La bonificación del 50% de las guaguas tiene todos los visos de prorrogarse en 2023 si los niveles inflacionistas se mantienen de aquí a final de año. El presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, abrió ayer la puerta a esta posibilidad que ya han demandado los cabildos de las islas capitalinas, que son las que soportan un mayor nivel de usuarios y de financiación pública para abaratar los precios de los bonos de transporte. El jefe del Ejecutivo autonómico apuesta por «plantear la posibilidad» de extender estas ayudas más allá del 31 de diciembre «si las circunstancias siguen siendo de inflación» en ese momento y mostró su seguridad de que el Gobierno central contempla esta opción llegado el caso.
Moncloa ha ampliado algunas de las medidas que ha puesto en marcha en los últimos tiempos para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania y la inflación desbocada que se inició en 2021. El descuento de 20 céntimos por litro de combustible, la limitación del precio del alquiler o el aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social a pescadores, agricultores y transportistas son algunas de las iniciativas que se ha ido prorrogando desde que se pusieron en marcha. La medida de bonificar el transporte público entra en vigor este jueves y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, pero todo apunta a que se prorrogará si las circunstancias económicas e inflacionistas siguen siendo adversas.
El presidente canario y la ministra de Transportes y Movilidad, Raquel Sánchez, firmaron ayer en Madrid el protocolo que regula el incremento de la subvención al transporte terrestre del 30 al 50% en las Islas a costa del Estado, que pone 24 millones de euros más para esta subida del 20%. Torres negó que haya un agravio comparativo con la bonificación del 100% que hará el Estado a los trenes de cercanías. El argumento oficial es que en Canarias se bonifica la mitad del 100% del transporte público existente, que se realiza en guaguas además del tranvía Santa Cruz-La Laguna, mientras que los trenes representan en el territorio peninsular sólo el 10% del total de desplazamientos ya que existen otros sistemas de transporte como la guagua, el metro o el tren de media y larga distancia.
Torres valoró el «esfuerzo» del Gobierno central por cumplir el artículo 8 de la ley del Régimen Económico y Fiscal (REF), que se añade a los 170 millones que derivan cada año las distintas administraciones al transporte público en las Islas, «lo que supone un gran esfuerzo público en el mantenimiento y funcionamiento de estos servicios. Lo que no es verdad es que haya un agravio comparativo con los canarios y los datos son contundentes por tratarse de un 50% de ahorro en todo nuestros sistemas de transporte público, que es integrado, y de la gratuidad en la Península del 10% que usa trenes de cercanía o de media distancia. La aportación económica del Estado, por tanto, es mayor y hay que reconocerlo».
El dirigente socialista se mostró firme a la hora de contestar también a los partidos que reclaman el 100% de bonificación de las guaguas en Canarias. Torres señaló que «podemos pedir la gratuidad de todo el transporte y que no haya impuestos pero entonces no tendríamos ni sanidad ni educación públicas», indicó.
Torres criticó a la diputada de CC Ana Oramas por su voto negativo al decreto que se convalidó en el Congreso la pasada semana. «Quien tiene que explicar su voto negativo junto a la ultraderecha, la derecha y partidos que siempre están en posiciones contrarias al Gobierno de España es Coalición Canaria», manifestó el presidente canario, que cuestionó que esta formación y su portavoz parlamentaria en Madrid están «fuera de la realidad».
La posibilidad de que el día que entra en vigor la medida, el próximo jueves 1 de septiembre, haya problemas de ajustes está sobre la mesa. Tanto las administraciones locales como las empresas del transporte tendrán que adaptar el sistema para que los usuarios utilicen sus bonos desde el jueves sin que haya problemas para la aplicar de los nuevos precios estipulados con la subvención.
La ministra de Transportes y Movilidad, Raquel Sánchez, no se refirió a la polémica suscitada por la reclamación de la mayoría de los partidos políticos canarios para que se amplíe la subvención en Canarias hasta el 100%. Sánchez señaló que esta es «una medida necesaria» y «un alivio directo para los ciudadanos, para que puedan soportar mejor el gasto que comporta la movilidad recurrente para acudir al lugar de trabajo, a los estudios, etcétera» y valoró que se haya tenido en cuenta las singularidades de Canarias y Baleares, con quien se firmó también un protocolo específico.
