rescindir el encargo a RR7.
Y un año más tarde, en 2021, Conrado Domínguez autorizó que ese contrato se reactivara, a pesar de que legalmente estaba ya rescindido, y se diera a RR7 la oportunidad de importar otra partida de 1,2 millones de mascarillas de otra marca a cuenta del dinero que ya había cobrado, mascarillas que el SCS tampoco recibió.
El exdirector del SCS siempre ha defendido que actuó entonces «bajo la legislación vigente en todo momento». Durante el estado de alarma -que se aplicó en todos el país entre el 14 de marzo y 21 de junio de 2020- el marco jurídico estatal se flexibilizó para poder tramitar contratos de emergencia. El artículo 120 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y el 16 del Real Decreto-Ley 7/2020, se flexibilizaron para que las administraciones públicas pudieran cerrar acuerdos comerciales de manera verbal y documentar la adjudicación a posteriori de cara a contratar los servicios y material necesarios para hacer frente al virus.
De hecho, el presidente de Canarias, sostuvo este miércoles ante la oposición que la salida de Domínguez del SCS, el pasado día 3, no respondía a que no hubiera hecho una buena gestión de la pandemia ni a que estuviera imputado en el caso mascarillas, sino a sus declaraciones ante el juez y las consecuencias de las mismas. Fue una reunión entre ambos, de hecho, la que determinó la salida del exdirector del SCS.
Toma y daca
Visiblemente molesto, Torres acusó en su respuesta en el pleno al presidente el Grupo Nacionalista, Pablo Rodríguez, de ahondar en el asunto con la sola intención de desgastar al Gobierno. De otra forma, dijo, es incomprensible que desde mayo fuera la de ayer «la primera o la segunda vez» que ese partido se interesaba por el caso mascarillas. ¿Si el Gobierno ya ha asumido responsabilidades políticas -«puesto que el director del Servicio Canario de la Salud no sigue en su cargo»- a qué viene la solicitud de la comisión de investigación? «¿Se busca una cruxificción política?», se preguntó Torres para acto seguido asegurar que nunca, en toda su vida política, ha usado los tribunales para atacar al rival.
Los cierto es que las preguntas al presidente en la sesión parlamentaria -se retrasaron un día por el viaje de mandatario en feria internacional de turismo de Londres- se convirtieron en un toma y daca de alto voltaje. Subió el tono el mandatario y lo hicieron también los grupos de la oposición, insistentes con la necesidad de que en la Cámara se aclaren la decisiones que llevaron a la compra fraudulenta aún más «vistos los últimos y graves acontecimientos», señaló Pablo Rodríguez.
«Si hay una responsabilidad política debió haberlo cesado antes» y no esperar a que éste dimitiese, le espetó el nacionalista. Y de paso le aclaró que no solo él mismo ha realizado antes dos preguntas al respecto del caso mascarillas, y no es caso por tanto una preocupación de última hora, sino que su compañero José Alberto Díaz Estébanez también se ha planteado en sucesivas comparecencias y preguntas en comisión y en pleno sobre este asunto.
Justicia y políticas rastreras
El nacionalista, molesto con la displicencia de Torres, le recordó que su partido ha dejado trabajar a la Justicia «a diferencia de otros» que sí la han utilizado para hacer «todo tipo de políticas» de la forma «más rastrera posible». Desde su punto de vista lo menos que debe hacer el presidente es explicar a la ciudadanía por qué no se levantó acta de las reuniones de la comisión de crisis, cuándo se enteró este órgano de la compra del millón de mascarillas a una empresa sin experiencia en el sector sanitario y del fiasco que supuso la operación, y si hay más contratos con irregularidades.
El enfrentamiento también alcanzó al PP, el otro partido que reclama la comisión de investigación. A los populares, sostiene Torres, lo menos que le interesa es saber qué se hizo para tratar de recuperar el dinero. «Para hablar de gestión catastrófica debería mirar a otras comunidades donde salen gente a las calles», le espetó al presidente ese partido en las Islas, Manuel Domínguez, en referencia a Madrid.
«Usted apoyó a Conrado Domínguez y ahora dimite, o usted lo invitó a marcharse», se defendió el portavoz popular exigiendo al presidente que «asuma la responsabilidad de lo que está sucediendo, dé la cara, no juegue al avestruz y esconda la cabeza bajo al tierra cada vez que hay problemas para que no le afecten».
