Jerónimo Saavedra está enfadado por el trato que se les da a los expresidentes del Gobierno de Canarias . «¿Hay un Estatuto de Autonomía y por qué se olvida a los expresidentes?», se pregunta, y narra su vivencia: es el único expresidente que «no ha fallado ni un año» al acto de conmemoración del Día de Canarias y ha tenido que pagarse de su bolsillo trayectos en avión a Tenerife, taxis, hoteles... Lo mismo ha expresado en reiteradas ocasiones Lorenzo Olarte, otro expresidente descontento.
«Es un trato indigno el que se da a los expresidentes del Gobierno de Canarias», sentencia Saavedra, que ha sido además exministro, exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, exdiputado del Común y académico en Derecho. No tiene ni a un asistente para trasladar «sus artículos» porque él es de «manuscritos», lamenta. Nada. Y precisa que hay otros expresidentes que lo están pasando mal. Su queja no es nueva. Adán Martín (CC), fallecido en 2010, intentó regular la condición de los expresidentes, recuerda Saavedra, pero nunca ha llegado a buen puerto, porque puede dar la sensación de que quien lo hace pretenda garantizarse un sueldo vitalicio para el futuro. Por tanto, este asunto siempre se ha quedado en el aire.
El Gobierno de Canarias ha promovido un proyecto de ley para fijar las atribuciones y deberes de la Presidencia, algo que no se había hecho desde 1983. Esta norma fue la primera y única aprobada por el Parlamento provisional en esa época, y estaba determinada por una proyección de los resultados de las elecciones generales de octubre de 1982, en el que los diputados autonómicos fueron designados por acuerdo de la asamblea mixta de parlamentarios-mancomunidades provinciales interinsulares en diciembre de 1982. Pese a ello, la misma ha cumplido durante su prolongada vigencia «la misión que tenía confiada, contribuyendo a definir y a dar continuidad a los órganos de autogobierno de la comunidad autónoma», expone el proyecto de ley que ha llegado al Parlamento de la mano de Presidencia.
Uno de sus artífices es Antonio Olivera, viceconsejero de la Presidencia. Es en este texto donde se habla del estatuto de los expresidentes. Según Olivera, este proyecto de ley surge como consecuencia de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobada en 2018, y que ha introducido distintas previsiones que modifican la configuración tanto de la Presidencia como del Gobierno de Canarias, entre las que hay que destacar la atribución al presidente de la facultad de disolución anticipada del Parlamento de Canarias o la posibilidad de que el Gobierno dicte decretos leyes. Cuestiones del régimen de configuración, organización, atribuciones y funcionamiento de la Presidencia y del Gobierno de Canarias que deben articularse en una regulación legal, sostiene.
Y el segundo aspecto es «la conveniencia de corregir en este preciso momento las deficiencias, insuficiencias y carencias que se han puesto de manifiesto a lo largo del dilatado período de vigencia de la Ley de 1983 aún cuando la mayoría se han superado con una aplicación de la norma conciliadora con los propósitos de la acción de Gobierno», plasma el proyecto de ley.
En esta nueva norma se recoge el estatuto de los expresidentes y, según Olivera, no se abre la posibilidad a cobrar un sueldo vitalicio. «Es un debate absurdo», sostiene. Y precisa que el presidente Ángel Víctor Torres solo se ha mostrado proclive a dar una ayuda a los expresidentes que asesoren al Gobierno, pero no un sueldo vitalicio. De hecho, recalca que el Gobierno no se va a meter en este asunto a menos de un año de las elecciones, y que si alguien tiene que decir algo es el Parlamento canario.
Según Olivera, quizás se ha interpretado mal a Torres. Cuando ha dicho que a los expresidentes se les debería pagar no es por su propio futuro, asevera. Y remarca: «Ángel Víctor Torres es funcionario», por lo que no necesita, ni mucho menos, un sueldo vitalicio de expresidente cuando deje el cargo.
De este modo el Gobierno de Canarias quiere zanjar este asunto. El proyecto de ley que han mandado al Parlamento, alega Olivera, además es claro y no cambia el estatus de los expresidentes. Dice, como el anterior texto, que gozarán de los siguientes derechos: tratamiento vitalicio de presidente, un lugar protocolario en los actos oficiales de la comunidad autónoma; el apoyo de los servicios del Gobierno en sus desplazamientos en el territorio de Canarias, así como a la asistencia de las delegaciones en el exterior en sus desplazamientos fuera del territorio de la comunidad autónoma; la utilización de los medios personales y materiales que se determinen y, por último, que reglamentariamente se desarrollará el estatuto de los expresidentes o expresidentas, donde se establecerá, asimismo, el régimen de incompatibilidades. Es decir , su sueldo queda a expensas del Parlamento.
Y ¿qué dicen los grupos de la Cámara regional? Prácticamente coinciden en que no se puede dar un sueldo vitalicio a los expresidentes y, sobre todo, a los que están en activo como Román Rodríguez (NC), Paulino Rivero y Fernando Clavijo (CC) o el propio Torres (PSOE). Otra cuestión es que se aproveche de alguna manera la «experiencia» de expresidentes como Lorenzo Olarte y Manuel Hermoso (CC), Fernando Fernández (PP) o de Jerónimo Saavedra (PSOE) y se les dé una compensación por su asesoramiento.
Jerónimo Saavedra expone que en Valencia se les paga a los expresidentes por formar parte del Consejo Consultivo. Rechaza un sueldo vitalicio pero sí reclama un trato «digno» para todos los que contribuyan a asesorar el Gobierno.
El ‘no’ de los grupos
La mayoría de los grupos del Parlamento rechazan, por tanto, la posibilidad de un sueldo vitalicio para los expresidentes y menos en las circunstancias de inflación y paro actual. El presidente del PP, Manuel Domínguez, indica que se les debe dar «el reconocimiento y el respeto de los canarios, pero no su dinero». «En los momentos que vivimos no tiene explicación que los expresidentes tengan un sueldo», expresa.
Casimiro Curbelo, presidente de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) afirma que «se trata de que tengan una vida final digna». Cuestión distinta es un salario, opina Luis Campos, de Nueva Canarias, que ve factible establecer alguna compensación por asesorar al Gobierno pero, en ningún caso, una remuneración de por vida, al igual que CC. «Nada implica una renta vitalicia», argumentan desde Coalición Canaria, partido que, como el resto de grupos de la Cámara, está valorando el proyecto de ley de Presidencia del Gobierno y presentarán sus enmiendas al respecto.
Podemos Canarias es más taxativo. Rechaza el cobro de sueldos vitalicios por parte de los expresidentes autonómicos y anuncia que el grupo parlamentario elabora ya una enmienda a la Ley de Presidencia y Gobierno de Canarias, cuyo trámite finalizará en diciembre, para garantizar que la legislación autonómica excluya tal posibilidad.
Tras la reapertura del debate sobre las remuneraciones vitalicias a los expresidentes, la coordinadora general de la formación morada, Laura Fuentes, afirma que «los representantes políticos contamos con remuneraciones más que dignas durante el tiempo que nos toca ejercer responsabilidades políticas». «Cuando el desempeño de estas funciones finaliza, ninguna persona que haya ejercido esas responsabilidades debería recibir privilegios por haber ocupado un cargo público», remacha.
